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Dos personas de una empresa pozoalbense, supuestas autoras de un delito por la venta fraudulenta de jamones
La empresa investigada supuestamente utilizaba de manera ilícita y no autorizada el nombre de la Denominación de Origen Protegida “Los Pedroches”, para etiquetar sus productos
Los jamones intervenidos se encontraban expuestos para la venta y comercialización en una caseta del recinto ferial de Córdoba.
La empresa investigada supuestamente utilizaba de manera ilícita y no autorizada el nombre de la Denominación de Origen Protegida “Los Pedroches”, para etiquetar sus productos
La Guardia Civil con la colaboración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Los Pedroches”, dentro del Procedimiento Operativo de Colaboración entre la Guardia Civil y Origen España (Asociación Española de Denominaciones de Origen), ha procedido a la investigación de una empresa ubicada en la zona Norte de la provincia por la comercialización de jamones que supuestamente simulaban estar amparados por esta figura de calidad diferenciada reconocida por la Unión Europea mediante el Reglamento (UE) Nº 775/2010 de la Comisión de 2 de septiembre de 2010 por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas (Los Pedroches DOP).
El supuesto fue detectado tras tener conocimiento la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, a través del Consejo Regulador de la denominación de Origen Protegida “Los Pedroches”, que en una caseta del recinto ferial El Arenal de Córdoba, con motivo de la celebración de la feria de Nuestra Señora de la Salud, se encontraban expuestos y comercializándose productos derivados del cerdo ibérico (jamones) utilizando de manera ilícita y no autorizada el nombre de la Denominación de Origen Protegida “LOS PEDROCHES”, situación expresamente prohibida por el Reglamento (UE) Nº 1151/2012, de 21 de noviembre, relativo a la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agroalimentarios.
Ante ello, inmediatamente, la Guardia Civil se desplazó al recinto ferial del Arenal, donde en el interior de una caseta de feria se localizaron e identificaron los productos objeto de la denuncia, expuestos y listos para su consumo, procediéndose a la comprobación de los extremos denunciados, a la intervención de los citados productos ilícitos (jamones), así como documentación y cartelería relacionada con tal actividad.
Tras identificar a los responsables de la actividad y averiguar que los mismos tenían ubicada su sede jurídica en la localidad de Pozoblanco se procedió a la investigación de los dos responsables de la marca comercial no autorizada, como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial y otro delito de estafa.
En el registro practicado en la sede se intervino cartelería, etiquetas y vitolas utilizadas para identificar y marcar los jamones con la supuesta calidad y zona geográfica de Denominación de Origen Protegida “Los Pedroches”.
En el trascurso de la investigación, se ha llegado a comprobar, que los investigados practicaban diferentes compras de jamones ibéricos no acogidos a la denominación de origen protegida, los trasladaban a sus instalaciones, los almacenaban, les retiraban sus etiquetas y marcaje de origen, para posteriormente colocar el marcaje, etiquetas y cartelería de una marca que utilizaba indebidamente el término protegido “Los Pedroches”. A partir de ese momento, los distribuían principalmente a demandantes que regentaban o eran responsables del catering en casetas de ferias y diferentes fiestas tradicionales que se celebran en localidades de Córdoba y Sevilla.
Según el Reglamento de la UE que regula la calidad de los productos agrícolas y alimenticios, no puede hacerse referencia a estos términos geográficos sin estar amparados en la correspondiente Denominación de Origen Protegida.
La Guardia Civil intervino a la empresa diferente documentación relativa al delito investigado y a la facturación de los productos intervenidos. Dicha documentación será analizada y puesta a disposición judicial para valorar la entidad del fraude.
La Guardia Civil y la asociación Origen España, firmaron en 2016 el mencionado procedimiento de colaboración, con el fin de agilizar y mejorar la comunicación entre ambas instituciones y así lograr una mayor eficiencia en la investigación de actividades ilícitas relacionadas, garantizando así la seguridad alimentaria, la salud pública y los derechos de los consumidores. Este caso es una muestra más de los buenos resultados que se están consiguiendo con este procedimiento de colaboración.
La Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba destaca la importancia de este tipo de investigaciones, teniendo en cuenta que la provincia de Córdoba cuenta con siete denominaciones de origen protegidas, auténtico motor social, económico y de desarrollo de las comarcas y productos amparados por su protección.
Investigados y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.
En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.
De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.
Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.
En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.
Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.
En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.
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