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Diputación suscribe convenios valorados en 410.000 euros con colectivos sociales, entre ellos PRODE

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Convenios IPBS

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, acompañado por la responsable de Bienestar Social, Felisa Cañete, ha suscrito hoy 13 convenios con diferentes colectivos sociales de la provincia valorados en un montante total de 410.000 euros.

Ruiz ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a todo el tejido social de la provincia “la importante labor que realizáis en vuestros ámbitos de actuación, desde donde atendéis las necesidades de cordobeses y cordobesas y que, si no fuera por vuestro trabajo y dedicación, sería imposible cubrir”.

“La mejor manera de expresar nuestro agradecimiento es a través de nuestra colaboración mediante 13 convenios con las asociaciones de la provincia que os dedicáis a cubrir necesidades, apoyar a las familias y a los cordobeses que más desfavorecidos”, ha añadido Ruiz.

El máximo representante de la institución provincial ha recordado que la Diputación de Córdoba “ha incrementado notablemente la partida del Instituto Provincial de Bienestar Social para tener más recursos y capacidad de respuesta y se articula en una colaboración mayor y más extensa con las asociaciones de la provincia”.

Por su parte, la vicepresidenta primera y delegada de Bienestar Social, Felisa Cañete, ha insistido en que “el equipo de gobierno es consciente del trabajo que realizáis porque llegáis donde las administraciones lo tenemos complicado; queremos reconocer este trabajo, esfuerzo y dedicación y estamos convencidos de que todos juntos lograremos reducir las necesidades de las personas”.

En concreto, los convenios se han firmado con Acpacys, para el programa de rehabilitación y habilitación; con el Banco de Alimentos Medina Azahara para el proyecto ‘Alimentos solidarios 2016’; con Lucena Proyecto Hombre, para la prevención e intervención con personas con problemas de adicción; con AECC para colaborar con los pisos de acogida para pacientes oncológicos; con el colectivo IEMAKAIE para la atención y ayuda a discapacitados; y con Síndrome Down Córdoba, con el objeto de colaborar en la inserción laboral de este colectivo.

A estos se suman los convenios para la residencia hogar San Pablo, de Cáritas Diocesana; para el mantenimiento de un módulo terapéutico en el Centro Penitenciario de Córdoba con Proyecto Hombre, para el tratamiento en una comunidad terapéutica exclusivamente femenina y atención a mujeres víctimas de violencia de género con adicciones con la Fundación Emet Arcoiris; para el programa de alojamiento, manutención y tratamiento de adicciones de personas en riesgo de exclusión con la Fundación Hogar Renacer; para el programa de apoyo para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad de la Fundación Prode de Pozoblanco; para el servicio de empleo de Aprosub y para la implantación del sistema de gestión de calidad de Promi de Cabra.

 

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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada

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La Colada
Fuente: Izquierda Unida Córdoba

El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.

Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.

Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.

La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.

Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.

La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.

En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.

Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.

“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.

Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.

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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’

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Planta de biogás

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.

En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.

De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.

Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.

En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.

Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.

En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.

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El Partido Verde rechaza la expansión de la macrogranja de Alcaracejos

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Partido Verde
Fuente: Partido Verde Andaluz

Ante el proyecto de ampliación de la macroexplotación porcina en el paraje de ‘El Ladrillar’ en Alcaracejos, desde el Partido Verde, antes Verdes EQUO, ha mostrado en un comunicado el “más absoluto rechazo“. Según indica, “mientras la comarca de Los Pedroches lucha por recuperarse de una crisis hídrica sin precedentes que dejó a miles de personas sin agua potable durante meses, resulta incomprensible que la administración contemple, siquiera por un momento, permitir una ampliación que consumirá 26 millones de litros de agua anuales“.

Para el Partido Verde, este proyecto es un síntoma de un modelo agotado. Salustiano Luque, coportavoz provincial, ha sido tajante al respecto: “Parece que la administración no ha aprendido nada de la crisis de La Colada. Otorgar luz verde a un proyecto que detrae 26 millones de litros de agua anuales de unos acuíferos ya tensionados es una irresponsabilidad política que hipoteca el futuro de la comarca. No podemos seguir favoreciendo la instalación de balsas de purines en un territorio cuyo suelo y agua son bienes comunes que debemos proteger desesperadamente”.

Ana María Carnero, coportavoz del Partido Verde en Córdoba, ha querido poner el foco en el impacto social y económico para los habitantes de la zona: “La falacia del empleo debe ser desmontada; este modelo de macrogranjas no es ganadería, es industria química en suelo rústico. No genera tejido social, sino que desplaza a las familias ganaderas que apuestan por la cría extensiva y el respeto a la dehesa. La realidad es que gran parte de los beneficios acaban en manos de grandes fondos de inversión ajenos al territorio, mientras que el impacto ambiental lo soportamos quienes vivimos aquí”.

Por tanto, el Partido Verde reclama “la denegación inmediata de la licencia de ampliación al no cumplir con el principio de precaución ni con la mínima sensibilidad ante la crisis hídrica que padece el norte de la provincia; una auditoría real del impacto ambiental acumulado en Los Pedroches, analizando el efecto conjunto de todas las explotaciones intensivas sobre la capacidad de carga del ecosistema y apoyo real a la ganadería extensiva, la administración debe redirigir los fondos públicos hacia los pequeños y medianos ganaderos que vertebran nuestra economía y cuidan el paisaje“.

La transición ecológica no es un lema, es una necesidad de supervivencia“, concluyen ambos coportavoces. “Si la Junta de Andalucía sigue apostando por el modelo de la macrogranja, están eligiendo activamente el camino de la desertificación. En el Partido Verde no seremos cómplices: seguiremos apoyando a los vecinos y colectivos que se organizan para defender su agua, su tierra y su futuro“.

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