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El IPBS habilita un millón de euros para un Programa de Garantía Alimentaria durante el estado de alarma

Se iniciará a lo largo de esta semana, durará un mes como mínimo y podrá prorrogarse en función de la situación y la disponibilidad presupuestaria

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Diputación de Córdoba

Se iniciará a lo largo de esta semana, durará un mes como mínimo y podrá prorrogarse en función de la situación y la disponibilidad presupuestaria

El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), dependiente de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, ha informado de la puesta en marcha de un Programa Extraordinario de Garantía Alimentaria, con el que “atender, de forma excepcional, las necesidades básicas de alimentación de la población más vulnerable frente al COVID-19”.

Así lo ha señalado Sánchez, quien además ha destacado que “el estado de alarma ha ocasionado que existan colectivos de personas como menores, familias, personas con limitaciones funcionales y/o pertenecientes a grupos de riesgo (mayores, enfermos crónicos, pacientes oncológicos, etc.) que, por sus características especiales y la restricción de movimientos por la medida de cuarentena impuesta a la población, no pueden realizar la compra y/o preparación de los alimentos”.

Esta restricción de movimientos, añade el presidente del IPBS, nos “obliga, por tanto, a adoptar medidas, de carácter temporal y excepcional, que permitan satisfacer esa cobertura de las necesidades básicas y esenciales de la población, en especial la relativa a garantizar la alimentación, y que no pueden ser satisfechas por los programas actualmente implantados por el Instituto Provincial de Bienestar Social, como el de Ayudas Económicas Familiares y el de Emergencia Social, que son la vía preferente para la cobertura de dichas necesidades”.

Según ha explicado Sánchez, el “programa, que cuenta con un millón de presupuesto, va destinado a familias y/o personas que tengan dificultades para el desarrollo de las habilidades de organización domésticas básicas, tales como familias desestructuradas, enfermos mentales, personas con adicciones, etc; los menores que no forman parte de los programas de la Junta de Andalucía y que puedan verse en una situación de riesgo o desprotección por pertenecer a esas familias desestructuradas; y mayores o con limitaciones funcionales, así como las personas sin apoyo familiar y con dificultades para la preparación de alimentos y que no estuvieran incluidas en los Planes Extraordinarios de Cuidado de Ayuda a Domicilio o en el programa de Ayuda a Domicilio de Emergencias COVID-19”.

Distribución

La distribución de los paquetes de alimentos se “realizará mediante empresas especializadas, que los llevarán a las instalaciones designadas al efecto por el ayuntamiento de cada una de las localidades en las que presta sus servicios el Instituto Provincial de Bienestar Social y, una vez allí, se procederá al reparto de los mismos. No obstante, también se podrá llevar al domicilio de los beneficiarios, en el supuesto de que éstos tengan limitaciones funcionales o sean personas pertenecientes a los colectivos de riesgo con mayor incidencia de la pandemia”, ha apostillado Francisco Ángel Sánchez.

Alumnado

Por otra parte -y también para garantizar la alimentación entre la población infantil- el presidente del IPBS ha adelantado que “se va a proceder a ampliar el número de beneficiarios del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil (PRAI /SYGA), que desarrolla la Junta de Andalucía y en el cual está colaborando activamente el Instituto Provincial de Bienestar Social, dado el incremento de las situaciones de vulnerabilidad como consecuencia del COVID-19 entre las familias de nuestra provincia”.

Finalmente, Sánchez, ha añadido que para ello, se “elaborará una relación por cada centro educativo con comedor escolar del municipio, que contendrá los nombres y apellidos del alumno o alumna junto con el del padre/madre o tutor legal. Este alumnado deberá estar matriculado en centros educativos que ya dispongan del servicio complementario de comedor escolar”.

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IU exige transparencia y soluciones definitivas ante la crisis del agua en el norte de Córdoba

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Sebastián Pérez
Fuente: IU

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, ha recibido con “satisfacción” la noticia de la restauración del suministro de agua potable en el norte de la provincia.

Más de 80.000 personas han estado privadas de este derecho básico durante un año debido a la “inoperancia y falta de gestión del gobierno andaluz del Partido Popular, responsable de la gestión de la contaminación del pantano La Colada”, según ha indicado en una nota de prensa.

“Desde IU nos alegramos de que estos 80.000 vecinos y vecinas puedan volver a disponer de agua potable en sus hogares”, señaló Pérez. No obstante, desde la dirección provincial de IU se sigue denunciando la “opacidad y falta de transparencia” tanto del gobierno andaluz como del provincial. A día de hoy, añaden desde la dirección provincial, aún no se ha informado al grupo provincial de los resultados de las analíticas “solicitadas el pasado 21 de marzo”.

Continua, “a la opacidad se suma el negacionismo del PP durante todo este tiempo con respecto a la contaminación de La Colada”. Desde IU se insiste en que la raíz del problema es la “sequía y la contaminación”, por lo que se solicitan campañas de concienciación para promover un uso racional del agua. Asimismo, se insta al gobierno provincial y al andaluz a trabajar para eliminar la contaminación en La Colada.

Desde la dirección provincial de IU se vuelve a insistir en la necesidad de actuar contra la contaminación, y eso pasa por la construcción de una depuradora en el Guadarramilla, detectar y frenar los vertidos contaminantes e instalar una potabilizadora de última generación, como único modo de garantizar agua potable y de calidad en el presente y en el futuro”.

“Estaremos muy pendientes para asegurarnos de que se trabaje para evitar que
una situación como esta, en la que 80.000 personas han estado un año sin acceso
a agua potable como consecuencia de una nefasta gestión, no vuelva a repetirse”,
afirmó Pérez.

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La Junta declara apta para el consumo el agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba

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Agua
Fuente: Junta de Andalucía

El delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, ha anunciado hoy en rueda de prensa que la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba ha declarado el agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba como apta para el consumo.

Molina ha manifestado que “se pone fin a un año de restricciones que han afectado a 80.000 vecinos de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches” tras la declaración, el pasado 17 de abril de 2023, de la declaración de no aptitud para el consumo del agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba al incumplir los parámetros establecidos en el Real Decreto 3/2023.

El delegado del Gobierno ha tenido unas palabras de agradecimiento hacia “todos los vecinos del norte de Córdoba por su paciencia y responsabilidad durante este largo año” y hacia la Diputación de Córdoba, “que ha mantenido a cabo un importante esfuerzo económico y humanopara bombear el agua de La Colada hasta la ETAP de Sierra Boyera, el traslado de camiones cisterna a 43 núcleos poblaciones para garantizar el agua potable y el trabajo para conseguir depurar el agua de La Colada”.

Tras las lluvias del mes de marzo, el pasado 1 de abril la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba establecieron un protocolo de actuación que, de acuerdo al Real Decreto 03/2023 y al Decreto 70/2009, pudiera devolver la declaración de apta el agua en el norte de Córdoba.

Ese protocolo ha sido el siguiente:

  1. Análisis al menos dos veces al día de Carbónico Orgánico Total y Trihalometanos a la salida de la ETAP, una vez que se hubiese eliminado el agua procedente del Embalse de La Colada de dicha ETAP.
  2. A fin de determinar las características del agua bruta del Embalse de Sierra Boyera, antes de la entrada de la ETAP, se procedió a un análisis completo de la misma, a excepción de los parámetros relacionados con la desinfección y los subproductos derivados.
  3. Análisis completo del agua tratada a la salida de ETAP, una vez se asegurara que la misma procedía de forma completa de dicha captación y de que se ajustaran los tratamientos en el interior de la ETAP, en función del análisis referido en el punto 2º. Se debían obtener tres resultados favorables consecutivos con al menos 24 horas entre cada uno.
  4. Tras superar el análisis completo del agua tratada y ajustar el tratamiento en la ETAP, de tal forma que las concentraciones de todos los parámetros estuvieran de acuerdo con lo establecido en el RD 3/2023, era el momento de la red de suministro. Se debían obtener dos muestras consecutivas favorables con al menos 24 horas entre cada una, en distintos puntos de muestreo establecidos en la red de suministro, siempre que su resultado fuera favorable en todas ellas analizando los siguientes parámetros:Carbono orgánico total (COT), Trihalometanos (THM), Ácidos haloacéticos (HAH), Análisis microbiológicos, control de desinfectante residual y todos aquellos parámetros que, en su caso, hubieran superado el valor paramétrico en el análisis completo inicial realizado en agua tratada a la salida de ETAP.

Seguimiento durante cuatro semanas

La Resolución firmada por la delegada territorial de Salud y Consumo, M.ª Jesús Botella, y trasmitida a la Diputación de Córdoba recoge la obligación de proceder a realizar un seguimiento semanal, al menos durante cuatro semanas, en cinco Redes de distribución representativas de la Zona de abastecimiento de los siguientes parámetros: Carbono orgánico total (COT), Trihalometanos (THM), Ácidos Haloacéticos (HAH), Análisis microbiológicos y Control de desinfectante residual.

Los resultados serán comunicados por EMPROACSA a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en un plazo máximo de 48 horas desde su obtención, salvo que algún parámetro analizado manifieste una desviación o incidencia respecto a los valores paramétricos normativos, en cuyo caso la comunicación será inmediata y siempre en menos de 24 horas, desde su obtención.

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En el Hospital Valle de los Pedroches, 1.446 pacientes en espera quirúrgica, 3.373 para consulta

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Hospital Valle de los Pedroches
Fuente: PSOE

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en Cortes, Rafi Crespín, ha calificado de “alarmante y angustioso” el incremento de las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas hechas públicas hoy por el Gobierno de la Junta que reconocen que más de 60.700 cordobeses y cordobesas están en cola para poder ser operados en quirófanos o ser atendidos por especialistas en tres de los cinco hospitales de la provincia, el Reina Sofía, el Infanta Margarita y Los Pedroches a fecha de diciembre de 2023, los únicos centros de los que ha aportado datos la Junta hoy. Además, la cola en operaciones ha aumentado hasta un 35% en la provincia con respecto a 2022, siendo casi 7.000 los pacientes más que esperan para entrar en quirófano, donde la media de tiempo para la cita se dilata por más de 5 meses.

“Son, con diferencia, y por los contados datos que proporciona la Junta de Andalucía, las peores estadísticas sanitarias de la provincia de Córdoba desde que gobierna Moreno Bonilla, lo que hace que nuestra sanidad pública esté enferma de muerte y que muchos cordobeses y cordobesas tengan que recurrir a la tarjeta de crédito en lugar de la tarjeta sanitaria, si sus bolsillos y economías familiares se lo permiten, para poder afrontar enfermedades graves”, ha comentado la dirigente, que ha acusado al presidente andaluz, Moreno Bonilla, de ser el responsable “del mayor expolio de nuestra sanidad por desmantelarla y venderla a las clínicas privadas al mejor postor”, y por entender la sanidad “como un negocio en vez de como un derecho”.

Crespín ha detallado que los datos hechos públicos hoy hablan de 20.130 cordobeses y cordobesas en espera quirúrgica, la mayoría de ellos en el Reina Sofía, “donde de los 15.540 pacientes en espera, más de 2.600 llevan un año esperando entrar en quirófano, lo que rompe por completo los parámetros asistenciales y los techos definidos por la propia Junta de Andalucía”. La demora media en el Reina Sofía supera los cinco meses de espera, siendo la operación de cataratas la que más enfermos acumula en el sumatorio. Además, otros 3.144 pacientes están en cola quirúrgica en el Infanta Margarita y 1.446 más en el del Valle de los Pedroches.

“En un año, comparándolo con los datos oficiales de la Junta de junio de 2022, ya que no entonces no publicaron los correspondientes a diciembre de ese año, los cordobeses en espera quirúrgica en estos tres hospitales han aumentado un 35%, casi 7.000 personas más en un año”, ha puntualizado la socialista, que ha conminado al Gobierno andaluz del PP a “cambiar por completo de estrategia y suspender el trasvase de dinero público a la privada, porque a la vista está que no está dando resultados y sólo está sirviendo para engordar la cuenta corriente de las grandes empresas sanitarias”.

En consultas, la espera en la provincia entre los tres hospitales citados asciende a 40.601 personas entre primeras consultas, derivación de primaria y consultas externas, donde otra vez el Reina Sofía lidera el ránking con 20.822 pacientes, seguido por el Infanta Margarita con 16.406 pacientes y Los Pedroches con 3.373. “Y aquí faltan los datos de los hospitales y chares de Montilla, Puente Genil o Guadiato, por lo que la lista de espera real superará con creces las cifras que han aportado hoy”, ha apostillado la socialista, que ha afeado que “así entiende la  transparencia y el servicio público el PP, con engaños y medias verdades”.

“No hay derecho a que el PP haga negocio con la salud y hay que atajar ya que siga desviando recursos públicos a la privada, después de haber transferido más de 1.000 millones en los últimos años anunciando planes de choque que no van a ningún lado”, ha comentado Crespín.

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