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La Diputación firma las Addendas a los convenios del IPBS en materia de Ayuda a Domicilio
La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social, rubrica las addendas a los convenios de colaboración firmados en 2011 -con las 67 entidades locales de la provincia menores de 20.000 habitantes y dos ELA´s- para la gestión del servicio provincial de Ayuda a Domicilio de 2017, por valor de más de 28 millones de euros.
En concreto, la cuantía total que supone el desarrollo del servicio a domicilio recogido en estas addendas asciende, una vez reducida la aportación económica de los usuarios 401.676 euros, a 28.016.686 euros, lo que supone ejecutar un total de 2.322.429 horas distribuidas entre 4.152 usuarios.
Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y la presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social, Felisa Cañete, quienes han afirmado que “con la firma de estas addendas la Institución Provincial permite que se ponga a disposición de la provincia de Córdoba y de aquellas personas que más lo necesitan más de 28 millones de euros y lo hace con el objetivo de afianzar uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar social que es la atención a personas en situación de dependencia, asegurando así, la atención y cuidados de los más de 4.000 usuarios de este servicio que hay en nuestra provincia”.
Como novedad, tanto Ruiz como Cañete han asegurado que “la Diputación de Córdoba efectuará el pago a los ayuntamientos el primer mes del trimestre, para aliviar las arcas municipales”. Igualmente, han informado que “el equipo de gobierno pretender aumentar la cuantía de la hora a los consistorios hasta los 13 euros/hora”.
Ambos dirigentes han alabado “el importante trabajo que realizan todas las personas implicadas en las Ayudas a Domicilio, prestando así un servicio de calidad en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba”.
Además, Ruiz ha resaltado “la importancia que la Ley de Dependencia supuso para el estado social ya que permitió que los usuarios fueran atendidos de forma digna en sus municipios, con la importante generación de empleo suponía. Una ley que facilita la autonomía de las personas en situación de dependencia en su medio habitual, permitiendo así que permanezcan en el entorno en el que desarrollan sus vidas estas personas”.
El presidente de la Diputación ha recalcado que “tenemos la responsabilidad de proporcionarles una mayor calidad de vida y poniendo los medios necesarios a su alcance para que no se tengan que marchar de su hogar para ser atendidos, porque eso facilita su atención, su autonomía y beneficia a la conciliación de sus familiares en los que también tenemos la responsabilidad de pensar y de ayudar”.
Además, Ruiz ha apostillado que “la necesidad de la prestación de este servicio es una de las piedras angulares del recientemente presentado Plan Impulso se lo hemos dedicado a Córdoba Social. Porque entendemos que es imprescindible atender las necesidades, cada vez más crecientes, de una parte importante de la población y ésta debe estar en concordancia con otros agentes públicos y privados, incluyendo actuaciones vinculadas a políticas de empleo, de educación, de vivienda, de promoción de la salud, de desarrollo local en general y que contribuyan a combatir situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social”.
“Para ello, es imprescindible la configuración de modelo basado en la colaboración y coordinación entre administraciones, en el que participen conjuntamente los Ayuntamientos, las Delegaciones Territoriales de la Administración Autonómica y la Diputación Provincial, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social, instrumento sobre el que recae la responsabilidad de poner en marcha y ejecutar, la hoja de ruta definida en el presente Plan, todo ello, sin olvidar otros agentes externos del ámbito privado” ha concluido el presidente.
Por otra parte, el máximo representante de la provincia ha afirmado que “hay que tener en muy en cuenta el gran impacto en el empleo que tienen estas políticas, y sobre todo entre un colectivo con mayor dificultad de inserción laboral como son las mujeres, que aglutinan un gran porcentaje del empleo que generan la ayuda a domicilio en la provincia”.
“Ha quedado más que demostrado que el sistema de atención a la dependencia y en este caso el servicio de Ayuda a domicilio es más que rentable socialmente hablando, lo cual ya es motivo suficiente para apostar por ello, pero también esta demostrado que es rentable económica, porque genera trabajo, crea riqueza y permite que muchas personas, sobre todo mujeres, tengan un empleo digno en su pueblo, ayudando a sus vecinos y vecinas que lo necesitan, y permitiendo que tanto cuidadores como pacientes y familiares puedan vivir dignamente en sus municipios sin necesidad de marcharse fuera, evitando así que nuestro medio rural quede despoblado” ha finalizado Antonio Ruiz.
Pozoblanco
En el caso del Ayuntamiento de Pozoblanco, ha sido el concejal de Servicios Sociales, Modesto Sánchez, el que ha firmado esta mañana el convenio de colaboración por el que el IPBS transferirá al Ayuntamiento un total de 1.042.227 euros que irán destinados al Servicio de Ayuda a Domicilio de la localidad.
Esta cantidad económica servirá para ejecutar 84.648 horas de servicio que tiene previsto desarrollar el Ayuntamiento de Pozoblanco a los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio que se hallan actualmente activos en el municipio.
“El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio muy necesario para Pozoblanco”, ha expresado Sánchez, quien se ha mostrado muy satisfecho con esta firma, y ha explicado que “la dotación de este año ha incrementado en un 8% con respecto a 2016, por lo que se podrán atender a más personas”.
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Solicitan el desdoble de una unidad del CEIP Ginés de Sepúlveda, de Pozoblanco, con urgencia
Las madres y los padres del alumnado de segundo curso de Educación Infantil (4 años) del CEIP Ginés de Sepúlveda, de Pozoblanco, solicitan a la Junta de Andalucía el desdoble de la clase, aclarando que es una reclamación “que solo se persigue la calidad educativa de sus hijos e hijas”.
El año pasado ya realizaron una serie de acciones para conseguir esta segunda línea y que una familia no se viese privada de la elección de centro. Finalmente no se concedió el desdoble y la mencionada familia se vio obligada a matricular a su hijo en otro centro distinto a su deseo. Este año, a los 25 escolares que marcaba la ratio como máximo se suma un nuevo alumno o alumna, llegando a 26, cuatro por encima de la ratio actual. Por lo tanto, vuelven a solicitarlo.
Por un lado, se ha abierto una petición en la plataforma Change.org donde se solicita la firma para apoyar esta reivindicación. Se puede acceder haciendo clic aquí.
También se ha remitido una carta a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, siendo éste su contenido:
“Las madres y los padres del alumnado de segundo curso de Educación Infantil del CEIP Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco nos dirigimos nuevamente a la Junta de Andalucía y a su Delegación Territorial de Educación para reclamar una respuesta justa y urgente ante la situación que afrontarán nuestros hijos e hijas durante el próximo curso escolar.
En junio de 2025, antes del comienzo del pasado curso, las familias ya solicitamos el desdoble de esta línea ante la elevada cantidad de alumnado matriculado. Advertimos entonces de las dificultades que supondría mantener a 25 niños y niñas de tres años en una única aula, especialmente teniendo en cuenta que entre ellos existían menores con necesidades específicas de apoyo educativo.
Nuestra petición no fue atendida y, durante todo el curso, una sola clase ha tenido que acoger a 25 niños y niñas.
Queremos expresar nuestro reconocimiento más sincero al profesorado y al conjunto de profesionales del CEIP Ginés de Sepúlveda. Gracias a su entrega, profesionalidad, sensibilidad y enorme esfuerzo, nuestros hijos e hijas han recibido una atención exquisita. Han trabajado más allá de lo razonablemente exigible para que ningún menor quedara atrás y para ofrecerles el cuidado, el aprendizaje y el acompañamiento que necesitan en una etapa decisiva de sus vidas.
Pero el compromiso del profesorado no puede servir para justificar la falta de recursos. Su vocación y esfuerzo no pueden sustituir indefinidamente la responsabilidad de la Administración educativa.
Un año después, lejos de mejorar, la situación se agrava. Para el próximo curso está prevista la incorporación de un nuevo alumno o alumna, por lo que el grupo pasará a estar formado por 26 niños y niñas de cuatro años en una única aula. Entre este alumnado existen, además, menores con necesidades específicas de apoyo educativo que requieren una atención más personalizada, continuada y adaptada.
No estamos hablando únicamente de una cifra o de una ratio. Estamos hablando de 26 niños y niñas, cada uno con su ritmo de aprendizaje, sus emociones, sus capacidades, sus dificultades y sus necesidades. Estamos hablando de una etapa esencial para su desarrollo personal, social y educativo, en la que la atención individualizada, la detección temprana de dificultades y la inclusión efectiva resultan fundamentales.
Con 26 menores en una sola clase se dificulta enormemente ofrecer esa atención personalizada, atender adecuadamente a la diversidad y garantizar que todo el alumnado disponga de las mismas oportunidades. Esta situación afecta especialmente a quienes necesitan un mayor apoyo, pero también repercute en el aprendizaje, la convivencia y el bienestar del conjunto del aula.
También poner en valor que la propia Junta de Andalucía reconoce que para una educación de calidad la ratio no puede ser superior a 22 alumnos, por lo tanto entienden que nuestra situación no favorece la educación de nuestros hijos, superando por cuatro escolares el número que ellos consideran adecuado como máximo.
Las familias no pedimos privilegios ni un trato de favor. Pedimos recursos suficientes, igualdad de oportunidades y una educación pública de calidad. Pedimos que nuestros hijos e hijas sean atendidos conforme a sus necesidades reales y no únicamente según criterios numéricos o administrativos.
Por todo ello, SOLICITAMOS:
- Que la Delegación Territorial autorice, con carácter urgente, el desdoble de la unidad de segundo curso de Educación Infantil —4 años— del CEIP Ginés de Sepúlveda, creando una segunda unidad que permita reducir el número de alumnos y alumnas por aula.
- Que se dote al centro del profesorado y de los recursos humanos necesarios para garantizar una atención educativa individualizada, inclusiva y de calidad.
- Que, mientras se tramita y hace efectivo el desdoble, se asigne de manera inmediata y estable profesorado adicional de apoyo y refuerzo durante toda la jornada escolar.
- Que esta petición sea valorada con los mismos criterios de equidad y dotación de recursos aplicados en otros centros educativos en los que se han autorizado desdobles de unidades.
- Que las familias recibamos una respuesta expresa motivada y por escrito antes del comienzo del curso escolar, evitando que esta situación vuelva a prolongarse sin una solución adecuada.
Después de un curso completo sosteniendo una clase de 25 alumnos y alumnas gracias al extraordinario esfuerzo de sus docentes, no sería justo ni responsable obligar al centro a afrontar un nuevo curso con 26 menores en una única aula.
La calidad educativa no puede depender únicamente de la buena voluntad y del sacrificio del profesorado. La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones. Para que sea real necesita aulas con unas ratios razonables, profesionales suficientes y recursos adecuados.
Nuestros hijos e hijas merecen aprender, crecer y desarrollarse en las mejores condiciones posibles. El profesorado merece disponer de los medios necesarios para realizar su trabajo. Y la Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de garantizarlo.
Por todo lo expuesto, instamos a la Delegación Territorial de Educación a escuchar a las familias, atender la realidad del centro y autorizar el desdoble solicitado antes del inicio del próximo curso.”
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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