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Los agricultores de la provincia de Córdoba perderán 212’8 millones de euros de ayudas de la PAC hasta 2020
Los agricultores de la provincia de Córdoba perderán un total de 212’8 millones de euros por la aplicación del primer pilar de la nueva PAC (Fondos FEAGA) en el marco comunitario que va de 2014 a 2020, según datos oficiales y proyecciones de los mismos, que ha ofrecido en rueda de prensa el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera. El primer pilar de la PAC incluye ayudas directas y otras de menor cuantía, como apícolas, OPFH, viñedo y leche, entre otras.
A las pérdidas en esta ámbito hay que sumar las ocasionadas por el segundo pilar, pendientes de cuantificar por el momento. Zurera ha señalado que, desde la entrada de España en la Unión Europea, la Política Agraria Común (PAC) ha servido para cohesionar la agricultura europea y ha sido un elemento básico en el medio rural de Andalucía y de Córdoba: “La PAC, afirma el delegado, se ha convertido en un instrumento decisivo no sólo para el sector agrícola y ganadero cordobés, sino para la sostenibilidad social, económica y medioambiental de los 75 municipios que conforman la provincia”.
Entre los años 2007 y 2013, los agricultores cordobeses percibieron un total de 335 ‘3 millones de euros cada año, que se reducirán a 305 millones de euros anuales en el marco comunitario 2014-20, lo que suma unas pérdidas globales en los 7 años de 212’8 millones.
Además, según los datos que maneja la Junta, las previsiones son que para el marco 2021-2027 las ayudas de este primer pilar de la PAC para la provincia de Córdoba lleguen solo a 268 millones al año, lo que supone una nueva reducción de 37 millones al año y 259 en los 7 años del marco.
“Como vemos, afirma Francisco Zurera, la PAC está cada vez más en peligro, en parte debido a la falta de un respaldo claro por parte de las instituciones europeas y en parte por las decisiones que el Gobierno central ha tomado en contra de los intereses de Andalucía y, por tanto, de Córdoba”.
El delegado concreta que el Ministerio de Agricultura decidió aplicar dos medidas que la Unión Europea no marcaba como obligatorias: la reducción lineal del 8,64% en todos los derechos de pago único, y los cambios realizados en las ayudas asociadas. A ello hay que sumar otra medida aplicada por el Ministerio de Agricultura en el reparto de los fondos del segundo pilar, destinados a desarrollo rural, y que solo afectaba a Andalucía: el Gobierno central recortó a nuestra Comunidad Autónoma estos fondos en un 9,8%, casi el tope máximo del 10% que permitía la Unión Europea. Este recorte ascendería a un total de 286 millones de euros para el Marco 2014/2020: 211 millones de euros de fondos europeos y 75 millones de euros de cofinanciación estatal que no llegarán a Andalucía en el citado período.
Francisco Zurera ha alertado al sector agrícola y ganadero de la provincia de la amenaza que se cierne sobre nuestro medio rural con la propuesta de Marco Financiero 2021/2027 que presentó recientemente la Comisión Europea. “Especialmente grave, afirma el responsable de Agricultura, son las previsiones para el desarrollo rural, con consecuencias nefastas para los jóvenes, las infraestructuras rurales o la modernización de explotaciones e industrias agroalimentarias”.
El delegado recuerda que en su momento la Junta de Andalucía advirtió del daño irreparable que supondría la última reforma de la PAC para los agricultores y ganaderos cordobeses, y señala que el Gobierno central aún está a tiempo de parar un nuevo perjuicio para nuestra Comunidad Autónoma.
Francisco Zurera aclara que el rechazo del recorte que propone la Comisión para la PAC 2021-2027 se basa en que aumenta la brecha de la renta agraria con el resto de sectores, con unas ayudas directas que pierden con los años; carga más responsabilidad sobre los sectores agrícola y ganadero aportando menos dinero, y no sólo hace difícil cumplir los ambiciosos objetivos de la PAC, sino que aumenta las exigencias ambientales y de lucha contra el cambio climático.
Por todo ello, el delegado concluye lamenta “el previsible hachazo al desarrollo rural, que aumentará las desigualdades entre estados miembros a la hora de apoyar estas inversiones clave”.
Además, el recorte de la PAC tendrá repercusiones en el ámbito social, económico y medioambiental, y será muy perjudicial para el mantenimiento y el desarrollo del mundo rural cordobés: “La producción agrícola y la ganadería, afirma Zurera, supone un freno al cambio climático, proveen de alimentos seguros y de calidad, fijan la población al medio rural y contribuyen a la biodiversidad”.
Aunque existe un riesgo real de crear impactos negativos e irreversibles para el conjunto de la sociedad, el delegado considera que “aún estamos a tiempo de evitar males mayores en la PAC post 2020, estamos en las primeras fases de la negociación, y el Gobierno de Madrid debe trabajar para evitar que se siga perjudicando al sector agrario de Córdoba y de Andalucía, incluso debería luchar por revertir los efectos perjudiciales que se están produciendo”.
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.
En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.
De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.
Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.
En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.
Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.
En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.
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