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Izquierda Unida denuncia el retraso del pago a proveedores en el Ayuntamiento de Pozoblanco

Para IU, “la situación es de tal desbarajuste que si el Ayuntamiento no actúa, la única forma para poder cobrar sería la de presentar reclamaciones por vía judicial”

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Ayuntamiento de Pozoblanco

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Miguel Calero, ha denunciado públicamente la situación de paralización del abono a proveedores por parte del consistorio pozoalbense.

Calero ha indicado que “son cientos de facturas y cientos de miles de euros los que se deben a empresas de la localidad, que están viendo afectada gravemente su economía por la ineptitud del equipo de gobierno y más concretamente del alcalde, Santiago Cabello”. Según informa, “muchas de las facturas impagadas son de comienzos del presente año y algunas, incluso, de 2020”.

El portavoz de la formación de izquierdas ha señalado que desde IU se ha preguntado en la comisión de Hacienda y denunciando en los Plenos, “sobre esta anómala situación que está poniendo en riesgo la pervivencia de negocios de nuestra localidad y para la que no se han tomado, hasta el momento las medidas adecuadas”. Calero ha solicitado conocer el número y el importe de las facturas pendientes de pago por reparos de legalidad, omisión de fiscalización etc., que son aquellas que desde Intervención se paralizan por no haber cumplido en su tramitación con los requisitos exigidos por la legislación vigente y a las que no se puede dar la conformidad.

Según se informa, “así, Intervención puede utilizar esta fórmula en casos como estos: cuando se propone el abono de factura sin tramitar el expediente oportuno, y otra cuando se han realizado trabajos o adquirido materiales o  prestación de servicios, sin acogerse al procedimiento legalmente establecido en la Ley de Contratos del Sector Público”. Esto significa que el Ayuntamiento de Pozoblanco, incide Calero, “está acostumbrado a saltarse la normativa vigente para estos casos. Lo normal, y lo exigido por la ley, es que cada vez que se hace un contrato menor se abra expediente y se soliciten tres presupuestos, así como que todos contratos, si superan el importe máximo establecido para un contrato menor, se saquen en procedimiento abierto. Esto es lo que se está exigiendo desde Intervención y lo que está provocando el colapso del pago a proveedores, por culpa de la ineptitud y dejadez del alcalde”, sentencia Miguel Calero. Y continúa, “desde hace más de un año, el contrato para suministro de materiales de construcción está finalizado, sin que Santiago Cabello haya efectuado una nueva licitación. De esta manera, los materiales para obras municipales desde la finalización del contrato  se han comprado al margen del procedimiento legalmente establecido y lo peor es que dicha situación continúa actualmente”.

Para solucionar el atasco en el pago a proveedores, “cuya responsabilidad es solo y únicamente responsabilidad de quien ha pedido el trabajo, o sea, el Ayuntamiento”, cabrían, apunta Calero, dos posibilidades. “La primera es que el alcalde levante los reparos mediante decreto, con una resolución que justifique porqué se levanta el reparo y ordene el pago de esas facturas”. “Esta facultad es exclusiva del alcalde y no es delegable, y suele utilizarse de forma habitual en los ayuntamientos cuando la causa es justificada, además de ser la más rápida para que los proveedores puedan cobrar”. El problema, continúa el portavoz de IU, es “que el alcalde no es capaz de asumir su responsabilidad y solo echa balones fuera. Si ha sido tan valiente para saltarse el procedimiento, debería serlo igualmente para firmar el denominado levantamiento de reparos y resolución de discrepancias, que desatascaría una parte del pago pendiente a proveedores”.

“Otra posibilidad de solución para los casos de paralización por omisión de fiscalización es el inicio del procedimiento de revisión de oficio, previo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, para poder indemnizar por los trabajos realizados y no abonados”. Si el Ayuntamiento continúa con su inacción, a las empresas afectadas solo les queda iniciar una reclamación vía judicial para que se les abonen las facturas y los intereses de demora. Calero ha indicado que se ha solicitado, por parte de IU, una reunión con la Asociación de Empresarios de Pozoblanco para abordar esta grave situación y plantear posibles  soluciones.

Desde Izquierda Unida Pozoblanco la preocupación mayor está en que ni se levantan los reparos, ni se inicia el procedimiento de revisión, con lo cual no se pagan las facturas, y, además, se siguen haciendo las cosas igual con lo que el problema, lejos de solucionarse, va aumentando como una bola de nieve. Estas facturas impagadas podrían, además, afectar a obras como las del PROFEA o a los Planes de Diputación, que vienen financiadas con subvenciones de otras administraciones y si finaliza el plazo para su justificación y las facturas no se han abonado, podrían perderse las subvenciones concedidas, con el consiguiente perjuicio económico para las arcas del Ayuntamiento pozoalbense.       

Calero ha insistido en que “al alcalde, Santiago Cabello y a su equipo de gobierno, se les llena la boca diciendo que defienden a empresarios y autónomos, pero se están convirtiendo en un verdadero problema para el tejido productivo de la localidad, con su inacción y dejación de funciones, ya que solamente el alcalde puede solucionar este problema”. Para finalizar recalca que “gobernar es gestionar y solucionar los problemas cotidianos de las personas de tu localidad y no solo hacerse fotos y estar todo el día en redes sociales”.

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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches

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Hospital Valle de los Pedroches
Fuente: CSIF

CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.

CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.

Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.

El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.

CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.

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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada

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La Colada
Fuente: Izquierda Unida Córdoba

El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.

Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.

Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.

La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.

Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.

La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.

En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.

Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.

“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.

Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.

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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’

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Planta de biogás

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.

En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.

De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.

Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.

En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.

Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.

En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.

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