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Casi 100 profesores firman un manifiesto ante las presiones de la Junta a los IES del norte de Córdoba por un vídeo
Alumnos de los Institutos de Educación Secundaria Antonio María Calero, Los Pedroches, Ricardo Delgado Vizcaíno, Jerez y Caballero, Padre Juan Ruiz, La Jara, José Alcántara, Florencio Pintado, Cecilio Jiménez, Juan Soto Alvarado y Lope de Vega, y de los centros La Inmaculada y salesiano ‘San José’, de municipios de Los Pedroches y de El Guadiato, hicieron el siguiente vídeo pidiéndole a los Reyes Magos “AGUA POTABLE”:
A alguien no le gustó y, tras la difusión del vídeo, envió a la inspección educativa, el mismo día a la misma hora y por sorpresa, a los centros públicos participantes para recabar documentación en busca de alguna irregularidad en el diseño y ejecución de la actividad; una presión inusual ante una actividad muy habitual en los centros educativos de la zona.
Noventa y siete profesores y profesoras, ante esta situación han firmado el siguiente manifiesto [descargar aquí]:
“En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU elaboraba la observación General n.º 15 donde se establecían una serie de observaciones referentes al derecho al agua. En su artículo 1 recogía que el agua es un bien público fundamental para la vida y la salud y que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente. Posteriormente, la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció, mediante la resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, el derecho humano al agua incidiendo en que el acceso a un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Incide, esta resolución, en la responsabilidad de los Estados a proporcionar un suministro de agua potable, saludable y limpia para todos.
Según las consideraciones de la ONU en este sentido, el agua debe ser saludable, es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana (…) ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, personal y doméstico.
Por otra parte, la Constitución española, en su artículo 43.2 refiere que compete a los poderes públicos a organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
En último lugar, la ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía en el artículo 5.3 compromete la actuación administrativa en materia de aguas a buscar una protección de la salud en todos aquellos usos destinados al ser humano, especialmente en las aguas de consumo, que implica priorizar para estos últimos el agua de la mejor calidad disponible.
En las comarcas del norte de Córdoba, Los Pedroches y el Guadiato son ya, en diciembre de 2023, ocho los meses en los que estos derechos fundamentales recogidos en la normativa autonómica, nacional e internacional, se han visto vulnerados, limitando el acceso a un agua potable limpia y de calidad a 80.000 personas. Poder consumir agua potable obliga a estos ciudadanos y ciudadanas a acudir, periódicamente, a los lugares de reparto con las dificultades de acceso que esto puede suponer. No obstante, el agua que sale por los grifos de estas comarcas no cumple, en ninguno de los casos, las recomendaciones de la ONU referentes a un agua libre de microorganismos y sustancias químicas, así como tener un olor, color y sabor aceptables. Entre todas estas recomendaciones únicamente nos falta por constatar el sabor, ya que llevamos unos 240 días observando cómo el agua que sale por nuestros grifos no cumple los requisitos de ser inodora e incolora. Y por tanto no la probamos.
Esta situación afecta por igual a todos los habitantes de estas comarcas por lo que un grupo de profesores y profesoras de los institutos de Los Pedroches y El Guadiato, decidimos, en virtud de todas las obligaciones que se establecen en la normativa estatal y autonómica respecto a nuestras funciones docentes, elaborar un vídeo con el alumnado de estos centros dando cuenta de esta situación y del hartazgo que nos produce.
Porque este método de trabajo y los problemas denunciados en este vídeo responden a la perfección con la nueva normativa establecida para los centros docentes. A modo de ejemplo podemos citar algunos de los criterios de evaluación establecidos para diferentes cursos, en este caso de 1º y 2º de ESO. En la asignatura de Geografía e Historia uno de estos criterios establece que el alumnado debe iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de actualidad del entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos contrastando y valorando fuentes diversas (criterio de evaluación 2.2); también identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición crítica y proactiva hacia los mismos (criterio 2.1). Estos criterios están ligados a saberes básicos, por citar alguno el GEH 1.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta.
No solo desde la Geografía y la Historia se puede plantear esta dinámica, también desde la Biología y Geología (BYG.1.E.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de residuos, respeto al medioambiente), para combatir los problemas ambientales del siglo XXI (escasez de recursos, generación de residuos, contaminación, pérdida de biodiversidad). O los Valores éticos (VCE.2.B.5. Asociacionismo y voluntariado. La ciudadanía y la participación democrática.).
En un ámbito más general, en la ley educativa actual (LOMLOE), dentro de sus principios pedagógicos se señala, en el número 2 que, De igual modo, se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo- sexual. Y en el 4 Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
Teniendo en cuenta todo esto se decidió elaborar un vídeo con el alumnado donde, a modo de carta a los Reyes Magos, se pidiera algo tan simple como el acceso al agua potable.
Durante varios días, en colaboración con alumnos y alumnas de diferentes cursos se trabajó en este sentido de manera conjunta, recogiendo ideas de toda la comunidad educativa, integrada por madres y padres, profesorado y alumnado. Una vez elaborado el producto final se difundió por diferentes medios, especialmente las redes sociales que suele ser el mecanismo utilizado para difundir noticias por los centros educativos.
Dicha motivación en ningún caso tiene tintes partidistas, solo queremos pedir que se arregle la situación tercermundista que se tiene en la zona. En ningún momento se culpabiliza a ninguna entidad política de la situación.
Tras la difusión del vídeo nos encontramos con la sorprendente noticia de prensa de que alguien se ha sentido agredido hasta el punto de tomar la inédita medida de enviar a la inspección educativa, el mismo día a la misma hora y por sorpresa, a los centros públicos participantes para recabar documentación en busca de alguna irregularidad en el diseño y ejecución de la actividad. Una actividad que, como cualquiera puede comprobar fácilmente revisando las páginas de nuestros centros en redes sociales, lejos de ser una excepción, es una forma de trabajo habitual con nuestros alumnos.
Por todo ello, los abajo firmantes, profesores y profesoras de centros de enseñanza secundaria de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, como responsables de la organización y difusión de la actividad, queremos manifestar con claridad:
- – Que la realización del citado video (carta a los reyes magos) responde a los objetivos, competencias y criterios de evaluación que como docentes estamos obligados a trabajar con nuestro alumnado.
- – Que en ningún caso en ese video se hace mención partidista alguna.
- – Que de los cientos de actividades de ese tipo que nuestros centros divulgan cada curso escolar, y con la cantidad e importancia de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar día a día, nos parece inadmisible que la Consejería de Educación ejerza una presión desproporcionada por una actividad en la que nuestros alumnos simplemente expresaban su deseo de que en futuro podamos disponer de agua potable en nuestros pueblos.
Y para que conste, lo firmamos el 22 de diciembre de 2023″
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.
En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.
De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.
Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.
En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.
Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.
En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.
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