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Detalles de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales, norma pionera en España que convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección.
Sus objetivos principales se dirigen a prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, introduce como principales novedades la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.
En relación con los nuevos derechos, la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.
La norma también establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Junto a ello se incluye el de disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.
Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, estas tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales de justicia. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.
Asimismo, entre las prestaciones garantizadas, la ley incluirá las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia. Actualmente, la comunidad autónoma concentra el 23,61% de todas estas prestaciones en el conjunto de España y el 22,77% de las personas beneficiarias.
Junto a la relación de prestaciones garantizadas, el proyecto prevé otras condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.
Herramientas digitales
Otra novedad destacada es la creación de la Historia Social Digital para todas las personas usuarias de los Servicios Sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa. Esta herramienta, similar a la del sistema sanitario, permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada.
Igualmente, y con el mismo objetivo de mejorar la gestión, el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales: las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
La futura ley establece también la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales.
Finalmente, el proyecto prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, especialmente orientada a la formación y al trabajo investigador de los profesionales, e introduce la perspectiva deontológica a disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades proveedoras del sistema público.
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IU Córdoba pide que no se autorice la ampliación de una macrogranja de porcino en Alcaracejos
La dirección provincial de Izquierda Unida Córdoba ha elaborado y presentado alegaciones contra el proyecto de ampliación de la explotación porcina “El Ladrillar”, situada en el término municipal de Alcaracejos, al considerar que “no garantiza la protección de los recursos hídricos de la comarca de Los Pedroches”. El texto de las alegaciones ha sido también presentado por varios vecinos de los Pedroches.
IU recuerda que la zona norte de la provincia sufrió una “grave crisis” de abastecimiento de agua potable debido a la contaminación del embalse de La Colada, una situación que obligó durante más de un año a suministrar agua mediante camiones cisterna a miles de vecinos y vecinas.
El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha señalado que “la prioridad debe ser proteger el agua y evitar que se repitan situaciones que tanto daño han causado a la ciudadanía, a los negocios y a la actividad económica de la comarca”.
Pérez ha explicado que “IU apoya al sector ganadero existente en la comarca como una actividad económica fundamental para Los Pedroches, pero rechaza la ampliación y la instalación de nuevas macrogranjas de porcino debido a su elevado impacto ambiental y a la gran producción de purines, amoniaco y otros residuos.”
Además, ha señalado que este modelo “no fomenta la economía circular ni aporta riqueza a la comarca”, ya que “gran parte de su capital está en manos de multinacionales y fondos de inversión que tienen como único objetivo la rentabilidad económica y no el desarrollo sostenible”. Esta situación provoca, además, una “competencia desleal para las explotaciones ganaderas tradicionales del cerdo ibérico”.
Entre las cuestiones planteadas por IU figura que la explotación se ubica en la cuenca del embalse de La Colada, una zona oficialmente declarada vulnerable a la contaminación por nitratos. La organización considera que el proyecto “no demuestra de forma suficiente que el aumento de la actividad no tendrá consecuencias sobre las masas de agua superficiales y subterráneas”.
Además, la alegación señala que la empresa prevé que los purines y estiércoles generados sean gestionados por terceros, “sin concretar suficientemente dónde se aplicarán, en qué condiciones ni cómo se garantizará el control efectivo de estos residuos ganaderos”. “Si la contaminación del agua sigue siendo un problema pendiente después de años de medidas y restricciones, lo lógico es exigir el máximo nivel de garantías antes de autorizar nuevas ampliaciones”, ha indicado Pérez.
IU también cuestiona el “fuerte” incremento del consumo de agua previsto en el proyecto. Según la documentación presentada, el número de reproductoras aumentaría en torno a un 70%, mientras que el consumo de agua pasaría de 7.000 a más de 26.000 metros cúbicos anuales.
Para Sebastián Pérez, “resulta difícil entender un incremento tan elevado del consumo de agua en una comarca que conoce perfectamente las consecuencias de la escasez y los problemas de abastecimiento”.
La organización también alerta de “posibles insuficiencias” en las balsas destinadas al almacenamiento de purines y recuerda que la explotación cuenta con antecedentes de denuncias relacionadas con vertidos.
Por todo ello, IU Córdoba solicita a la Junta de Andalucía que no autorice la ampliación de la actividad ya que “no es compatible con la protección de los recursos hídricos y con los objetivos de recuperación ambiental de la cuenca de La Colada”. “Lo que estamos planteando es sentido común. Si queremos combatir la contaminación del agua, no podemos permitir proyectos que generen dudas razonables sobre su impacto ambiental. La protección del agua debe estar por encima de cualquier otro interés”, ha concluido Sebastián Pérez.
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‘¿Por qué ya no se organiza la Feria del Dulce en Fuente la Lancha?’
La agrupación socialista de Fuente la Lancha ha emitido un comunicado “lamentando que el equipo de gobierno haya renunciado a mantener la Feria del Dulce, una iniciativa nacida del esfuerzo colectivo del pueblo y que durante años fue un referente cultural, social y turístico para toda la comarca”.
Lo reproducimos a continuación.
Mientras observamos cómo los municipios de la comarca de Los Pedroches anuncian y promocionan sus ferias turísticas y gastronómicas, en Fuente la Lancha volvemos a escuchar la misma respuesta por parte del equipo de gobierno: «no hay dinero». Una excusa que se ha convertido en el argumento recurrente para justificar la falta de iniciativa, de gestión y de compromiso con nuestro pueblo y sus tradiciones.
Y cabe preguntarse: ¿de verdad no existen recursos para mantener viva una de las señas de identidad más importantes de Fuente la Lancha? ¿No hay capacidad para seguir apostando por una feria que nació de la ilusión colectiva, del trabajo desinteresado de nuestras mujeres artesanas y de la colaboración de vecinos y vecinas que siempre la sintieron como algo propio?
Porque conviene recordar algo fundamental: «La Feria del Dulce no la creó ningún partido político. La creó el pueblo».
La hicieron posible generaciones de mujeres que dedicaban días enteros a elaborar dulces tradicionales, recetas heredadas y un patrimonio gastronómico que llevó el nombre de Fuente la Lancha más allá de nuestras fronteras. La levantaron quienes madrugaban para montar los puestos, quienes recibían a los visitantes y quienes convertían nuestro municipio en un punto de encuentro para toda la comarca.
Resulta difícil comprender que, mientras otros municipios invierten, innovan y fortalecen sus ferias y tradiciones populares, en Fuente la Lancha se haya optado por dejar desaparecer una de las primeras ferias de este tipo en Los Pedroches. Una feria pionera que llegó a duplicar la población del municipio en un solo día y que atraía a artesanos y expositores de toda Andalucía interesados en participar.
Y lo más preocupante es que no hablamos de un proyecto privado ni de una actividad con ánimo de lucro. Hablamos de una feria popular, nacida desde el antiguo Centro Guadalinfo, construida gracias a la implicación vecinal y respaldada durante años por instituciones que supieron reconocer su valor cultural, social y económico para nuestro municipio.
Lo que parece faltar hoy no es dinero, sino voluntad política. Porque cuando interesa, sí aparecen recursos para otras actividades. Cuando interesa, sí se organizan eventos. Por eso la pregunta es inevitable: ¿por qué para la Feria del Dulce no?
Y si realmente el problema es presupuestario, ¿por qué no se han solicitado las subvenciones destinadas al desarrollo de ferias comerciales y artesanales? ¿Por qué se han dejado pasar otras líneas de ayuda sin siquiera intentar acceder a ellas?
¿Se ha estudiado seriamente el coste de mantener la feria? ¿Se han explorado alternativas para adaptarla a la realidad actual? ¿Se ha consultado a asociaciones, artesanas y vecinos que durante años hicieron posible este día tan importante para Fuente la Lancha?
Es cierto que criticar desde la oposición resulta sencillo. Sin embargo, el actual equipo de gobierno criticó duramente la ausencia de la Feria del Dulce en 2023 y utilizó aquella circunstancia como argumento político. Hoy, quienes entonces exigían explicaciones tienen la responsabilidad de gobernar, y las excusas ya no bastan.
Por ello, hoy formulamos algunas preguntas que merecen una respuesta clara:
¿Por qué no hubo Feria del Dulce en 2024?
¿Por qué tampoco se celebró en 2025?
¿Por qué en 2026 seguimos en la misma situación?
Señores concejales: «Gobernar no consiste en buscar culpables; consiste en encontrar soluciones».
Y cuando un pueblo pierde sus tradiciones, pierde también una parte de su identidad.
Entristece comprobar cómo ferias nacidas después de la nuestra han sabido crecer, evolucionar y consolidarse, mientras en Fuente la Lancha dejamos apagarse una tradición que durante años llenó nuestras calles de vida, visitantes y orgullo.
La Feria del Dulce no era simplemente un evento. Era memoria colectiva, convivencia, cultura y promoción para nuestro pueblo. Era unión entre generaciones. Era identidad.
Y lo verdaderamente preocupante es que quienes hoy gobiernan parecen no comprender el valor de todo ello.
Otro año más sin Feria del Dulce. Otro año más perdiendo oportunidades para dinamizar nuestro municipio y proyectar una imagen positiva de Fuente la Lancha.
Hace años, el actual alcalde utilizaba la expresión «con más pena que gloria» para criticar la gestión de quienes gobernaban. Hoy, lamentablemente, esa misma frase describe perfectamente la desaparición de la Feria del Dulce bajo su mandato.
Porque las tradiciones no desaparecen de un día para otro. Desaparecen cuando quienes tienen la responsabilidad de protegerlas renuncian a hacerlo.
La Feria del Dulce fue durante años un símbolo de tradición, esfuerzo colectivo y orgullo local. Su desaparición deja un vacío difícil de justificar y una amarga sensación de oportunidad perdida para Fuente la Lancha.
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Por Andalucía exige a la Junta acotar la instalación de megaplantas solares, macrogranjas y plantas de biogás
La candidata de la coalición Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha visitado las instalaciones de la cooperativa COVAP en la comarca de Los Pedroches, donde ha puesto en valor su modelo económico y ha reclamado a la Junta de Andalucía que regule y acote la proliferación de megaplantas energéticas, macrogranjas y plantas de biogás impulsadas por fondos de inversión foráneos que no responden al interés general de la provincia.
Durante la visita, Rodríguez ha estado acompañada, entre otros, por el coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, y la portavoz del grupo provincial, Irene Ruiz, además de cargos públicos y orgánicos de Izquierda Unida Pozoblanco. La delegación ha mantenido un encuentro con el presidente de la cooperativa y con distintos responsables de la empresa para conocer de primera mano su modelo productivo y sus proyectos vinculados a la sostenibilidad.
Rodríguez ha explicado que desde Por Andalucía se apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que combine la rentabilidad económica y la protección del medio ambiente. “Desde Por Andalucía apostamos por sistemas productivos que garanticen la sostenibilidad ambiental. Estamos a favor de las energías renovables, de las plantas de biogás y de las placas solares, pero siempre que estén vinculadas al territorio, no destruyan el suelo productivo y tengan interés social para el desarrollo de la comarca y de la provincia”, ha señalado.
La candidata ha advertido de la situación que se está produciendo en Córdoba con numerosos proyectos promovidos por grandes fondos de inversión. “Por toda la provincia se están intentando instalar numerosos proyectos de este tipo y eso pone en peligro la estabilidad del territorio y el desarrollo futuro de la comarca y de la provincia”, ha afirmado.
En ese sentido, ha criticado el modelo que, a su juicio, está detrás de muchas de estas iniciativas. “No podemos permitir que se venda la provincia de Córdoba a fondos de inversión que aterrizan aquí, esquilman los recursos y no generan potencialidad ni oportunidades reales para nuestro territorio”, ha añadido.
Frente a ello, Rodríguez ha puesto como ejemplo el modelo de COVAP, una cooperativa que, según ha destacado, “no solo genera empleo, sino que apuesta por la economía circular, por la autosuficiencia energética, con la incorporación de nuevas tecnologías como plantas solares, de biomasa o de biogás, que permiten reducir emisiones de carbono y avanzar hacia una mayor sostenibilidad”.
La candidata ha defendido que este modelo cooperativo, en el que participan numerosas ganaderías familiares de vacuno de leche y de ganadería extensiva, es el que debe protegerse desde las administraciones públicas. “Este es el modelo que hay que cuidar y proteger, el que arraiga al territorio, genera oportunidades para que la gente pueda quedarse a vivir en nuestros pueblos y contribuya al desarrollo de la comarca y de la provincia”, ha subrayado.
Por ello, desde Por Andalucía han reclamado a la Junta de Andalucía que regule la implantación de grandes plantas energéticas y macrogranjas, para evitar proyectos que no estén vinculados al tejido productivo local, que incrementan la contaminación, y que afectan negativamente a la dehesa y a la ganadería extensiva.
“No tiene sentido que se instalen plantas de biogás donde no hay actividad ganadera, o las necesidades ya están cubiertas, o megaplantas solares que ocupan grandes extensiones de territorio y no generan empleo. Ese tipo de proyectos solo contribuyen a degradar el entorno y no aportan nada al desarrollo comarcal y de la provincia”, ha señalado.
Rodríguez ha avanzado que Por Andalucía trabajará para incentivar y proteger modelos cooperativos como el de COVAP si tiene la oportunidad de gobernar en Andalucía. “Vamos a defender a nuestras cooperativas frente a los fondos de inversión que solo vienen a especular y a aprovechar los recursos de la provincia sin ofrecer ninguna contraprestación real a la ciudadanía”, ha concluido.
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