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La Plataforma de Personas Mayores y Dependientes pide medidas para cumplir la ley de Dependencia

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La Plataforma de Personas Mayores y Dependientes pide medidas para cumplir la ley de Dependencia

Los promotores denuncian en el manifiesto leído hoy en Pozoblanco que más de 308 plazas concertadas de centros para mayores están sin cubrir mientras que muchas personas tienen que optar por pagar una plaza privada siempre que la consigan, porque también en este ámbito hay lista de espera y las cuotas mensuales superan sus posibilidades económicas.

La nueva Plataforma Ciudadana de Personas Mayores y Dependientes (PCMyD) ha alertado esta tarde del “gravísimo problema” al que se enfrenta España y en particular la zona de la provincia de Córdoba debido al envejecimiento de la población, un fenómeno demográfico que supondrá que el porcentaje de personas en situación de dependencia crezca en los próximos años a niveles “insostenibles”. Esta plataforma, que se ha presentado hoy con una concentración reivindicativa y con la lectura de un manifiesto en Pozoblanco, tiene como objetivo concienciar, reivindicar y desarrollar acciones encaminadas a que se aceleren medidas urgentes para “hacer frente a un problema que ya está aquí y que se irá agravando exponencialmente en los próximos años”.

Las cifras expuestas en el manifiesto leído en la concentración de esta tarde son contundentes.  En España hay 1,2 millones de personas en situación de dependencia reconocida. En Andalucía existe una lista de espera de personas con derecho reconocido y sin prestación que asciende a 96.934 y otras 103.238 a la espera de una valoración. Más de una cuarta parte de los dependientes españoles no recibe ningún tipo de ayuda  pese a que buena parte de estos tienen reconocidas dependencias de grados II y III. Además, cuando se conceden, las ayudas se demoran hasta dos años en llegar, lo cual hace insostenible la situación de enfermos y familiares. “Es alarmante que unas 150.000 personas dependientes hayan fallecido sin recibir ninguna ayuda”.

En la concentración se ha instado a la Junta de Andalucía a cumplir sus compromisos. La plataforma denuncia en su manifiesto que las distintas delegaciones de la Junta “ignoran” a miles de dependientes en espera de ayuda y se excusan argumentando que los expedientes están en trámite, cuando en realidad se están vulnerando los plazos establecidos por la ley.

Un ejemplo de la “ineficacia” de la Administración autonómica que está gestionando este problema se muestra en Córdoba, donde  existen 308 plazas concertadas sin ocupar mientras muchos mayores tienen que optar por plazas privadas. Esto también es complicado porque también hay escasez de plazas privadas y la aportación mensual supera con creces los mil euros, algo que está muy por encima de las posibilidades económicas de la mayoría.

Los promotores de la plataforma reiteran que estamos ante un problema “muy grave”, pero también ante una oportunidad, ya que la dependencia es un nicho de generación de empleo muy importante en la rama de las profesiones sociosanitarias: enfermería, auxiliares de clínica, trabajadores sociales, entre otras. Las instituciones deberían valorar que con un mayor compromiso a la hora de abordar el fenómeno del envejecimiento de la población, se conseguiría que muchos de los profesionales que se tienen que ir fuera de España a buscar empleo y los que están en paro, tendrían un empleo.

El norte de la provincia, un caso paradigmático.

El norte de la provincia de Córdoba es un ejemplo de cómo la evolución de la pirámide de la población puede generar un grave problema social. La características de los pueblos de Los Pedroches, el Valle del Guadiato y Sierra Morena, con pocos habitantes y con una gran dispersión territorial, hacen que las repercusiones de la dependencia sean aún más graves. Los pueblos están envejeciendo y perdiendo población a la vez, lo que supone una tormenta perfecta para que en pocos años la situación sea mucho más complicada.


[Manifiesto]

¡QUERER ES PODER!

¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué esta concentración ciudadana de la comarca de Los Pedroches? Porque muchos de nuestros mayores y personas dependientes se encuentran en situación de necesidad, de emergencia social, tienen necesidades especiales y la denominada Ley de la Dependencia no les está facilitando la ayuda que necesitan y que les pertenece por derecho.

Según datos del XVII dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado anualmente por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales a 31 de diciembre de 2016, en España encontramos 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 pendientes de valoración. Es decir, que el 2,6% de la población necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. De dicha población con dependencia reconocida, el 28,69% no estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, a pesar de que 122.000 personas fueron diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III.

En los últimos cinco años, unas 150.000 personas dependientes con derecho a recibir alguna prestación han fallecido sin llegar a percibir esas ayudas que, por derecho, les pertenecían.

Resoluciones para las que, en determinadas cuestiones, la Ley de Dependencia establece un plazo de 6 a 9 meses como máximo, se demoran en la mayoría de los casos hasta más de 2 años. Esto significa que numerosas personas no cuentan con la prestación que necesitan con urgencia: ayuda en el domicilio, ayuda en unidad de estancia diurna o centro residencial, etc., lo cual hace que la situación de enfermos, familiares y cuidadores sea insostenible.

En Andalucía existe una lista de espera de personas con derecho reconocido  y sin prestación, y, por tanto, desatendidas por la Administración Pública, que asciende a 95.589 dependientes[1]. El número entre quienes esperan a que se les valore y reconozcan sus derechos y aquellos que ya los tienen reconocidos, pero a los que no se les concede la ayuda (ayuda a domicilio u otro tipo de recurso), asciende a 190.762[2] personas; todas ellas sin respuesta, ignoradas por la Delegación Provincial en Córdoba y por la Junta de Andalucía. Ambas Administraciones argumentan que todos estos expedientes están en trámite, que hay muchos por delante y que es preciso esperar, saltándose así los plazos establecidos por la propia Ley.

Por otra parte, existen 308 plazas concertadas sin ocupar en la provincia de Córdoba[3], mientras que muchos de nuestros mayores con escasos recursos se ven obligados a pagar una plaza de carácter privado con un coste superior a 1.000 € (por lo general entre 1.200-1.500 €), cuando las pensiones que perciben son de 600-700 €. De esta manera, estas personas mayores, tras una vida de lucha, sacrificios y escasez, tienen que vivir la angustia de no saber cómo podrán pagar la plaza en la residencia, porque la concesión de una plaza concertada tarda largos meses y hasta años, mientras que en las residencias permanecen plazas concertadas sin ser adjudicadas durante meses. Prueba de ello son las 308 plazas concertadas sin ocupar mencionadas anteriormente.

En definitiva, a nuestros mayores y otras personas dependientes se les están negando sus derechos, se les ha silenciado y se les han dado largas desde hace años.

Muchos viven solos, se encuentran enfermos, necesitados de ayuda de terceras personas, y la Ley de Dependencia, considerada como uno de los pilares del Bienestar Social y a través de la cual deben ser ayudados como derecho universal, les ha desamparado, ignorado y negado la ayuda necesaria para que puedan permanecer en su entorno el mayor tiempo posible, teniendo una vida digna y unos niveles mínimos de atención.

Por eso estamos hoy aquí, por eso ha nacido esta plataforma que esperamos se extienda por otros muchos pueblos y ciudades. Estamos convencidos de que, a pesar de que no podamos arreglar el mundo, sí que podemos luchar para que esta injusta y penosa situación se corrija cuanto antes, es decir, en el plazo máximo de dos meses. Esto debe cambiar, tiene que cambiar y la Comarca del Valle de Los Pedroches no parará hasta que así sea, porque lo que nos jugamos es mucho y muy importante para todos nosotros: la atención a los más desprotegidos de nuestra sociedad, los mayores y enfermos en situación de dependencia que no pueden valerse por sí mismos. Ellos son el tesoro, lo más preciado para nosotros, nuestro referente, a quienes debemos gran parte de lo que somos y tenemos hoy. Ellos levantaron nuestros pueblos en épocas de escasez, con incalculables sacrificios, y sería imperdonable a nuestra generación si en estos momentos históricos no les prestamos nuestra voz, nuestras voluntades, para reclamar lo que les pertenece y lo que merecen por justicia y por sus méritos.

Los ciudadanos de bien no seremos cómplices con nuestro silencio de esta situación de desamparo y desprotección en la que se hallan nuestros mayores. Esta concentración es el inicio de una hoja de ruta que engloba diversas acciones que se llevarán a cabo hasta que estas y otras cuestiones se resuelvan. No olvidemos que hoy son ellos, pero mañana podemos ser tú o yo. Llamaremos a las puertas que sea necesario, al Parlamento Andaluz si es preciso, al Parlamento Español e, incluso, al Europeo, pero la voz de los sin voz no será silenciada por más tiempo. Unidos podemos porque QUERER ES PODER.

[1] Fuente: datos del Inserso Andalucía 2017.

[2] Fuente: datos del Inserso Andalucía 2017.

[3] Relación de plazas concertadas Junta de Andalucía 2015, según BOJA, Orden 26-2-2014 que modifica la Orden de 30 de agosto de 1996.

 

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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches

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Hospital Valle de los Pedroches
Fuente: CSIF

CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.

CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.

Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.

El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.

CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.

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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada

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La Colada
Fuente: Izquierda Unida Córdoba

El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.

Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.

Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.

La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.

Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.

La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.

En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.

Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.

“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.

Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.

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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’

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Planta de biogás

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.

En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.

De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.

Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.

En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.

Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.

En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.

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