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La Junta explica a colectivos de la provincia la nueva Ley de Servicios Sociales
El proyecto normativo, que ha sido presentado hoy a asociaciones y colectivos de la provincia, garantiza por primera vez las coberturas básicas y recoge la creación de la Tarjeta Social Digital
La delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba ha acogido hoy la presentación del proyecto de Ley de Servicios Sociales a unas 50 asociaciones y colectivos de la provincia. Esta norma, cuyo proyecto de ley ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección.
La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Mari Ángeles Luna, ha mantenido hoy un encuentro con representantes de diferentes colectivos de la provincia, para dar a conocer el contenido del proyecto de Ley y explicar las principales novedades que aporta.
Luna ha explicado que “la futura Ley de Servicios Sociales será pionera y marcará un antes y un después en nuestro país, porque establecerá toda una serie de prestaciones y derechos básicos y supondrá la creación de una tarjeta social para los usuarios de estos servicios”. La delegada territorial ha destacado que “gracias a esta norma se afianza en nuestra comunidad el cuarto pilar del Estado del Bienestar, cumpliendo con otro de los compromisos de investidura de la presidenta Susana Díaz”.
Además ha apuntado al comienzo del encuentro que “la futura ley introduce como principales novedades la ampliación de derechos, el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigidas por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital, para cada persona; además de la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía”.
El texto de la Ley de Servicios Sociales, que sustituirá a la vigente desde 1988, ha contado con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, consejerías de la Junta, colegios profesionales, agentes económicos y sociales, y otras organizaciones de la sociedad civil. Sus objetivos principales se dirigen a prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
La nueva ley blindará las competencias en materia de servicios sociales de las corporaciones locales, según Luna, “algo clave para el desarrollo del sistema público de protección social, porque las necesidades de las personas deben solucionarse en su pueblo, en su barrio, en su ciudad y, por tanto, por la administración más cercana a la ciudadanía”.
Nuevos derechos
En relación con los nuevos derechos, la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.
La norma también establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Junto a ello se incluye el de disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.
Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, estas tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales de justicia. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.
Asimismo, entre las prestaciones garantizadas, la ley incluirá las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia. Actualmente, la comunidad autónoma concentra el 23,61% de todas estas prestaciones en el conjunto de España y el 22,77% de las personas beneficiarias.
Junto a la relación de prestaciones garantizadas, el proyecto prevé otras condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.
Herramientas digitales
Otra novedad destacada es la creación de la Historia Social Digital para todas las personas usuarias de los Servicios Sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa. Esta herramienta, similar a la del sistema sanitario, permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada.
Igualmente, y con el mismo objetivo de mejorar la gestión, el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales: las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
La futura ley establece también la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales.
Finalmente, el proyecto prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, especialmente orientada a la formación y al trabajo investigador de los profesionales, e introduce la perspectiva deontológica a disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades proveedoras del sistema público.
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Por Andalucía exige a la Junta acotar la instalación de megaplantas solares, macrogranjas y plantas de biogás
La candidata de la coalición Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha visitado las instalaciones de la cooperativa COVAP en la comarca de Los Pedroches, donde ha puesto en valor su modelo económico y ha reclamado a la Junta de Andalucía que regule y acote la proliferación de megaplantas energéticas, macrogranjas y plantas de biogás impulsadas por fondos de inversión foráneos que no responden al interés general de la provincia.
Durante la visita, Rodríguez ha estado acompañada, entre otros, por el coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, y la portavoz del grupo provincial, Irene Ruiz, además de cargos públicos y orgánicos de Izquierda Unida Pozoblanco. La delegación ha mantenido un encuentro con el presidente de la cooperativa y con distintos responsables de la empresa para conocer de primera mano su modelo productivo y sus proyectos vinculados a la sostenibilidad.
Rodríguez ha explicado que desde Por Andalucía se apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que combine la rentabilidad económica y la protección del medio ambiente. “Desde Por Andalucía apostamos por sistemas productivos que garanticen la sostenibilidad ambiental. Estamos a favor de las energías renovables, de las plantas de biogás y de las placas solares, pero siempre que estén vinculadas al territorio, no destruyan el suelo productivo y tengan interés social para el desarrollo de la comarca y de la provincia”, ha señalado.
La candidata ha advertido de la situación que se está produciendo en Córdoba con numerosos proyectos promovidos por grandes fondos de inversión. “Por toda la provincia se están intentando instalar numerosos proyectos de este tipo y eso pone en peligro la estabilidad del territorio y el desarrollo futuro de la comarca y de la provincia”, ha afirmado.
En ese sentido, ha criticado el modelo que, a su juicio, está detrás de muchas de estas iniciativas. “No podemos permitir que se venda la provincia de Córdoba a fondos de inversión que aterrizan aquí, esquilman los recursos y no generan potencialidad ni oportunidades reales para nuestro territorio”, ha añadido.
Frente a ello, Rodríguez ha puesto como ejemplo el modelo de COVAP, una cooperativa que, según ha destacado, “no solo genera empleo, sino que apuesta por la economía circular, por la autosuficiencia energética, con la incorporación de nuevas tecnologías como plantas solares, de biomasa o de biogás, que permiten reducir emisiones de carbono y avanzar hacia una mayor sostenibilidad”.
La candidata ha defendido que este modelo cooperativo, en el que participan numerosas ganaderías familiares de vacuno de leche y de ganadería extensiva, es el que debe protegerse desde las administraciones públicas. “Este es el modelo que hay que cuidar y proteger, el que arraiga al territorio, genera oportunidades para que la gente pueda quedarse a vivir en nuestros pueblos y contribuya al desarrollo de la comarca y de la provincia”, ha subrayado.
Por ello, desde Por Andalucía han reclamado a la Junta de Andalucía que regule la implantación de grandes plantas energéticas y macrogranjas, para evitar proyectos que no estén vinculados al tejido productivo local, que incrementan la contaminación, y que afectan negativamente a la dehesa y a la ganadería extensiva.
“No tiene sentido que se instalen plantas de biogás donde no hay actividad ganadera, o las necesidades ya están cubiertas, o megaplantas solares que ocupan grandes extensiones de territorio y no generan empleo. Ese tipo de proyectos solo contribuyen a degradar el entorno y no aportan nada al desarrollo comarcal y de la provincia”, ha señalado.
Rodríguez ha avanzado que Por Andalucía trabajará para incentivar y proteger modelos cooperativos como el de COVAP si tiene la oportunidad de gobernar en Andalucía. “Vamos a defender a nuestras cooperativas frente a los fondos de inversión que solo vienen a especular y a aprovechar los recursos de la provincia sin ofrecer ninguna contraprestación real a la ciudadanía”, ha concluido.
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IU denuncia el ‘abandono institucional’ de Los Pedroches
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado por Sumar, Enrique Santiago, la candidata por Córdoba al Parlamento andaluz por la coalición Por Andalucía, Rosa Rodríguez, y la concejala de IU en Pozoblanco, Natalia León, han mantenido este lunes una jornada de trabajo en la comarca de Los Pedroches en la que han visitado instalaciones de COVAP, han conocido proyectos vinculados a la dehesa y se han reunido con colectivos del territorio, como ‘Que para el tren en Los Pedroches’ y ‘Unidos por el agua’.
Santiago ha destacado el papel del cooperativismo como motor económico de la comarca, subrayando que “un proyecto cooperativo como COVAP ha sido capaz de dinamizar esta zona con un importante desarrollo económico a través de un proyecto ganadero e industrial y de transformación de los productos”. Sin embargo, ha advertido de que esta capacidad económica contrasta con el “abandono institucional” que sufre el territorio.
En este sentido, el dirigente de IU ha señalado las carencias en materia de comunicaciones y ha explicado que durante la visita se han reunido con la plataforma ‘Que pare el tren en Los Pedroches’. “Nuestro compromiso es trabajar para que a la mayor brevedad se realice la declaración de obligación de servicio público de la estación de Villanueva de Córdoba y que la frecuencia de los ferrocarriles se pueda incrementar suficientemente”, ha afirmado.
Santiago también ha reclamado a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Córdoba que aborden de forma definitiva el problema de la contaminación del agua en el norte de la provincia. “Nos parece sumamente grave que no se hayan hecho las inversiones necesarias para solventar de una vez por todas el problema de la contaminación del agua”, ha señalado.
Por su parte, la candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha trasladado la “preocupación” de los vecinos y vecinas por el estado de las infraestructuras. Según ha explicado, existe “la sensación de que es una zona olvidada, con malas comunicaciones”, por lo que ha reclamado a la Junta actuaciones “urgentes” en carreteras autonómicas como la A-421 y su conexión con la A-424, así como el impulso de la variante sur de Villanueva de Córdoba y la variante norte de Pozoblanco.
Rodríguez también ha insistido en la necesidad de resolver definitivamente el problema del agua en la comarca, recordando que hace pocos meses más de 80.000 personas se quedaron sin agua potable en la zona. “La Junta de Andalucía simplemente no puede seguir mirando hacia otro lado ante esta problemática”, ha afirmado.
La concejala de IU en Pozoblanco, Natalia León, ha defendido el cooperativismo y el modelo de desarrollo ligado a la dehesa como claves para el futuro de la comarca. “Desde Izquierda Unida defendemos el cooperativismo como modelo económico que genera riqueza y arraigo en nuestra tierra”, ha señalado, apostando por un sector ganadero “rentable y al mismo tiempo sostenible medioambientalmente”.
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La Plataforma ‘Que pare el Tren en Los Pedroches’ pide a las administraciones más actuaciones
La Plataforma “Que pare el Tren en Los Pedroches” vuelve a poner en marcha acciones ya que, a pesar de 12 años de funcionamiento, la estación de tren Villanueva de Córdoba-Los Pedroches “no ha recibido el trato debido de las distintas administraciones responsables de su funcionamiento”.
Según informa en nota de prensa, “los recientes y dramáticos sucesos, han demostrado que la estación es una infraestructura estratégica y el pulmón logístico esencial para la seguridad y la interconexión de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla-Málaga”.
Denuncia que la estación “se ha mantenido en todo este tiempo, en un estado de semi-olvido por parte de las dos administraciones (Ministerio de Transportes y Junta de Andalucía)”. Ante esta situación, la plataforma va a apelar a ambas administraciones para que se resuelvan, de una vez por todas, las carencias que la afectan.
Detalla lo que es “urgente e imprescindible”:
- Declaración de la estación de “OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO”. Esta declaración garantizaría tarifas fijas y sociales, trenes que conecten a primera hora, medio día y tarde/noche a trabajadores, estudiantes, empresarios, con Córdoba, Sevilla, Málaga y Madrid. Y todas las ventajas que esta declaración asegura a otras estaciones similares a la nuestra.
- CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN CON LOS NÚCLEOS URBANOS DE LA COMARCA atendiendo a cada salida y llegada de trenes y la creación de un billete único que facilite el transporte desde cualquier pueblo hasta la estación.
- PARADA DE LOS TRENES DIRECTOS A BARCELONA por el gran impacto social y económico que esta parada representará para Los Pedroches.
- REUNIÓN URGENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS. La Plataforma va a solicitar el respaldo activo a estas peticiones de todos los Alcaldes y todos los grupos políticos que representan a los ciudadanos y que lideren las acciones que haya que poner en marcha.
- PETICIÓN DE FIRMAS. La Plataforma la pondrá en marcha para que los ciudadanos de la Comarca expresen su respaldo a las peticiones a las dos Administraciones (Gobierno Central y Junta de Andalucía) que figuran en el manifiesto.
La plataforma finaliza haciendo hincapié en que “la puesta en marcha de otras acciones dependerá de la respuesta de ambas administraciones; si somos la puerta de Andalucía en la línea AVE, queremos la llave para asegurar el futuro de nuestra tierra”.
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