La diputada provincial socialista Desirée Benavides ha avanzado el contenido de una moción que el PSOE llevará a pleno de la Corporación provincial para el fomento de la caza en la que pide que se active una línea de subvenciones para sociedades de cazadores y cotos en los Presupuestos de la institución para 2026 con una partida inicial de medio millón de euros.

En rueda de prensa junto al alcalde de El Viso, Juan Díaz, Benavides ha abogado, además, por que se establezca una cuantía máxima de 5.000 euros por entidad beneficiaria, priorizando aquellas que desarrollen actuaciones en zonas de especial valor ecológico o afectadas por procesos de despoblación, así como por facilitar la ejecución inmediata de las actuaciones mediante el adelanto del importe de las ayudas, sin necesidad de justificación previa, garantizando el control técnico y documental posterior.

Entre las actuaciones subvencionables, el Grupo Socialista propone la creación de márgenes multifuncionales para refugio y alimentación de fauna menor; la instalación de comederos, bebederos y puntos de agua adaptados a la fauna cinegética; el desbroce selectivo y cultivo de cereal sin cosecha para mejora del hábitat; y la recuperación del conejo de monte mediante construcción de majanos.

Benavides y Díaz han planteado que se encargue a la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente la elaboración de las bases reguladoras, en coordinación con las federaciones de caza, técnicos ambientales y entidades locales, y que se notifique el acuerdo plenario a la Federación Andaluza de Caza para su difusión entre las entidades cinegéticas de la provincia de Córdoba.

Los socialistas han abundado en que la caza menor constituye una parte esencial del patrimonio natural, cultural y económico de la provincia de Córdoba y que su práctica sostenible favorece el equilibrio ecológico, el mantenimiento de los ecosistemas agrarios y el dinamismo socioeconómico de numerosas zonas rurales.

Según datos recientes, han expuesto, el sector genera una renta anual estimada en 25 millones de euros y más de 15.000 jornales al año, con un impacto directo e indirecto significativo en sectores como la hostelería, la comercialización de carne de caza y la gestión de cotos. Además, Córdoba cuenta con 1.464 cotos registrados, siendo la provincia con mayor número de cotos en Andalucía y la segunda en número de licencias federadas, solo por detrás del fútbol.

La actividad cinegética contribuye a la fijación de población en los pueblos pequeños, ya que más del 23,6% de los cazadores residen en municipios con menos de 5.000 habitantes. Asimismo, desde la Diputación de Córdoba se organiza Intercaza, la feria más importante del sector en España, que pone en valor anualmente el papel del sector cinegético en la provincia, con más de 17.000 licencias y 65 expositores que muestran la diversidad de actividades asociadas a la caza.

Desirée Benavides y Juan Díaz han informado de que en los últimos años se han dado circunstancias desfavorables para esta actividad, como la pérdida de hábitats, la prolongada sequía y la presión cinegética que han provocado un declive preocupante en las poblaciones de especies emblemáticas como el conejo de monte y la perdiz roja.

Benavides ha incidido en que el apoyo institucional a la caza menor redundará en la recuperación de especies clave, la dinamización del tejido asociativo rural vinculado a la caza, la prevención de incendios y la mejora de la biodiversidad mediante la gestión activa del territorio.

Por su parte, Juan Díaz ha esperado que la moción sea refrendada por todos los grupos políticos dado el potencial económico del sector cinegético y su repercusión en los municipios, así como su apoya en la recuperación de especies como la liebre, el conejo de monte o la perdiz.

El Área Sanitaria Norte de Córdoba ha puesto en marcha una consulta presencial de asesoramiento genético, gestionada desde la Unidad de Laboratorio, que atenderá a pacientes y familias de las comarcas del Norte de Córdoba. Este servicio permite recibir atención especializada en genética clínica sin necesidad de desplazarse a hospitales de referencia de mayor complejidad.

La nueva consulta es una evolución del servicio de teleconsulta genética que ya funcionaba en los últimos años para apoyar a los médicos del área. Ahora, los ciudadanos podrán recibir asesoramiento directo y personalizado sobre cuestiones relacionadas con enfermedades hereditarias, pruebas genéticas o antecedentes familiares.

El avance de las técnicas de diagnóstico molecular y el desarrollo de la medicina de precisión han aumentado la necesidad de asesoramiento especializado en genética. Este tipo de consultas suelen estar disponibles únicamente en hospitales de alta complejidad, por lo que su implantación en un hospital comarcal mejora la accesibilidad y la equidad en la atención sanitaria.

La consulta se ubica en el laboratorio clínico porque la genética forma parte de las competencias tradicionales de esta especialidad, desarrollada durante décadas con altos estándares de calidad por los especialistas en análisis clínicos.

En 2023 se creó la Comisión de Genética del Área Sanitaria Norte, impulsada por el propio laboratorio, donde diferentes profesionales sanitarios analizan de forma conjunta casos complejos en reuniones periódicas. Este enfoque multidisciplinar permite ofrecer una atención más completa e integral a los pacientes.

Con esta iniciativa, el Área Sanitaria Norte de Córdoba se posiciona como referente entre los hospitales comarcales andaluces al ofrecer un servicio especializado poco habitual en este nivel asistencial, reforzando su apuesta por una atención sanitaria cercana y de calidad.

Las Jornadas de Otoño, en Pozoblanco, clausuraron en la tarde de ayer viernes una nueva edición que ha vuelto a destacar por el nivel de sus ponentes para abordar las temáticas propuestas, que han oscilado entre la geopolítica, la política y la justicia. Este último apartado ha copado el protagonismo de la última sesión, que ha sido clausurada por el presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Santiago Muñoz Machado.

La radiografía de la justicia española la ha iniciado el magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), José Antonio Montero Fernández, que tuvo en Pozoblanco uno de sus primeros destinos para desempeñar su carrera de juez. De él ha partido un perfecto esquema para conocer el acceso a la carrera judicial, la selección de jueces y el nombramiento de los magistrados. Un acceso que ahora quiere ser cambiado por el Gobierno con una ley que está en ciernes y a la que el magistrado ve lagunas siendo la falta de consenso una de ellas. Además, ha defendido la necesidad de introducir cambios en este ámbito a través de un Pacto de Estado y no de “manera unilateral”. Por otro lado, ha añadido a su ponencia la composición del CGPJ y el bloqueo vivida ante su falta de renovación por la injerencia política, lo que ha conllevado a “una desconfianza” en este órgano. Por este motivo, Montero Fernández ha abogado por un cambio que esté sustentado en que esa elección se realice por los propios jueces con la salvedad de estar alerta para no caer “en el corporativismo y autocomplacencia”.

La segunda parada de la tarde ha conducido al Tribunal Constitucional con la intervención de Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado de este órgano jurisdiccional al que ha definido como el “intérprete supremo de la Constitución”. “Es supremo, pero como España forma parte de una comunidad supranacional y ha suscrito el convenio de Roma, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene que estar en permanente diálogo con la jurisprudencia de los tribunales internacionales, concretamente, del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, ha indicado. Después de explicar la naturaleza de este órgano, el ponente se ha centrado en la composición, señalando que está formado por doce miembros, un “número incómodo” porque en caso de empate la situación se resuelve con la “atribución del doble voto al presidente, una anomalía que debería haberse evitado”. De esos doce miembros, ocho son elegidos por el Parlamento -cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado-, dos por el CGPJ y otros dos por el Gobierno. Para finalizar el análisis sobre el TC, Arnaldo se ha centrado en sus funciones que pasan por el control de las leyes y normas con rango de ley del Estado y las comunidades autónomas; resolver los conflictos de competencias; y los recursos de amparo.

¿Es efectivo y real el control de las decisiones del gobierno por el Tribunal Supremo?, ese es el título de la última ponencia de las Jornadas de Otoño, dirigida por Carlos Lesmes Serrano, magistrado del Tribunal Supremo y expresidente del TS y del CGPJ. Para contestar a una pregunta “con mucha miga”, Lesmes ha explicado que el TS no entra en la iniciativa política, pero sí lo hace en la función administrativa que desempeña el Gobierno, una función que “es muy amplia y que afecta a la ciudadanía constantemente”. El magistrado ha resaltado que “es necesario que exista un poder judicial independiente porque no hay democracia sin estado de derecho y no hay estado de derecho sin poder judicial independiente”. Lesmes ha contestado a la pregunta planteada en el título de la conferencia de manera afirmativa lo que “previene la arbitrariedad, eleva la ética de la administración y mejora la transparencia”. En la recta final de su ponencia, el magistrado ha hecho un correlato de la evolución del legislador en España a través de las leyes promulgadas hasta llegar a la Constitución de 1978.

El director de la RAE y presidente de la Fundación, Santiago Muñoz Machado, ha sido el encargado de cerrar las Jornadas de Otoño aportando una serie de conclusiones. Tras las conferencias, Muñoz Machado ha indicado que “tenemos un sistema judicial reputado de un modo objetivo mediante un sistema de oposiciones primero y, posteriormente, concursos por la designación de magistrados para los altos niveles; una justicia que es muy estimada por los ciudadanos”. Una justicia “garantista” a la que “se tarda demasiado tiempo en llegar porque la justicia es el poder peor tratado”, ha expuesto poniendo de relieve el retraso en los procesos.