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La Junta respaldará a la ganadería extensiva con ayudas que suman 40 millones de euros
Beneficiarán a unos 1.400 ganaderos y contribuirán a mejorar la renta, luchar contra el cambio climático y evitar incendios
Beneficiarán a unos 1.400 ganaderos y contribuirán a mejorar la renta, luchar contra el cambio climático y evitar incendios
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de que pondrá a disposición del sector ganadero andaluz una línea de ayudas para respaldar a los profesionales que apuestan por los sistemas sostenibles de ganadería extensiva de ovino, caprino y vacuno, así como por el mantenimiento de las técnicas tradicionales de pastoreo. Con una dotación presupuestaria de 40 millones de euros, se estima que podrían beneficiarse de estas subvenciones alrededor de 1.400 ganaderos, cuyas explotaciones sumarían, en total, unas 240.000 hectáreas.
De esta forma, la Junta busca ofrecer todo el apoyo posible a la ganadería extensiva de Andalucía, que se está viendo afectada por la crisis sanitaria por Covid-19. La declaración en España del estado de alarma está suponiendo numerosas dificultades en la gestión diaria de sus explotaciones y empresas, así como un importante descenso en el consumo como consecuencia del cierre de hoteles y restaurantes.
El Gobierno andaluz prevé que estos incentivos tengan un impacto importante en el sector contribuyendo a paliar los efectos negativos que desde el punto de vista económico se derivan de la pandemia. Asimismo, supondrán también un impulso para la implantación de un modelo de lucha contra el cambio climático y en favor de la prevención de incendios y la conservación del paisaje.
Explotaciones de ovino y caprino
Por otro lado, la Consejería ha informado también de que ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sus alegaciones al proyecto de Real Decreto que el Ejecutivo central está elaborando para ayudar a las explotaciones de ovino y caprino mediante subvenciones relativas a la salida de corderos y cabritos para sacrificio. Además, la Junta ha transmitido también al Gobierno de la Nación la necesidad de que se adopten urgentemente todas las medidas posibles de apoyo a este sector. Para la Junta, estas actuaciones y las líneas de subvenciones que se habiliten desde el Ministerio a través de la nueva normativa deben tener una perspectiva amplia, contar con la suficiente dotación presupuestaria e ir acompañadas, necesariamente, de un programa de congelación y almacenamiento privado de carne de cordero y cabrito.
Alegaciones y propuestas
Entre otras modificaciones del Real Decreto propuestas al Ministerio, se encuentra la inclusión de los cebaderos, los centros de tipificación y los pastos comunales entre los beneficiarios de las ayudas a las salidas de corderos y cabritos para sacrificio. En el caso de los pastos comunales, se propone su asimilación a explotaciones de reproducción para producción de carne.
Asimismo, la Junta considera necesario aumentar el tamaño mínimo exigido por el Ministerio de 30 a 50 reproductoras, al entender que la línea de ayudas debería dirigirse a explotaciones con una dimensión profesional y, por tanto, de mayor tamaño. Además, el Gobierno autonómico apuesta, atendiendo a razones de seguridad jurídica, por incorporar en el texto la edad mínima de las hembras que se consideran reproductoras. En concreto, propone establecer como criterio que los ejemplares hubieran superado los 12 meses a fecha de 1 de enero de 2020.
La Consejería responsable en materia de ganadería en Andalucía apunta que también es insuficiente el número máximo de corderos subvencionables incluido en el borrador del reglamento estatal (70 corderos). Con el fin de evitar que los incentivos resulten escasos para algunos productores, desde Andalucía se ha propuesto elevar esta cantidad hasta los 150 corderos para las explotaciones de reproducción y producción y a 500 animales en el caso de cebaderos y centros de tipificación.
De hecho, el borrador de la normativa solo contempla subvenciones para los corderos enviados a matadero en el periodo de alarma, excluyendo los ejemplares jóvenes destinados a reposición y los animales que se envíen a cebaderos o centros de tipificación de carácter comunitario. Sin embargo, la Junta de Andalucía defiende la importancia de contemplar también estos últimos, dado que la comercialización a través de este tipo de instalaciones ha demostrado ser una medida eficaz tanto para alcanzar y mantener mercados como para estabilizar la oferta y los precios.
Igualmente, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible considera necesario que se sustituya el requisito de que el matadero comunique en plazo el sacrificio de los corderos, por la obligatoriedad de que se notifique correctamente desde la explotación. En caso de mantenerse la redacción actual del borrador, podría darse el caso de que ganaderos que hubiesen realizado adecuadamente el proceso se vieran perjudicados por un retraso en la comunicación por parte del matadero.
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.
En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.
De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.
Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.
En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.
Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.
En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.
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