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El Programa de Concertación y Empleo 2018 pondrá en circulación 8,7 millones de euros generando 2.100 contratos en la provincia
El Pleno aprueba de manera definitiva la Acción Concertada, que supondrá la ejecución de 654 actuaciones en 80 entidades locales
El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado de manera definitiva el Programa Anual de Concertación y Empleo 2018, programa que cuenta con un presupuesto de 8,7 millones de euros y al que se han presentado 654 proyectos de un total de 80 entidades participantes.
La portavoz del Grupo Provincial Socialista, Ana Carrillo, ha explicado que “este plan dota de capacidad económica a nuestros municipios permitiendo inversiones en infraestructuras, mejorando servicios públicos y generando empleo y riqueza”.
En este sentido, Carrillo ha recordado que dentro de este plan “los ayuntamientos tenían que cumplir con el requisito de que al menos el 50% de lo que reciben fuese a empleo, generándose en este caso más de 2.100 contratos en la provincia”.
En definitiva, ha continuado, “son 8,7 millones de euros de los cuales 8,1 son para la concertación y 600.000 euros para el Plan de Empleo de la Zona Norte, una cuantía que duplica a los 300.000 de antes”.
En cuanto a los beneficiarios, la también delegada de Desarrollo Económico en la Diputación ha recordado que “son beneficiarias 80 entidades locales y se han recogido 654 proyectos que los alcaldes y alcaldesas, dentro de su autonomía local, han decidido a qué líneas de actuación iban entre más de once propuestas”.
Así, por áreas, el 17,86% de los proyectos (1.537.649 euros) se enmarca en el epígrafe ‘Vivienda y urbanismo (pavimentación de vías públicas), el 14,35% (1.248.673 euros) se corresponde con actuaciones de ‘Bienestar comunitario 2’ (Limpieza, cementerios y alumbrado) y otro 14,01% y 11,68% es para proyectos de medio ambiente y deporte, respectivamente. Las actuaciones deberán estar finalizadas a 31 de diciembre de este año, aunque los ayuntamientos podrán solicitar una prórroga de cuatro meses.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
Otro de los asuntos tratados en el Pleno ha sido el cumplimiento, por parte de la Diputación, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En este sentido, ha destacado que “estamos trabajando para localizar en todas las actuaciones, programas y en la gestión de la Diputación estos objetivos y los estamos alineando; además, estamos llevando a numerosas jornadas de trabajo y talleres el trabajo que estamos haciendo en este sentido”.
“Por un lado, estamos trabajando en el ámbito internacional en las directrices aprobadas por el Departamento de Cooperación Internacional y, por otro, en el ámbito interno de la administración para acercar a los organismos y departamentos los ODS, a las entidades locales y a la sociedad civil”, ha manifestado
INVERSIONES EN CARRETERAS Y CAMINOS
Por su parte, el portavoz de IU en la Diputación, Francisco Ángel Sánchez, ha valorado la aprobación del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018, “que hemos decidido que se destine a la red viaria en esta anualidad, a actuaciones en 10 carreteras provinciales por un importe de 3 millones de euros y a la Estación de Tratamiento de Aguas de Sierra Boyera; todo unido a ese compromiso de la Junta de Andalucía de unir La Colada y Sierra Boyera”.
Por otra parte, se ha referido a la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones para financiar los costes de los materiales del PFEA de 2018. Sánchez ha recordado que “el 75-80% de la mano de obra viene subvencionada por el SEPE y el 20-25 % corresponde a los materiales, de los que la Junta aporta el 75% y el 25% la Diputación”. “Aprobamos las bases para que ese 25% de materiales los puedan solicitar los ayuntamientos, que suponen unos 2,7-2,8 millones de euros”, ha matizado.
Finalmente, el también delegado de Caminos Rurales se ha referido a la aprobación definitiva del Plan de Reposición y Mejora de Caminos de Titularidad Municipal, al que se han presentado 81 solicitudes, y ha valorado la aprobación de cinco convenios con los ayuntamientos de El Carpio, Valsequillo, Benamejí, Belmez y Valenzuela “para el arreglo de carreteras que, en un momento determinado, quedaron en el limbo de la titularidad. Un ejemplo lo tenemos en El Carpio, con quien se firma un convenio por 200.000 euros que va a permitir la conexión del núcleo principal con la aldea de San Antonio y además la entrada y salida de la Nacional Madrid-Sevilla”.
ADHESIÓN AL PACTO DE MILÁN
Todos los portavoces de los grupos políticos con representación en la institución provincial ha aprobado una declaración institucional con la que se suman al pacto de Política Alimentaria Urbana ¡de Milán y se comprometen a participar más activamente en la mesa de coordinación de dicho plan en Córdoba.
Este plan busca involucrar a todos los sectores del sistema alimentario (autoridades locales, técnicos, productores, sector privado y sociedad civil) en el desarrollo y evaluación de políticas, programas e iniciativas en el campo alimentario.
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.
En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.
De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.
Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.
En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.
Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.
En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.
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