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USTEA apoya la lucha del alumno del IES San Roque de Dos Torres por la retirada de la simbología religiosa

El alumno Héctor Sánchez, del IES San Roque de la localidad de Dos Torres, lleva más de tres años denunciando la situación de ilegalidad debido a la presencia de simbología religiosa en su centro educativo.

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Un alumno reclama la eliminación de símbolos religiosos de un instituto de Dos Torres

El alumno Héctor Sánchez, del IES San Roque de la localidad de Dos Torres, lleva más de tres años denunciando la situación de ilegalidad debido a la presencia de simbología religiosa en su centro educativo.

El sindicato USTEA-Córdoba (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía), que mantiene contacto con el alumno y su familia, como sindicato de carácter laico, ha denunciado esta situación ilegal a la Consejería de Educación, a su Delegación Territorial en la provincia y a la Dirección del propio centro educativo.

Publicamos íntegro el comunicado emitido por el sindicato:

Este sindicato, tras realizar un estudio y análisis detallado de la situación y haber consultado toda la normativa al respecto, concluye que no existe motivo legal alguno para que se sigan manteniendo símbolos religiosos en un centro educativo de carácter público, por lo que exige la retirada inmediata de los mismos.

Héctor y su familia sólo han encontrado trabas en estos años. Comenzaron esta andadura en el curso 2014/15 solicitando a Jefatura de Estudios del Centro que “sería adecuado la retirada de la simbología religiosa del Centro por tratarse de un Centro público”. En marzo de 2016 se reunieron con el director para volver a solicitar la retirada de esta simbología, ya que “en un espacio público y aconfesional, que no reconoce como oficial ninguna religión en concreto, no debe tener visibles estos símbolos en todas sus dependencias, situados además en sitios preferentes junto a otros símbolos de representación del Estado español, ya que no son mero mobiliario del Centro, sino que suponen una clara representación religiosa”. Fue también en 2016 cuando el Director les informó de que el Consejo Escolar del Centro había denegado la retirada de la simbología religiosa.

El propio centro educativo no les quiso facilitar el acta íntegra en la que el Consejo Escolar del Centro desestimaba su petición de la retirada de los símbolos religiosos. Tuvieron que recurrir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que con toda lógica les dio la razón.
Convencidos de que el Consejo Escolar ya no es el órgano competente para tomar estas decisiones, sino que es la propia dirección del centro educativo, recurrieron al Defensor del Pueblo Andaluz, que emitió un exhaustivo informe en el que también se les da la razón.

Aún así, la dirección del centro se desmarca y mira para otro lado, al igual que ha hecho la propia administración educativa, ya que la familia ha apelado además de al propio Centro, al servicio de Inspección, a la Delegación territorial, a la Consejería de Educación….una larga batalla de más de tres años con todo a favor, pero sin resultado alguno, quizás debido a la incompetencia de la administración o quizás al enorme poder que sigue ejerciendo la Iglesia Católica en el ámbito de la educación pública, un poder aparentemente invisible para muchas personas, pero que se desvela descarado cuando se realiza el enfoque adecuado.

La dirección del centro educativo, basándose en la LOE y en un expediente del año 2011, sigue apelando a que es el Consejo Escolar el que debe tomar la decisión de la retirada o no de la simbología religiosa. Sin embargo, los cambios que introdujo la LOMCE en 2013 dejan sin validez los argumentos que esgrime la dirección del Centro, siendo ahora el Director el responsable de tomar la decisión respecto a la presencia o no de simbología religiosa.

Por un lado, existe normativa de ámbito internacional de aplicación en nuestro país, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 9 y la Carta Europea de Derechos Humanos. Por otro, numerosos artículos (14, 16, 20, 27…) de la propia Constitución española, o el conocido artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (“…La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica”). Además, la normativa específica en materia educativa (LOMCE) avala sobradamente las tesis de Héctor y de su familia. No es por tanto una cuestión de sentimientos religiosos ni de creencias o ideologías, se trata sencillamente de cumplir con las leyes vigentes. O como dice el propio Héctor: “las leyes lo dicen, pero es que es de sentido común”.

Héctor y su familia, durante más de tres años, han dado todos los pasos necesarios y realizado los trámites oportunos para intentar que se cumpla la normativa. Son personas informadas y con conocimientos en materia educativa y legislativa, por lo que saben que las leyes los amparan.

Desde USTEA-Córdoba apoyamos la valentía y perseverancia que ha tenido Héctor, un adolescente que ofrece una lección única no sólo a sus compañeros y compañeras, sino también a ese mundo de adultos que suele mirar para otro lado cuando algo resulta incómodo.

Desde USTEA-Córdoba, como sindicato laico, exigimos la retirada inmediata de la simbología religiosa del IES San Roque, así como de todos aquellos espacios públicos (centros educativos en especial) en los que aún persista dicha simbología.

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IU exige transparencia y soluciones definitivas ante la crisis del agua en el norte de Córdoba

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Sebastián Pérez
Fuente: IU

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, ha recibido con “satisfacción” la noticia de la restauración del suministro de agua potable en el norte de la provincia.

Más de 80.000 personas han estado privadas de este derecho básico durante un año debido a la “inoperancia y falta de gestión del gobierno andaluz del Partido Popular, responsable de la gestión de la contaminación del pantano La Colada”, según ha indicado en una nota de prensa.

“Desde IU nos alegramos de que estos 80.000 vecinos y vecinas puedan volver a disponer de agua potable en sus hogares”, señaló Pérez. No obstante, desde la dirección provincial de IU se sigue denunciando la “opacidad y falta de transparencia” tanto del gobierno andaluz como del provincial. A día de hoy, añaden desde la dirección provincial, aún no se ha informado al grupo provincial de los resultados de las analíticas “solicitadas el pasado 21 de marzo”.

Continua, “a la opacidad se suma el negacionismo del PP durante todo este tiempo con respecto a la contaminación de La Colada”. Desde IU se insiste en que la raíz del problema es la “sequía y la contaminación”, por lo que se solicitan campañas de concienciación para promover un uso racional del agua. Asimismo, se insta al gobierno provincial y al andaluz a trabajar para eliminar la contaminación en La Colada.

Desde la dirección provincial de IU se vuelve a insistir en la necesidad de actuar contra la contaminación, y eso pasa por la construcción de una depuradora en el Guadarramilla, detectar y frenar los vertidos contaminantes e instalar una potabilizadora de última generación, como único modo de garantizar agua potable y de calidad en el presente y en el futuro”.

“Estaremos muy pendientes para asegurarnos de que se trabaje para evitar que
una situación como esta, en la que 80.000 personas han estado un año sin acceso
a agua potable como consecuencia de una nefasta gestión, no vuelva a repetirse”,
afirmó Pérez.

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La Junta declara apta para el consumo el agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba

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Agua
Fuente: Junta de Andalucía

El delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, ha anunciado hoy en rueda de prensa que la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba ha declarado el agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba como apta para el consumo.

Molina ha manifestado que “se pone fin a un año de restricciones que han afectado a 80.000 vecinos de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches” tras la declaración, el pasado 17 de abril de 2023, de la declaración de no aptitud para el consumo del agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba al incumplir los parámetros establecidos en el Real Decreto 3/2023.

El delegado del Gobierno ha tenido unas palabras de agradecimiento hacia “todos los vecinos del norte de Córdoba por su paciencia y responsabilidad durante este largo año” y hacia la Diputación de Córdoba, “que ha mantenido a cabo un importante esfuerzo económico y humanopara bombear el agua de La Colada hasta la ETAP de Sierra Boyera, el traslado de camiones cisterna a 43 núcleos poblaciones para garantizar el agua potable y el trabajo para conseguir depurar el agua de La Colada”.

Tras las lluvias del mes de marzo, el pasado 1 de abril la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba establecieron un protocolo de actuación que, de acuerdo al Real Decreto 03/2023 y al Decreto 70/2009, pudiera devolver la declaración de apta el agua en el norte de Córdoba.

Ese protocolo ha sido el siguiente:

  1. Análisis al menos dos veces al día de Carbónico Orgánico Total y Trihalometanos a la salida de la ETAP, una vez que se hubiese eliminado el agua procedente del Embalse de La Colada de dicha ETAP.
  2. A fin de determinar las características del agua bruta del Embalse de Sierra Boyera, antes de la entrada de la ETAP, se procedió a un análisis completo de la misma, a excepción de los parámetros relacionados con la desinfección y los subproductos derivados.
  3. Análisis completo del agua tratada a la salida de ETAP, una vez se asegurara que la misma procedía de forma completa de dicha captación y de que se ajustaran los tratamientos en el interior de la ETAP, en función del análisis referido en el punto 2º. Se debían obtener tres resultados favorables consecutivos con al menos 24 horas entre cada uno.
  4. Tras superar el análisis completo del agua tratada y ajustar el tratamiento en la ETAP, de tal forma que las concentraciones de todos los parámetros estuvieran de acuerdo con lo establecido en el RD 3/2023, era el momento de la red de suministro. Se debían obtener dos muestras consecutivas favorables con al menos 24 horas entre cada una, en distintos puntos de muestreo establecidos en la red de suministro, siempre que su resultado fuera favorable en todas ellas analizando los siguientes parámetros:Carbono orgánico total (COT), Trihalometanos (THM), Ácidos haloacéticos (HAH), Análisis microbiológicos, control de desinfectante residual y todos aquellos parámetros que, en su caso, hubieran superado el valor paramétrico en el análisis completo inicial realizado en agua tratada a la salida de ETAP.

Seguimiento durante cuatro semanas

La Resolución firmada por la delegada territorial de Salud y Consumo, M.ª Jesús Botella, y trasmitida a la Diputación de Córdoba recoge la obligación de proceder a realizar un seguimiento semanal, al menos durante cuatro semanas, en cinco Redes de distribución representativas de la Zona de abastecimiento de los siguientes parámetros: Carbono orgánico total (COT), Trihalometanos (THM), Ácidos Haloacéticos (HAH), Análisis microbiológicos y Control de desinfectante residual.

Los resultados serán comunicados por EMPROACSA a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en un plazo máximo de 48 horas desde su obtención, salvo que algún parámetro analizado manifieste una desviación o incidencia respecto a los valores paramétricos normativos, en cuyo caso la comunicación será inmediata y siempre en menos de 24 horas, desde su obtención.

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En el Hospital Valle de los Pedroches, 1.446 pacientes en espera quirúrgica, 3.373 para consulta

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Hospital Valle de los Pedroches
Fuente: PSOE

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en Cortes, Rafi Crespín, ha calificado de “alarmante y angustioso” el incremento de las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas hechas públicas hoy por el Gobierno de la Junta que reconocen que más de 60.700 cordobeses y cordobesas están en cola para poder ser operados en quirófanos o ser atendidos por especialistas en tres de los cinco hospitales de la provincia, el Reina Sofía, el Infanta Margarita y Los Pedroches a fecha de diciembre de 2023, los únicos centros de los que ha aportado datos la Junta hoy. Además, la cola en operaciones ha aumentado hasta un 35% en la provincia con respecto a 2022, siendo casi 7.000 los pacientes más que esperan para entrar en quirófano, donde la media de tiempo para la cita se dilata por más de 5 meses.

“Son, con diferencia, y por los contados datos que proporciona la Junta de Andalucía, las peores estadísticas sanitarias de la provincia de Córdoba desde que gobierna Moreno Bonilla, lo que hace que nuestra sanidad pública esté enferma de muerte y que muchos cordobeses y cordobesas tengan que recurrir a la tarjeta de crédito en lugar de la tarjeta sanitaria, si sus bolsillos y economías familiares se lo permiten, para poder afrontar enfermedades graves”, ha comentado la dirigente, que ha acusado al presidente andaluz, Moreno Bonilla, de ser el responsable “del mayor expolio de nuestra sanidad por desmantelarla y venderla a las clínicas privadas al mejor postor”, y por entender la sanidad “como un negocio en vez de como un derecho”.

Crespín ha detallado que los datos hechos públicos hoy hablan de 20.130 cordobeses y cordobesas en espera quirúrgica, la mayoría de ellos en el Reina Sofía, “donde de los 15.540 pacientes en espera, más de 2.600 llevan un año esperando entrar en quirófano, lo que rompe por completo los parámetros asistenciales y los techos definidos por la propia Junta de Andalucía”. La demora media en el Reina Sofía supera los cinco meses de espera, siendo la operación de cataratas la que más enfermos acumula en el sumatorio. Además, otros 3.144 pacientes están en cola quirúrgica en el Infanta Margarita y 1.446 más en el del Valle de los Pedroches.

“En un año, comparándolo con los datos oficiales de la Junta de junio de 2022, ya que no entonces no publicaron los correspondientes a diciembre de ese año, los cordobeses en espera quirúrgica en estos tres hospitales han aumentado un 35%, casi 7.000 personas más en un año”, ha puntualizado la socialista, que ha conminado al Gobierno andaluz del PP a “cambiar por completo de estrategia y suspender el trasvase de dinero público a la privada, porque a la vista está que no está dando resultados y sólo está sirviendo para engordar la cuenta corriente de las grandes empresas sanitarias”.

En consultas, la espera en la provincia entre los tres hospitales citados asciende a 40.601 personas entre primeras consultas, derivación de primaria y consultas externas, donde otra vez el Reina Sofía lidera el ránking con 20.822 pacientes, seguido por el Infanta Margarita con 16.406 pacientes y Los Pedroches con 3.373. “Y aquí faltan los datos de los hospitales y chares de Montilla, Puente Genil o Guadiato, por lo que la lista de espera real superará con creces las cifras que han aportado hoy”, ha apostillado la socialista, que ha afeado que “así entiende la  transparencia y el servicio público el PP, con engaños y medias verdades”.

“No hay derecho a que el PP haga negocio con la salud y hay que atajar ya que siga desviando recursos públicos a la privada, después de haber transferido más de 1.000 millones en los últimos años anunciando planes de choque que no van a ningún lado”, ha comentado Crespín.

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