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El PP de Pozoblanco lleva al Pleno una moción en defensa de la caza
El Partido Popular de Pozoblanco llevará al Pleno del próximo lunes 18 de febrero una moción para que se reconozca “la caza como una actividad con una gran importancia social, cultural y económica” en Andalucía, Los Pedroches y Pozoblanco.
El Partido Popular de Pozoblanco llevará al Pleno del próximo lunes 18 de febrero una moción para que se reconozca “la caza como una actividad con una gran importancia social, cultural y económica” en Andalucía, Los Pedroches y Pozoblanco.
Los populares, según ha explicado su presidente, Santiago Cabello, consideran que la práctica cinegética “merece y debe ser protegida y respaldada por los poderes públicos debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo rural y de un municipio como Pozoblanco”.
Igualmente, se pedirá que se reconozca al silvestrismo, consistente en la cría doméstica de pájaros para adiestrarlos en el canto, como una práctica “con una fuerte raigambre social y cultural en muchos puntos de España en general y en la Comunidad Andaluza en particular, que merece y debe ser apoyada y fomentada por los poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes tienen el deber de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha de los mecanismos legales, técnicos y científicos necesarios”, según se explica en la moción. Se pedirá por último que el Consistorio se comprometa no sólo a reconocer los valores de la caza y el silvestrismo sino también a apoyarlos, así como a instar a las diferentes administraciones públicas a dar respaldo a ambas actividades como motores de desarrollo socioeconómico de Pozoblanco y como herramientas de conservación medioambiental en un entorno único como Los Pedroches.
La moción presentada por los populares pozoalbenses explica que la caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al aire libre, pues se trata “de una actividad que en nuestra región practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales y que contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo económico del mundo rural y a su vertebración social”. Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan, el gasto traccionado (efecto económico directo, indirecto e inducido) de la actividad cinegética en España es de más 6.475 millones de euros al año y crea 187.000 puestos de trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del PIB. Esto equivale al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector financiero.
En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre, según explica el PP, que la caza aporta 614 millones de euros a las arcas públicas, de los cuales el 33% son aportados directamente en concepto de tasas e impuestos para cazadores. De igual forma, el citado informe concluye que los cazadores invierten en torno a 300 millones de euros en actuaciones de conservación de la naturaleza, además de más de 230 millones destinados a repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental, y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros.
Recuerdan igualmente los populares de Pozoblanco que en Andalucía, y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente, el terreno cinegético alcanza algo más de siete millones de hectáreas. Esto significa que el 81% de la superficie de la Comunidad Autónoma andaluza está destinada, entre otros aprovechamientos, a la caza. La Consejería de Medio Ambiente estima que la caza en Andalucía genera unos recursos económicos anuales que superan los 3.000 millones de euros y unos 45.000 empleos; y, según la última publicación del estudio denominado Valoración Económica Integral de los Sistemas Forestales de Andalucía, la caza era el segundo recurso natural en los ecosistemas andaluces por debajo mínimamente de la industria del corcho.
En cuanto al silvestrismo, en la moción se explica que es una práctica tradicional en Andalucía (son más de 15.000 sus practicantes) mediante la que se capturan con vida, y sin daño alguno, ejemplares de las especies jilguero, pardillo y verderón para, posteriormente, adiestrarlos en el canto. Es una práctica totalmente inocua para el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno natural. A día de hoy no hay ni un solo estudio que asegure que el silvestrismo pueda ser perjudicial para la conservación de las citadas especies y que, por tanto, justifique su prohibición. Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta la práctica del silvestrismo por parte de la Unión Europea, resultando muy necesario, según explican los populares, que por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se trabaje coordinadamente para impedir su prohibición ya que existen argumentos técnicos y legales más que suficientes para impedirlo.
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.
En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.
De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.
Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.
En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.
Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.
En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.
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