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La Diputación firma las Addendas a los convenios del IPBS en materia de Ayuda a Domicilio
La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social, rubrica las addendas a los convenios de colaboración firmados en 2011 -con las 67 entidades locales de la provincia menores de 20.000 habitantes y dos ELA´s- para la gestión del servicio provincial de Ayuda a Domicilio de 2017, por valor de más de 28 millones de euros.
En concreto, la cuantía total que supone el desarrollo del servicio a domicilio recogido en estas addendas asciende, una vez reducida la aportación económica de los usuarios 401.676 euros, a 28.016.686 euros, lo que supone ejecutar un total de 2.322.429 horas distribuidas entre 4.152 usuarios.
Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y la presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social, Felisa Cañete, quienes han afirmado que “con la firma de estas addendas la Institución Provincial permite que se ponga a disposición de la provincia de Córdoba y de aquellas personas que más lo necesitan más de 28 millones de euros y lo hace con el objetivo de afianzar uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar social que es la atención a personas en situación de dependencia, asegurando así, la atención y cuidados de los más de 4.000 usuarios de este servicio que hay en nuestra provincia”.
Como novedad, tanto Ruiz como Cañete han asegurado que “la Diputación de Córdoba efectuará el pago a los ayuntamientos el primer mes del trimestre, para aliviar las arcas municipales”. Igualmente, han informado que “el equipo de gobierno pretender aumentar la cuantía de la hora a los consistorios hasta los 13 euros/hora”.
Ambos dirigentes han alabado “el importante trabajo que realizan todas las personas implicadas en las Ayudas a Domicilio, prestando así un servicio de calidad en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba”.
Además, Ruiz ha resaltado “la importancia que la Ley de Dependencia supuso para el estado social ya que permitió que los usuarios fueran atendidos de forma digna en sus municipios, con la importante generación de empleo suponía. Una ley que facilita la autonomía de las personas en situación de dependencia en su medio habitual, permitiendo así que permanezcan en el entorno en el que desarrollan sus vidas estas personas”.
El presidente de la Diputación ha recalcado que “tenemos la responsabilidad de proporcionarles una mayor calidad de vida y poniendo los medios necesarios a su alcance para que no se tengan que marchar de su hogar para ser atendidos, porque eso facilita su atención, su autonomía y beneficia a la conciliación de sus familiares en los que también tenemos la responsabilidad de pensar y de ayudar”.
Además, Ruiz ha apostillado que “la necesidad de la prestación de este servicio es una de las piedras angulares del recientemente presentado Plan Impulso se lo hemos dedicado a Córdoba Social. Porque entendemos que es imprescindible atender las necesidades, cada vez más crecientes, de una parte importante de la población y ésta debe estar en concordancia con otros agentes públicos y privados, incluyendo actuaciones vinculadas a políticas de empleo, de educación, de vivienda, de promoción de la salud, de desarrollo local en general y que contribuyan a combatir situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social”.
“Para ello, es imprescindible la configuración de modelo basado en la colaboración y coordinación entre administraciones, en el que participen conjuntamente los Ayuntamientos, las Delegaciones Territoriales de la Administración Autonómica y la Diputación Provincial, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social, instrumento sobre el que recae la responsabilidad de poner en marcha y ejecutar, la hoja de ruta definida en el presente Plan, todo ello, sin olvidar otros agentes externos del ámbito privado” ha concluido el presidente.
Por otra parte, el máximo representante de la provincia ha afirmado que “hay que tener en muy en cuenta el gran impacto en el empleo que tienen estas políticas, y sobre todo entre un colectivo con mayor dificultad de inserción laboral como son las mujeres, que aglutinan un gran porcentaje del empleo que generan la ayuda a domicilio en la provincia”.
“Ha quedado más que demostrado que el sistema de atención a la dependencia y en este caso el servicio de Ayuda a domicilio es más que rentable socialmente hablando, lo cual ya es motivo suficiente para apostar por ello, pero también esta demostrado que es rentable económica, porque genera trabajo, crea riqueza y permite que muchas personas, sobre todo mujeres, tengan un empleo digno en su pueblo, ayudando a sus vecinos y vecinas que lo necesitan, y permitiendo que tanto cuidadores como pacientes y familiares puedan vivir dignamente en sus municipios sin necesidad de marcharse fuera, evitando así que nuestro medio rural quede despoblado” ha finalizado Antonio Ruiz.
Pozoblanco
En el caso del Ayuntamiento de Pozoblanco, ha sido el concejal de Servicios Sociales, Modesto Sánchez, el que ha firmado esta mañana el convenio de colaboración por el que el IPBS transferirá al Ayuntamiento un total de 1.042.227 euros que irán destinados al Servicio de Ayuda a Domicilio de la localidad.
Esta cantidad económica servirá para ejecutar 84.648 horas de servicio que tiene previsto desarrollar el Ayuntamiento de Pozoblanco a los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio que se hallan actualmente activos en el municipio.
“El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio muy necesario para Pozoblanco”, ha expresado Sánchez, quien se ha mostrado muy satisfecho con esta firma, y ha explicado que “la dotación de este año ha incrementado en un 8% con respecto a 2016, por lo que se podrán atender a más personas”.
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.
En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.
De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.
Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.
En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.
Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.
En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.
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