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El CDeI de Pozoblanco presenta una moción para la anulación de las cartas de pago del Catastro
El grupo municipal de CDeI en el Ayuntamiento de Pozoblanco ha presentado la siguiente moción, para la anulación de las cartas de pago por cada revisión que ha efectuado la Dirección General del Catastro en Pozoblanco:
EL GRUPO MUNICIPAL DE CDeI, AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ELEVA AL PLENO, PARA SU CONOCIMIENTO, DEBATE Y POSTERIOR VOTACIÓN, LA SIGUIENTE MOCIÓN: PROPUESTA DE ANULACIÓN DE LAS CARTAS DE PAGO DE 60 EUROS POR CADA REVISIÓN QUE HA EFECTUADO LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO EN LA LOCALIDAD DE POZOBLANCO.
Exposición de motivos:
Desde CDeI, se vienen recogiendo numerosas quejas de ciudadanos de nuestra localidad, cuando han recibido en sus domicilios una notificación del Catastro, donde se les comunica la revisión efectuada y las modificaciones que según dicha revisión se aplican a los inmuebles de su propiedad, sitos en Pozoblanco, al mismo tiempo que reciben una carta de pago por importe de 60 euros por cada inmueble revisado.
Dichas quejas de los ciudadanos vienen fundamentadas, mayoritariamente, en que la revisión teóricamente efectuada, no se ha realizado mediante una visita de ningún técnico a su inmueble, por lo que en un gran número de expedientes, los propietarios están detectando innumerables errores por medio de los cuales, la cuota que venían pagando por el concepto de I.B.I. se aumenta enormemente, disparándose en casos a porcentajes desmesurados, respecto del importe anterior-
En la mayoría de los casos, dichos errores se deben a que la revisión que se ha efectuado, se ha hecho a través de ortofotos, fotos aéreas, etc, lo cual ha derivado en considerar como edificaciones elementos que para nada lo son, tales como piscinas cubiertas con lonas, toldos abiertos para evitar entrada de sol, zonas techadas como zona de sombra, pero sin cerramiento de ningún tipo, etc, incluso se han dado casos que rozan el ridículo, al tomar como edificaciones, almiares de paja o heno, formados por alpacas, debidamente amontonadas en las inmediaciones de alguna explotación ganadera.
Igualmente se están detectando errores, no atribuibles a los propietarios, consistentes en la inexactitud de la titularidad de los inmuebles, adjudicando de forma distinta a como debiera ser la titularidad de las propiedades.
Todo ello está derivando en la formulación de infinidad de quejas y reclamaciones, causando molestias a la ciudadanía al tener que acudir a presentar la correspondiente alegación, para lo cual el Ayuntamiento ha tenido que habilitar una oficina para recogida de incidencias.
Pero no sólo es importante la molestia a la que se está viendo sometida la ciudadanía, sino que en determinados casos, le está suponiendo un costo añadido, al tener que recurrir a técnicos y profesionales a fin de emitir certificados de mediciones, etc, para poder justificar así el error cometido por el Catastro y evitar de esta forma que su recibo anual del IBI se dispare en muchos casos a porcentajes totalmente desmesurados.
Si a todo lo expuesto, le sumamos que por la supuesta revisión de su inmueble, el catastro, le gira un recibo por dicho trabajo que asciende a 60 euros por cada revisión, nos encontramos con que se está gravando al ciudadano con una tasa por un servicio que a él, sólo le está causando perjuicios, (económicos porque le cobran un trabajo que él no ha encargado, y que parece ser que no está realizado con las debidas garantías, dada la gran cantidad de errores, además de aumentarle de forma descomunal su recibo del IBI, así como individuales porque tiene que molestarse en corregir el error cometido por el Catastro, en algunas ocasiones incluso con costo añadido al tener que pagar técnicos y profesionales para ello).
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de CDeI, en el Ayuntamiento de Pozoblanco,
PROPONEMOS:
Que desde el Ayuntamiento, se inicien los trámites para solicitar ante el Gobierno de España, Ministerio de Hacienda, Dirección General del Catastro, que se anulen las cartas de pago enviadas a los ciudadanos, exigiéndoles el pago de 60 euros por cada inmueble revisado, por estimar que dicha revisión no se ha efectuado con las garantías suficientes para los propietarios, y observando que con la mecánica que se ha llevado a cabo dicha revisión, se han producido multitud de errores, que en ningún caso pueden ser imputables a los ciudadanos, y que le están provocando molestias y perjuicios además de gastos imprevistos
Que, con el fin de que esta petición sea suscrita, si así lo aprueban, se envíe copia de esta moción al Pleno de la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches, y a los distintos Ayuntamientos de los Pedroches, así como a la Diputación provincial y a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, Agencia Tributaria de Andalucía.
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.
En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.
De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.
Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.
En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.
Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.
En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.
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