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CSIF alerta sobre el riesgo de pérdida de empleo en las 15 Oficinas Liquidadoras de los Registros de la Propiedad de Córdoba
La organización denuncia que la Junta las vacía de competencias y las reduce a “meras estafetas” de presentación de documentos
La organización denuncia que la Junta las vacía de competencias y las reduce a “meras estafetas” de presentación de documentos
El sindicato rechaza la merma de servicios para la ciudadanía, fundamentalmente en las zonas rurales
CSIF lamenta las consecuencias del nuevo convenio de colaboración firmado recientemente entre la Agencia Tributaria de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta y los registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía. “Dicho convenio pone en peligro el empleo en las Oficinas Liquidadoras de los citados Registros, así como la atención cercana que estas oficinas prestaban hasta ahora a la ciudadanía en la gestión de determinados tributos, fundamentalmente en zonas rurales”, ha informado.
En virtud del nuevo convenio que regula, a través de una encomienda de gestión, la colaboración entre la Agencia Tributaria Andaluza y los registradores de la Propiedad, se ha despojado a muchas Oficinas Liquidadoras de sus principales funciones, que han quedado reducidas a la recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, y comunicaciones de datos; así como a información y asistencia tributaria. En el caso de Córdoba existen 15 oficinas en los municipios de Aguilar de la Frontera, Baena, Bujalance, Cabra, Castro del Río, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Rambla, Lucena, Montilla, Montoro, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba y Rute.
El Área de los Registros de la Propiedad de CSIF Córdoba explica que “bajo la excusa del impulso a la Administración electrónica, que no es aún una realidad tangible en muchas zonas de Córdoba y de Andalucía, la Junta ha establecido un nuevo modelo en el que las Oficinas Liquidadoras se quedan prácticamente sin contenido y sus 33 empleados en la provincia, sin gran parte de las competencias que tenían hasta ahora”.
Para CSIF Córdoba, además de la pérdida de empleo, que afectará también a los propios Registros de la Propiedad a los que las Oficinas Liquidadoras están asociados, el nuevo modelo implantado por la Junta se traducirá en un “menoscabo de la atención al contribuyente que, además, tendrá que correr con los gastos generados al tener que delegar en gestores, administradores o abogados la tramitación de una documentación que es sencilla en muchos casos y que hasta ahora se tramitaba con carácter gratuito desde las Oficinas Liquidadoras”.
CSIF considera que estos centros cuentan con un capital humano que “ha actuado con absoluta lealtad durante años, demostrando calidad en el análisis y en la calificación de los expedientes, capacidad de adaptación y, sobre todo, desarrollando un trabajo constante e intenso que le ha permitido cumplir con unos altos estándares”. “Tememos que la reducción de competencias conlleve una cascada de despidos de un personal que ya no será necesario para atender unas oficinas que quedan reducidas prácticamente a la insignificancia”.
Otra de las consecuencias de la decisión que deja a las Oficinas Liquidadoras sin contenido es “la considerable merma en los ingresos que estas experimentarán y que, sin duda, puede afectar al conjunto de la plantilla del Registro de la Propiedad al que estén adscritas”. “El efecto será especialmente gravoso en aquellos Registros en los que el peso de la Oficina Liquidadora sea significativamente mayor al del propio registro, como consecuencia de la última demarcación aprobada por Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero”, según precisa el Área de los Registros de la Propiedad en CSIF Córdoba.
“De hecho, las limitaciones impuestas en las gestiones que hasta ahora venían desarrollando las Oficinas Liquidadoras provocarán, incluso, un importante descenso en la recaudación, ya que solo 24 oficinas controlarán el trabajo que hasta ahora hacían 91 en toda la comunidad autónoma”. Para CSIF, “no es de recibo que se repita hasta la saciedad que las antiguas Oficinas Liquidadoras se mantienen para la asistencia, presentación y, en menor medida, control”, ya que “con la nueva regulación se da un paso gigantesco hacia su desaparición y se avanza en una dirección perversa, que es el vaciado de servicios de la Andalucía rural”.
“En suma, se ha sacrificado un modelo de trabajo encarnado por las Oficinas Liquidadoras que se caracterizaba por el suministro de una información atinada, completa, exhaustiva, cercana y actualizada. Y lo que es peor: se ha sacrificado un personal con décadas de experiencia, altamente cualificado y comprometido, en aras de una administración electrónica que aún no es una realidad en muchísimos puntos de Córdoba”, concluye CSIF.
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Solicitan el desdoble de una unidad del CEIP Ginés de Sepúlveda, de Pozoblanco, con urgencia
Las madres y los padres del alumnado de segundo curso de Educación Infantil (4 años) del CEIP Ginés de Sepúlveda, de Pozoblanco, solicitan a la Junta de Andalucía el desdoble de la clase, aclarando que es una reclamación “que solo se persigue la calidad educativa de sus hijos e hijas”.
El año pasado ya realizaron una serie de acciones para conseguir esta segunda línea y que una familia no se viese privada de la elección de centro. Finalmente no se concedió el desdoble y la mencionada familia se vio obligada a matricular a su hijo en otro centro distinto a su deseo. Este año, a los 25 escolares que marcaba la ratio como máximo se suma un nuevo alumno o alumna, llegando a 26, cuatro por encima de la ratio actual. Por lo tanto, vuelven a solicitarlo.
Por un lado, se ha abierto una petición en la plataforma Change.org donde se solicita la firma para apoyar esta reivindicación. Se puede acceder haciendo clic aquí.
También se ha remitido una carta a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, siendo éste su contenido:
“Las madres y los padres del alumnado de segundo curso de Educación Infantil del CEIP Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco nos dirigimos nuevamente a la Junta de Andalucía y a su Delegación Territorial de Educación para reclamar una respuesta justa y urgente ante la situación que afrontarán nuestros hijos e hijas durante el próximo curso escolar.
En junio de 2025, antes del comienzo del pasado curso, las familias ya solicitamos el desdoble de esta línea ante la elevada cantidad de alumnado matriculado. Advertimos entonces de las dificultades que supondría mantener a 25 niños y niñas de tres años en una única aula, especialmente teniendo en cuenta que entre ellos existían menores con necesidades específicas de apoyo educativo.
Nuestra petición no fue atendida y, durante todo el curso, una sola clase ha tenido que acoger a 25 niños y niñas.
Queremos expresar nuestro reconocimiento más sincero al profesorado y al conjunto de profesionales del CEIP Ginés de Sepúlveda. Gracias a su entrega, profesionalidad, sensibilidad y enorme esfuerzo, nuestros hijos e hijas han recibido una atención exquisita. Han trabajado más allá de lo razonablemente exigible para que ningún menor quedara atrás y para ofrecerles el cuidado, el aprendizaje y el acompañamiento que necesitan en una etapa decisiva de sus vidas.
Pero el compromiso del profesorado no puede servir para justificar la falta de recursos. Su vocación y esfuerzo no pueden sustituir indefinidamente la responsabilidad de la Administración educativa.
Un año después, lejos de mejorar, la situación se agrava. Para el próximo curso está prevista la incorporación de un nuevo alumno o alumna, por lo que el grupo pasará a estar formado por 26 niños y niñas de cuatro años en una única aula. Entre este alumnado existen, además, menores con necesidades específicas de apoyo educativo que requieren una atención más personalizada, continuada y adaptada.
No estamos hablando únicamente de una cifra o de una ratio. Estamos hablando de 26 niños y niñas, cada uno con su ritmo de aprendizaje, sus emociones, sus capacidades, sus dificultades y sus necesidades. Estamos hablando de una etapa esencial para su desarrollo personal, social y educativo, en la que la atención individualizada, la detección temprana de dificultades y la inclusión efectiva resultan fundamentales.
Con 26 menores en una sola clase se dificulta enormemente ofrecer esa atención personalizada, atender adecuadamente a la diversidad y garantizar que todo el alumnado disponga de las mismas oportunidades. Esta situación afecta especialmente a quienes necesitan un mayor apoyo, pero también repercute en el aprendizaje, la convivencia y el bienestar del conjunto del aula.
También poner en valor que la propia Junta de Andalucía reconoce que para una educación de calidad la ratio no puede ser superior a 22 alumnos, por lo tanto entienden que nuestra situación no favorece la educación de nuestros hijos, superando por cuatro escolares el número que ellos consideran adecuado como máximo.
Las familias no pedimos privilegios ni un trato de favor. Pedimos recursos suficientes, igualdad de oportunidades y una educación pública de calidad. Pedimos que nuestros hijos e hijas sean atendidos conforme a sus necesidades reales y no únicamente según criterios numéricos o administrativos.
Por todo ello, SOLICITAMOS:
- Que la Delegación Territorial autorice, con carácter urgente, el desdoble de la unidad de segundo curso de Educación Infantil —4 años— del CEIP Ginés de Sepúlveda, creando una segunda unidad que permita reducir el número de alumnos y alumnas por aula.
- Que se dote al centro del profesorado y de los recursos humanos necesarios para garantizar una atención educativa individualizada, inclusiva y de calidad.
- Que, mientras se tramita y hace efectivo el desdoble, se asigne de manera inmediata y estable profesorado adicional de apoyo y refuerzo durante toda la jornada escolar.
- Que esta petición sea valorada con los mismos criterios de equidad y dotación de recursos aplicados en otros centros educativos en los que se han autorizado desdobles de unidades.
- Que las familias recibamos una respuesta expresa motivada y por escrito antes del comienzo del curso escolar, evitando que esta situación vuelva a prolongarse sin una solución adecuada.
Después de un curso completo sosteniendo una clase de 25 alumnos y alumnas gracias al extraordinario esfuerzo de sus docentes, no sería justo ni responsable obligar al centro a afrontar un nuevo curso con 26 menores en una única aula.
La calidad educativa no puede depender únicamente de la buena voluntad y del sacrificio del profesorado. La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones. Para que sea real necesita aulas con unas ratios razonables, profesionales suficientes y recursos adecuados.
Nuestros hijos e hijas merecen aprender, crecer y desarrollarse en las mejores condiciones posibles. El profesorado merece disponer de los medios necesarios para realizar su trabajo. Y la Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de garantizarlo.
Por todo lo expuesto, instamos a la Delegación Territorial de Educación a escuchar a las familias, atender la realidad del centro y autorizar el desdoble solicitado antes del inicio del próximo curso.”
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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