El concejal Gerardo Arévalo Galán ha presentado en el Ayuntamiento de Pozoblanco una moción para impulsar medidas concretas de retirada y sustitución progresiva de elementos con amianto (fibrocemento), con especial atención a las tuberías de la red de agua, así como la aprobación de un protocolo municipal de avisos inmediatos a la población ante episodios de turbidez, roturas o cortes de suministro.

Arévalo ha explicado que, tras la Comisión, y dado que el Ayuntamiento ha informado de que ya se está elaborando un censo de amianto con apoyo de una ayuda de la Diputación, ha decidido retirar de su propuesta la parte relativa al censo y centrar la moción en lo que considera el siguiente paso imprescindible: planificar y ejecutar la retirada y sustitución, y mejorar la información a la ciudadanía cuando haya incidencias.

La moción cita el Estudio de Viabilidad del Ciclo Integral del Agua (2019), publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que estimaba una red de abastecimiento de 63.684 metros, de los cuales un 69% (44.156 m) serían de fibrocemento. El concejal subraya que, al margen de la cifra exacta actual, es necesario contar con información técnica actualizada para priorizar tramos, programar sustituciones y reducir averías.

Entre los acuerdos propuestos, la moción plantea lo siguiente:

• Requerir a Hidralia, como concesionaria del ciclo integral del agua, para que en un plazo máximo de 60 días remita al Ayuntamiento y a los portavoces un informe técnico actualizado, incluyendo metraje por material, zonificación/sectorización, histórico de averías e información georreferenciada cuando sea viable.
• Aprobar de forma prioritaria un calendario de retirada y sustitución de elementos con amianto/fibrocemento, priorizando centros educativos, instalaciones deportivas, edificios municipales y tramos de red por antigüedad o mayor riesgo.
• Encargar un plan específico de sustitución progresiva de conducciones de fibrocemento (abastecimiento/saneamiento), con costes, fases, prioridades y cronograma, e instar formalmente la cofinanciación a Diputación, Junta de Andalucía y, en su caso, a la Administración General del Estado, además de concurrir a líneas de ayuda.
• Recordar que cualquier actuación deberá ejecutarse conforme al RD 396/2006, con empresas especializadas y medidas de seguridad exigibles.
• Aprobar un protocolo municipal de avisos inmediatos a la población ante roturas, turbidez o cortes de suministro, con información sobre zona afectada, duración estimada, recomendaciones y actualizaciones, conforme a las obligaciones de comunicación del Real Decreto 3/2023.
• Establecer un seguimiento trimestral con informe telemático a todos los portavoces sobre sustituciones ejecutadas o en curso y planificación siguiente.

“Desde hace décadas sabemos que el amianto es perjudicial para la salud. En Pozoblanco seguimos transportando el agua que bebemos por tramos ejecutados con fibrocemento, un material que contiene amianto, y además hablamos de conducciones envejecidas y desgastadas, con roturas y averías recurrentes y episodios de turbidez que generan inquietud”, ha señalado Arévalo.

“En la Comisión se nos informó de que el Ayuntamiento ya está elaborando un censo con apoyo de una ayuda de la Diputación. En coherencia con lo comprometido, pongo el foco en lo esencial: calendario de retirada, plan de sustitución, búsqueda de financiación y, desde ya, avisos inmediatos a la población cuando haya agua turbia, roturas o cortes, para que la ciudadanía pueda prevenir y conocer la incidencia con claridad”, ha añadido.

El concejal ha mostrado su disposición a que la moción se tramite con “consenso institucional”, con el compromiso del Ayuntamiento de corregir deficiencias arrastradas desde hace años y de ejecutar un plan realista, claro y accesible para los habitantes.

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha pedido una moratoria en la instalación de plantas de biogás y biometano en la provincia a la espera de una legislación autonómica que las regule y garantice la sostenibilidad y su afección medioambiental.

En una moción que el Grupo Socialista llevará a pleno la próxima semana, Morales advierte de que estos proyectos, hasta 18 en desarrollo actualmente en la provincia (uno de ellos en Dos Torres), deben conjugar el impacto económico, laboral y de desarrollo de los municipios en los que se asienten con las máximas garantías medioambientales y contar para ello con una evaluación de impacto en salud, con transparencia y con la participación de las instituciones y agentes sociales locales.

Para ello, pedirá el apoyo de la Corporación Provincial para instar al Gobierno de Moreno Bonilla que garantice un despliegue adecuado y ordenado de las plantas de biogás en el territorio de la Comunidad Autónoma con un marco normativo que salvaguarde la protección ambiental y seguridad jurídica, desde la transparencia y mayor participación en su desarrollo, “elaborando una legislación autonómica clara y coherente que regule y unifique criterios de ordenación del territorio y los medios de control y seguimiento en el funcionamiento de las plantas de biogás, priorizando la protección de los ecosistemas, la salud y calidad de vida de la ciudadanía de los territorios donde se instalan”.

Morales ha insistido en que es la Junta de Andalucía la administración competente que debe dotar de medios técnicos y humanos suficientes en la inspección, control y seguimiento tanto de la implantación como en el desarrollo de la actividad de las plantas de biogás, así como desarrollar una normativa sectorial específica relativa a las industrias de biogás y biometano que defina una implantación “racional, equilibrada y sostenible priorizando los criterios de interés social en su ubicación y aportando una mayor seguridad jurídica a las entidades locales en lo relativo a su tramitación administrativa, distancia mínima a núcleos de población u obligatoriedad de informes de evaluación de impacto en la salud y de vientos predominantes y olores que garantice la seguridad jurídica en el otorgamiento de licencias”.

Para ello, se solicita la suspensión cautelar de la tramitación administrativa y medioambiental de los proyectos de las plantas de biogás y biometano hasta contar con dicha normativa, al tiempo que la agilización de los procedimientos inmersos que afectan a los planeamientos urbanísticos relativos a la implantación de estas plantas.

Por último, la moción socialista pide la publicación del mapa completo de las plantas de biogás y biometano en tramitación en la provincia de Córdoba, especificando su ubicación, características y estado administrativo en cada municipio.

Con todo, el PSOE de Córdoba ha querido dejar constancia de su apuesta por el impulso de las energías renovables y una transición ecológica hacia modelos de desarrollo justos y sostenibles en el marco de la economía circular para conseguir la descarbonización, un objetivo que , sin embargo, está generando rechazo social en determinados sectores ante la localización inadecuada de los plantas de biogás y biometano cercanas a los núcleos urbanos y una falta de información real y veraz por parte de la Junta de Andalucía.

Actualmente hay en desarrollo alrededor de 18 proyectos de plantas de biogás en la provincia que suman una inversión global de 307,6 millones de euros y una capacidad de tratamiento de 3,1 millones de toneladas de biomasa.

El grupo municipal de Izquierda Unida en Pozoblanco ha emitido un comunicado denunciando el procedimiento convocatorias a comisiones, que “evidencia una forma de actuar reiterada por parte del equipo de gobierno del Partido Popular”:

“Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pozoblanco denunciamos públicamente una nueva irregularidad en la convocatoria de la Comisión de Personal correspondiente al mes de enero, que vuelve a evidenciar una forma de actuar reiterada por parte del equipo de gobierno del Partido Popular orientada a dificultar la labor de fiscalización de la oposición, a recortar la transparencia institucional y a improvisar una y otra vez.

Por acuerdo plenario, la Comisión de Personal junto con la Comisión de lo Social y la de Urbanismo debían celebrarse en fecha ordinaria el primer jueves del mes. El día inicialmente fijado era el 1 de enero, festivo. La normativa municipal establece de forma expresa que, cuando la fecha prevista coincide con un día festivo, la sesión debe celebrarse el siguiente día hábil a todos los efectos, es decir, el 2 de enero. Sin embargo, dichas comisiones no fueron convocadas ni en esa fecha ni en los días posteriores, sin que se ofreciera explicación alguna a los grupos de la oposición.

Finalmente, la Comisión de Personal fue convocada para el 15 de enero, remitiéndose la notificación a las 15:22 horas del mismo día, lo que la convirtió de facto en una comisión extraordinaria y urgente, suprimiendo además el punto de ruegos y preguntas, imprescindible para el ejercicio del control político por parte de la oposición.

La explicación ofrecida por el equipo de gobierno fue la de concentrar en una misma jornada las tres comisiones municipales —Personal, Servicios Sociales y Urbanismo— tras la modificación de su periodicidad en el pleno ordinario de diciembre, estableciéndose su celebración el primer jueves de cada mes. Sin embargo, desde Izquierda Unida consideramos que esta justificación no ampara en ningún caso una convocatoria extraordinaria y urgente, máxime cuando ninguna de las comisiones incluía asuntos de carácter urgente. Lejos de responder a una necesidad objetiva, esta forma de proceder evidencia improvisación y falta de planificación, utilizadas además como pretexto para suprimir el punto de ruegos y preguntas, esencial para el control democrático. En ningún momento se informó previamente a la oposición de un cambio de calendario ni de la decisión de celebrarlas el 15 de enero, casi dos semanas después de la fecha en la que legalmente deberían haberse convocado.

Además, parte de la documentación de la Comisión de Personal se remitió a las 16:02 horas, y el acta de la sesión anterior se envió a las 18:13 horas, apenas dos minutos antes del inicio de la Comisión de Servicios Sociales (18:15) y con la Comisión de Personal prevista para las 18:30 horas, imposibilitando materialmente su análisis previo.

Desde el Grupo Municipal de IU queremos subrayar que esta situación no es puntual. Desde que Santiago Cabello asumió la Delegación de Personal se han producido recortes continuados en el acceso a la información, que no solo no han sido revertidos por el actual delegado, Manuel Fernández, sino que se han consolidado. A ello se suma la práctica habitual de convocar comisiones de manera extraordinaria y urgente en lugar de ordinaria o extraordinaria, así como la exclusión sistemática del apartado de ruegos y preguntas en dichas convocatorias.

Resulta especialmente grave que, pese a que el día de celebración de las Comisiones de Personal se modificó para facilitar la asistencia del delegado —debido a que trabaja fuera de Pozoblanco de lunes a miércoles—, no se garantice ni la convocatoria en tiempo y forma ni el acceso adecuado a la documentación.

Todo ello responde a una estrategia clara: poner trabas a la oposición, limitar su capacidad de conocer los procedimientos que se desarrollan en el área de Personal e impedir la transparencia en un departamento clave para los derechos laborales del personal municipal.

Este equipo de gobierno aprovecha la mayoría absoluta que les facilitó la ciudadanía de Pozoblanco, para actuar al margen de los procedimientos establecidos y del respeto institucional que se debe guardar al resto de fuerzas políticas, que igualmente también son elegidas por la ciudadanía.

Desde Izquierda Unida exigimos el respeto a los acuerdos plenarios, a la normativa vigente y a los principios básicos de funcionamiento democrático, y reclamamos que se ponga fin a una forma de gobernar basada en la improvisación permanente, la falta de información y el menosprecio al papel de la oposición.”