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Detalles de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales, norma pionera en España que convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección.
Sus objetivos principales se dirigen a prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, introduce como principales novedades la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.
En relación con los nuevos derechos, la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.
La norma también establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Junto a ello se incluye el de disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.
Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, estas tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales de justicia. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.
Asimismo, entre las prestaciones garantizadas, la ley incluirá las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia. Actualmente, la comunidad autónoma concentra el 23,61% de todas estas prestaciones en el conjunto de España y el 22,77% de las personas beneficiarias.
Junto a la relación de prestaciones garantizadas, el proyecto prevé otras condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.
Herramientas digitales
Otra novedad destacada es la creación de la Historia Social Digital para todas las personas usuarias de los Servicios Sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa. Esta herramienta, similar a la del sistema sanitario, permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada.
Igualmente, y con el mismo objetivo de mejorar la gestión, el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales: las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
La futura ley establece también la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales.
Finalmente, el proyecto prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, especialmente orientada a la formación y al trabajo investigador de los profesionales, e introduce la perspectiva deontológica a disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades proveedoras del sistema público.
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La Plataforma ‘Que pare el Tren en Los Pedroches’ pide a las administraciones más actuaciones
La Plataforma “Que pare el Tren en Los Pedroches” vuelve a poner en marcha acciones ya que, a pesar de 12 años de funcionamiento, la estación de tren Villanueva de Córdoba-Los Pedroches “no ha recibido el trato debido de las distintas administraciones responsables de su funcionamiento”.
Según informa en nota de prensa, “los recientes y dramáticos sucesos, han demostrado que la estación es una infraestructura estratégica y el pulmón logístico esencial para la seguridad y la interconexión de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla-Málaga”.
Denuncia que la estación “se ha mantenido en todo este tiempo, en un estado de semi-olvido por parte de las dos administraciones (Ministerio de Transportes y Junta de Andalucía)”. Ante esta situación, la plataforma va a apelar a ambas administraciones para que se resuelvan, de una vez por todas, las carencias que la afectan.
Detalla lo que es “urgente e imprescindible”:
- Declaración de la estación de “OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO”. Esta declaración garantizaría tarifas fijas y sociales, trenes que conecten a primera hora, medio día y tarde/noche a trabajadores, estudiantes, empresarios, con Córdoba, Sevilla, Málaga y Madrid. Y todas las ventajas que esta declaración asegura a otras estaciones similares a la nuestra.
- CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN CON LOS NÚCLEOS URBANOS DE LA COMARCA atendiendo a cada salida y llegada de trenes y la creación de un billete único que facilite el transporte desde cualquier pueblo hasta la estación.
- PARADA DE LOS TRENES DIRECTOS A BARCELONA por el gran impacto social y económico que esta parada representará para Los Pedroches.
- REUNIÓN URGENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS. La Plataforma va a solicitar el respaldo activo a estas peticiones de todos los Alcaldes y todos los grupos políticos que representan a los ciudadanos y que lideren las acciones que haya que poner en marcha.
- PETICIÓN DE FIRMAS. La Plataforma la pondrá en marcha para que los ciudadanos de la Comarca expresen su respaldo a las peticiones a las dos Administraciones (Gobierno Central y Junta de Andalucía) que figuran en el manifiesto.
La plataforma finaliza haciendo hincapié en que “la puesta en marcha de otras acciones dependerá de la respuesta de ambas administraciones; si somos la puerta de Andalucía en la línea AVE, queremos la llave para asegurar el futuro de nuestra tierra”.
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El Gobierno central abre en Pozoblanco una oficina para atender a los afectados por las borrascas
El Gobierno de España ha abierto una oficina en Pozoblanco para facilitar la atención a quienes sufrieron daños por las borrascas Leonardo y Marta.
Hoy, Ana López Losilla, subdelegada del Gobierno en Córdoba, ha visitado este espacio ubicado en el ayuntamiento, que ha sido pensado para acompañar y facilitar los trámites a las personas afectadas.
Esta oficina especializada permitirá ofrecer atención presencial, asesoramiento técnico y apoyo en la tramitación de ayudas a vecinos, autónomos, empresas y explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido daños como consecuencia de los temporales, especialmente los daños por desalojos y en edificios municipales.
Desde Pozoblanco se dará cobertura a todo el norte cordobés, evitando desplazamientos a la capital y facilitando el acceso a los fondos de recuperación ya aprobados.
Se recomienda presentarse con documentación que permita acreditar la identidad y los daños sufridos, como el DNI y, en la medida de lo posible, fotografías, informes técnicos o peritaciones. En cada oficina se explicarán los pasos específicos según la situación de cada persona o entidad.
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El PSOE denuncia 5 meses de silencio en Diputación sobre los informes de La Colada
El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha denunciado hoy la falta de respuesta del Gobierno del Partido Popular ante la solicitud de información registrada el pasado 10 de octubre relativa a la tramitación por vía de urgencia de las actuaciones vinculadas al embalse de La Colada.
Cinco meses después de haber ejercido su derecho de acceso a la información, el PSOE no ha recibido ninguna contestación por parte del presidente de Emproacsa y presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.
La solicitud presentada requería copia o acceso a los informes técnicos, jurídicos o administrativos que justificaron la tramitación urgente de las actuaciones relacionadas con la conducción de agua desde La Colada, así como las inversiones complementarias en la ETAP de Sierra Boyera, los depósitos de Cuartenero y los sistemas de bombeo. Asimismo, se solicitaba conocer qué órgano emitió dichos informes, en qué fecha, bajo qué fundamento técnico o normativo se avaló la urgencia y cuál fue su relación con el procedimiento de contratación o ejecución de las obras.
Desde el Grupo Socialista consideran “grave” que una petición formal, vinculada al ejercicio legítimo del control institucional, permanezca sin respuesta durante cinco meses.
“El silencio no puede ser la forma de gobernar una institución pública. La transparencia no es una opción política, es una obligación legal y democrática”, señalan los socialistas.
El PSOE subraya que las actuaciones en La Colada han supuesto decisiones técnicas, económicas y administrativas de gran relevancia, por lo que resulta imprescindible que se esclarezcan los fundamentos que motivaron su tramitación por vía de urgencia.
“Si existen informes que justifican esa urgencia, deben facilitarse sin dilaciones. Y si no existen, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. Lo que no es aceptable es bloquear la información y eludir el control democrático”, aducen.
El Grupo Socialista advierte de que continuará ejerciendo todas las acciones políticas e institucionales necesarias para garantizar el acceso a la documentación solicitada y el cumplimiento efectivo de los principios de transparencia y buen gobierno: “La Diputación de Córdoba no pertenece al Partido Popular. Es una institución pública que debe rendir cuentas. Gobernar no es ocultar información; es asumir responsabilidades”.
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