Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.

En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.

De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.

Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.

En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.

Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.

En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.

Ante el proyecto de ampliación de la macroexplotación porcina en el paraje de ‘El Ladrillar’ en Alcaracejos, desde el Partido Verde, antes Verdes EQUO, ha mostrado en un comunicado el “más absoluto rechazo“. Según indica, “mientras la comarca de Los Pedroches lucha por recuperarse de una crisis hídrica sin precedentes que dejó a miles de personas sin agua potable durante meses, resulta incomprensible que la administración contemple, siquiera por un momento, permitir una ampliación que consumirá 26 millones de litros de agua anuales“.

Para el Partido Verde, este proyecto es un síntoma de un modelo agotado. Salustiano Luque, coportavoz provincial, ha sido tajante al respecto: “Parece que la administración no ha aprendido nada de la crisis de La Colada. Otorgar luz verde a un proyecto que detrae 26 millones de litros de agua anuales de unos acuíferos ya tensionados es una irresponsabilidad política que hipoteca el futuro de la comarca. No podemos seguir favoreciendo la instalación de balsas de purines en un territorio cuyo suelo y agua son bienes comunes que debemos proteger desesperadamente”.

Ana María Carnero, coportavoz del Partido Verde en Córdoba, ha querido poner el foco en el impacto social y económico para los habitantes de la zona: “La falacia del empleo debe ser desmontada; este modelo de macrogranjas no es ganadería, es industria química en suelo rústico. No genera tejido social, sino que desplaza a las familias ganaderas que apuestan por la cría extensiva y el respeto a la dehesa. La realidad es que gran parte de los beneficios acaban en manos de grandes fondos de inversión ajenos al territorio, mientras que el impacto ambiental lo soportamos quienes vivimos aquí”.

Por tanto, el Partido Verde reclama “la denegación inmediata de la licencia de ampliación al no cumplir con el principio de precaución ni con la mínima sensibilidad ante la crisis hídrica que padece el norte de la provincia; una auditoría real del impacto ambiental acumulado en Los Pedroches, analizando el efecto conjunto de todas las explotaciones intensivas sobre la capacidad de carga del ecosistema y apoyo real a la ganadería extensiva, la administración debe redirigir los fondos públicos hacia los pequeños y medianos ganaderos que vertebran nuestra economía y cuidan el paisaje“.

“La transición ecológica no es un lema, es una necesidad de supervivencia“, concluyen ambos coportavoces. “Si la Junta de Andalucía sigue apostando por el modelo de la macrogranja, están eligiendo activamente el camino de la desertificación. En el Partido Verde no seremos cómplices: seguiremos apoyando a los vecinos y colectivos que se organizan para defender su agua, su tierra y su futuro“.

La dirección provincial de Izquierda Unida Córdoba ha criticado la gestión que el Gobierno andaluz está realizando de la playa de La Colada tras su nuevo cierre al baño por los elevados niveles de contaminación, apenas unos días después de haber autorizado su reapertura. Para la organización, esta forma de actuar evidencia una gestión “basada en la improvisación” que genera incertidumbre y puede comprometer la salud de la ciudadanía.

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha recordado que la formación ya advirtió la pasada semana de que la playa no reunía las condiciones adecuadas para el baño y ha señalado que “los hechos han vuelto a demostrar que el problema sigue existiendo y que no se puede ocultar con campañas de imagen ni con decisiones precipitadas”.

“Lo preocupante es que la Junta sigue sin actuar sobre el origen del problema. La contaminación continúa ahí porque el Partido Popular se niega a afrontar las inversiones necesarias para erradicarla. Mientras tanto, se transmite una sensación de normalidad que la realidad acaba desmintiendo pocos días después”, ha afirmado.

Desde Izquierda Unida consideran que la apertura de la playa tras una mejora puntual de los análisis fue una decisión precipitada. “Lo prudente habría sido esperar a contar con varios resultados consecutivos que confirmaran la estabilidad de la calidad del agua antes de permitir nuevamente el baño. No se puede gestionar un espacio de estas características a golpe de análisis aislados cuando está en juego la salud pública”, ha añadido Pérez.

La organización también ha criticado la respuesta del Partido Popular tras las denuncias realizadas por IU en redes sociales. “En lugar de asumir responsabilidades, prefirieron desacreditar nuestras advertencias. Sin embargo, la realidad ha vuelto a imponerse y la playa ha tenido que cerrarse otra vez”, ha señalado el coordinador provincial.

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha reclamado al Gobierno andaluz que “abandone las actuaciones coyunturales y afronte de una vez las infraestructuras que el norte de la provincia necesita”.

“Más de 80.000 vecinas y vecinos siguen esperando una solución definitiva. Es imprescindible impulsar una potabilizadora de última generación y mejorar las depuradoras para eliminar el problema de la contaminación y garantizar un suministro de agua de calidad”, ha manifestado.

Rodríguez ha insistido en que “la obligación de cualquier administración es ofrecer seguridad y certezas a la ciudadanía. No es aceptable abrir una playa y volver a cerrarla pocos días después porque eso demuestra ausencia de planificación y una gestión que no está a la altura de lo que merece el norte de Córdoba”.

Izquierda Unida ha reiterado que continuará exigiendo a la Junta de Andalucía que actúe sobre las causas de la contaminación y abandone una política que, a su juicio, “prioriza la propaganda frente a las soluciones”, garantizando unas infraestructuras hidráulicas que respondan a las necesidades de la comarca y protejan la salud de la población.