El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pozoblanco ha presentado una moción para su debate y aprobación en pleno del mes de Febrero con el objetivo de defender el sistema público de dependencia y exigir a la Junta de Andalucía medidas urgentes ante el grave deterioro del servicio en la provincia de Córdoba y, especialmente, en la comarca de Los Pedroches.

La moción pone el foco en la situación límite que atraviesa el Sistema Andaluz de Dependencia. En Andalucía, a enero de 2026, el retraso medio en la resolución de expedientes alcanza los 488 días, cuando la ley establece un plazo máximo de 180. Además, más de 40.000 personas continúan en lista de espera y cerca de 7.000 fallecieron en 2025 sin haber recibido la ayuda reconocida.

Desde el Grupo Municipal Socialista se subraya que esta realidad “no es una cifra abstracta”, sino que afecta directamente a cientos de familias en la provincia de Córdoba que permanecen en el denominado “limbo de la dependencia”. En municipios como Pozoblanco, donde el envejecimiento poblacional es superior a la media andaluza y muchos mayores viven solos o en núcleos rurales dispersos, el impacto es aún mayor.

La moción también denuncia el deterioro del Servicio Andaluz de Teleasistencia, un recurso esencial para garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas mayores. Entre los problemas detectados se encuentran retrasos de hasta 20 minutos en la respuesta ante emergencias, listas de espera para la instalación de terminales, reducción de llamadas de seguimiento y sobrecarga del personal.

“Cuando falla la dependencia y falla la teleasistencia, lo que falla es la red básica de protección de nuestros mayores”, señalan los socialistas, que advierten de las consecuencias directas de esta situación: sobrecarga de cuidadores no profesionales, situaciones económicas límite, ingresos prematuros en residencias y deterioro de la calidad de vida.

A través de esta moción, el Grupo Municipal Socialista solicita:

• La reducción urgente de los tiempos de tramitación hasta cumplir el plazo legal de 180 días.
• La eliminación efectiva de la lista de espera en la provincia de Córdoba y la activación inmediata de prestaciones ya reconocidas en Pozoblanco y la comarca de Los Pedroches.
• El refuerzo estable de las plantillas profesionales del sistema de dependencia.
• La restitución de la calidad del Servicio Andaluz de Teleasistencia, garantizando instalación sin demoras, respuesta inmediata ante emergencias y recuperación de llamadas de seguimiento.
• Mayor transparencia y publicación de datos desglosados por provincia y comarca.

El concejal Gerardo Arévalo Galán ha presentado en el Ayuntamiento de Pozoblanco una moción para impulsar medidas concretas de retirada y sustitución progresiva de elementos con amianto (fibrocemento), con especial atención a las tuberías de la red de agua, así como la aprobación de un protocolo municipal de avisos inmediatos a la población ante episodios de turbidez, roturas o cortes de suministro.

Arévalo ha explicado que, tras la Comisión, y dado que el Ayuntamiento ha informado de que ya se está elaborando un censo de amianto con apoyo de una ayuda de la Diputación, ha decidido retirar de su propuesta la parte relativa al censo y centrar la moción en lo que considera el siguiente paso imprescindible: planificar y ejecutar la retirada y sustitución, y mejorar la información a la ciudadanía cuando haya incidencias.

La moción cita el Estudio de Viabilidad del Ciclo Integral del Agua (2019), publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que estimaba una red de abastecimiento de 63.684 metros, de los cuales un 69% (44.156 m) serían de fibrocemento. El concejal subraya que, al margen de la cifra exacta actual, es necesario contar con información técnica actualizada para priorizar tramos, programar sustituciones y reducir averías.

Entre los acuerdos propuestos, la moción plantea lo siguiente:

• Requerir a Hidralia, como concesionaria del ciclo integral del agua, para que en un plazo máximo de 60 días remita al Ayuntamiento y a los portavoces un informe técnico actualizado, incluyendo metraje por material, zonificación/sectorización, histórico de averías e información georreferenciada cuando sea viable.
• Aprobar de forma prioritaria un calendario de retirada y sustitución de elementos con amianto/fibrocemento, priorizando centros educativos, instalaciones deportivas, edificios municipales y tramos de red por antigüedad o mayor riesgo.
• Encargar un plan específico de sustitución progresiva de conducciones de fibrocemento (abastecimiento/saneamiento), con costes, fases, prioridades y cronograma, e instar formalmente la cofinanciación a Diputación, Junta de Andalucía y, en su caso, a la Administración General del Estado, además de concurrir a líneas de ayuda.
• Recordar que cualquier actuación deberá ejecutarse conforme al RD 396/2006, con empresas especializadas y medidas de seguridad exigibles.
• Aprobar un protocolo municipal de avisos inmediatos a la población ante roturas, turbidez o cortes de suministro, con información sobre zona afectada, duración estimada, recomendaciones y actualizaciones, conforme a las obligaciones de comunicación del Real Decreto 3/2023.
• Establecer un seguimiento trimestral con informe telemático a todos los portavoces sobre sustituciones ejecutadas o en curso y planificación siguiente.

“Desde hace décadas sabemos que el amianto es perjudicial para la salud. En Pozoblanco seguimos transportando el agua que bebemos por tramos ejecutados con fibrocemento, un material que contiene amianto, y además hablamos de conducciones envejecidas y desgastadas, con roturas y averías recurrentes y episodios de turbidez que generan inquietud”, ha señalado Arévalo.

“En la Comisión se nos informó de que el Ayuntamiento ya está elaborando un censo con apoyo de una ayuda de la Diputación. En coherencia con lo comprometido, pongo el foco en lo esencial: calendario de retirada, plan de sustitución, búsqueda de financiación y, desde ya, avisos inmediatos a la población cuando haya agua turbia, roturas o cortes, para que la ciudadanía pueda prevenir y conocer la incidencia con claridad”, ha añadido.

El concejal ha mostrado su disposición a que la moción se tramite con “consenso institucional”, con el compromiso del Ayuntamiento de corregir deficiencias arrastradas desde hace años y de ejecutar un plan realista, claro y accesible para los habitantes.

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha pedido una moratoria en la instalación de plantas de biogás y biometano en la provincia a la espera de una legislación autonómica que las regule y garantice la sostenibilidad y su afección medioambiental.

En una moción que el Grupo Socialista llevará a pleno la próxima semana, Morales advierte de que estos proyectos, hasta 18 en desarrollo actualmente en la provincia (uno de ellos en Dos Torres), deben conjugar el impacto económico, laboral y de desarrollo de los municipios en los que se asienten con las máximas garantías medioambientales y contar para ello con una evaluación de impacto en salud, con transparencia y con la participación de las instituciones y agentes sociales locales.

Para ello, pedirá el apoyo de la Corporación Provincial para instar al Gobierno de Moreno Bonilla que garantice un despliegue adecuado y ordenado de las plantas de biogás en el territorio de la Comunidad Autónoma con un marco normativo que salvaguarde la protección ambiental y seguridad jurídica, desde la transparencia y mayor participación en su desarrollo, “elaborando una legislación autonómica clara y coherente que regule y unifique criterios de ordenación del territorio y los medios de control y seguimiento en el funcionamiento de las plantas de biogás, priorizando la protección de los ecosistemas, la salud y calidad de vida de la ciudadanía de los territorios donde se instalan”.

Morales ha insistido en que es la Junta de Andalucía la administración competente que debe dotar de medios técnicos y humanos suficientes en la inspección, control y seguimiento tanto de la implantación como en el desarrollo de la actividad de las plantas de biogás, así como desarrollar una normativa sectorial específica relativa a las industrias de biogás y biometano que defina una implantación “racional, equilibrada y sostenible priorizando los criterios de interés social en su ubicación y aportando una mayor seguridad jurídica a las entidades locales en lo relativo a su tramitación administrativa, distancia mínima a núcleos de población u obligatoriedad de informes de evaluación de impacto en la salud y de vientos predominantes y olores que garantice la seguridad jurídica en el otorgamiento de licencias”.

Para ello, se solicita la suspensión cautelar de la tramitación administrativa y medioambiental de los proyectos de las plantas de biogás y biometano hasta contar con dicha normativa, al tiempo que la agilización de los procedimientos inmersos que afectan a los planeamientos urbanísticos relativos a la implantación de estas plantas.

Por último, la moción socialista pide la publicación del mapa completo de las plantas de biogás y biometano en tramitación en la provincia de Córdoba, especificando su ubicación, características y estado administrativo en cada municipio.

Con todo, el PSOE de Córdoba ha querido dejar constancia de su apuesta por el impulso de las energías renovables y una transición ecológica hacia modelos de desarrollo justos y sostenibles en el marco de la economía circular para conseguir la descarbonización, un objetivo que , sin embargo, está generando rechazo social en determinados sectores ante la localización inadecuada de los plantas de biogás y biometano cercanas a los núcleos urbanos y una falta de información real y veraz por parte de la Junta de Andalucía.

Actualmente hay en desarrollo alrededor de 18 proyectos de plantas de biogás en la provincia que suman una inversión global de 307,6 millones de euros y una capacidad de tratamiento de 3,1 millones de toneladas de biomasa.