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CSIF alerta sobre el riesgo de pérdida de empleo en las 15 Oficinas Liquidadoras de los Registros de la Propiedad de Córdoba
La organización denuncia que la Junta las vacía de competencias y las reduce a “meras estafetas” de presentación de documentos
La organización denuncia que la Junta las vacía de competencias y las reduce a “meras estafetas” de presentación de documentos
El sindicato rechaza la merma de servicios para la ciudadanía, fundamentalmente en las zonas rurales
CSIF lamenta las consecuencias del nuevo convenio de colaboración firmado recientemente entre la Agencia Tributaria de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta y los registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía. “Dicho convenio pone en peligro el empleo en las Oficinas Liquidadoras de los citados Registros, así como la atención cercana que estas oficinas prestaban hasta ahora a la ciudadanía en la gestión de determinados tributos, fundamentalmente en zonas rurales”, ha informado.
En virtud del nuevo convenio que regula, a través de una encomienda de gestión, la colaboración entre la Agencia Tributaria Andaluza y los registradores de la Propiedad, se ha despojado a muchas Oficinas Liquidadoras de sus principales funciones, que han quedado reducidas a la recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, y comunicaciones de datos; así como a información y asistencia tributaria. En el caso de Córdoba existen 15 oficinas en los municipios de Aguilar de la Frontera, Baena, Bujalance, Cabra, Castro del Río, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Rambla, Lucena, Montilla, Montoro, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba y Rute.
El Área de los Registros de la Propiedad de CSIF Córdoba explica que “bajo la excusa del impulso a la Administración electrónica, que no es aún una realidad tangible en muchas zonas de Córdoba y de Andalucía, la Junta ha establecido un nuevo modelo en el que las Oficinas Liquidadoras se quedan prácticamente sin contenido y sus 33 empleados en la provincia, sin gran parte de las competencias que tenían hasta ahora”.
Para CSIF Córdoba, además de la pérdida de empleo, que afectará también a los propios Registros de la Propiedad a los que las Oficinas Liquidadoras están asociados, el nuevo modelo implantado por la Junta se traducirá en un “menoscabo de la atención al contribuyente que, además, tendrá que correr con los gastos generados al tener que delegar en gestores, administradores o abogados la tramitación de una documentación que es sencilla en muchos casos y que hasta ahora se tramitaba con carácter gratuito desde las Oficinas Liquidadoras”.
CSIF considera que estos centros cuentan con un capital humano que “ha actuado con absoluta lealtad durante años, demostrando calidad en el análisis y en la calificación de los expedientes, capacidad de adaptación y, sobre todo, desarrollando un trabajo constante e intenso que le ha permitido cumplir con unos altos estándares”. “Tememos que la reducción de competencias conlleve una cascada de despidos de un personal que ya no será necesario para atender unas oficinas que quedan reducidas prácticamente a la insignificancia”.
Otra de las consecuencias de la decisión que deja a las Oficinas Liquidadoras sin contenido es “la considerable merma en los ingresos que estas experimentarán y que, sin duda, puede afectar al conjunto de la plantilla del Registro de la Propiedad al que estén adscritas”. “El efecto será especialmente gravoso en aquellos Registros en los que el peso de la Oficina Liquidadora sea significativamente mayor al del propio registro, como consecuencia de la última demarcación aprobada por Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero”, según precisa el Área de los Registros de la Propiedad en CSIF Córdoba.
“De hecho, las limitaciones impuestas en las gestiones que hasta ahora venían desarrollando las Oficinas Liquidadoras provocarán, incluso, un importante descenso en la recaudación, ya que solo 24 oficinas controlarán el trabajo que hasta ahora hacían 91 en toda la comunidad autónoma”. Para CSIF, “no es de recibo que se repita hasta la saciedad que las antiguas Oficinas Liquidadoras se mantienen para la asistencia, presentación y, en menor medida, control”, ya que “con la nueva regulación se da un paso gigantesco hacia su desaparición y se avanza en una dirección perversa, que es el vaciado de servicios de la Andalucía rural”.
“En suma, se ha sacrificado un modelo de trabajo encarnado por las Oficinas Liquidadoras que se caracterizaba por el suministro de una información atinada, completa, exhaustiva, cercana y actualizada. Y lo que es peor: se ha sacrificado un personal con décadas de experiencia, altamente cualificado y comprometido, en aras de una administración electrónica que aún no es una realidad en muchísimos puntos de Córdoba”, concluye CSIF.
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Convocada una concentración por una residencia pública en Pozoblanco
La Plataforma Ciudadana de Personas Mayores y Dependientes (PCMyD) ha convocado para hoy jueves, día 26, una concentración junto al Ayuntamiento de Pozoblanco bajo el lema “Por una residencia pública en Pozoblanco”. Será a las 20:30 horas.
Se trata de una reivindicación que nació en el año 2019, la “necesidad de una residencia municipal para personas mayores” en Pozoblanco. Ahora, siete años después, la plataforma denuncia “silencios como respuestas y demora en la gestión de este recurso socio-sanitario imprescindible”.
Según recrimina la plataforma en redes sociales, “vergüenza le debía producir a Santiago Cabello, Alcalde de Pozoblanco, estos mensajes [como el de la foto de cabecera] que señalan y reflejan la falta de respuesta, de responsabilidad, de respeto y de voluntad política ante el proyecto de residencia pública que él mismo auspició (2019) con vehemencia y entusiasmo asegurando que Pozoblanco tendría el ‘centro residencial para mayores’ y después de estos años seguimos sin proyecto, sin financiación, sin gestión”.
Además, se hace hincapié en “que una ciudad como Pozoblanco, esté a la cola de inversiones en recurso socio-sanitario de este calibre”, ya que “son muchos pueblos de la comarca que han ejecutado estos proyectos o han obtenido las plazas concertadas, demostrando tener perspectiva de plazos”.
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Los sindicatos se concentran contra la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo
Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad del Servicio Andaluz de Salud (CCOO, SATSE, CSIF y UGT) se han concentrado hoy a las puertas del Hospital de Pozoblanco para mostrar su rechazo a la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo que pretende imponer el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Las cuatro fuerzas sindicales ya desmintieron a la portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento de Andalucía, Beatriz Jurado, cuando afirmó que dicha fusión laboral había sido aprobada por unanimidad en la Mesa Sectorial cuando en ningún momento dicho órgano ha aprobado, ni por unanimidad ni por ningún otro procedimiento, la fusión laboral de ambos hospitales ni la creación de un ámbito territorial único a efectos de concursos de traslados, OPE o contratación.
Las organizaciones sindicales exigieron al SAS una rectificación pública que no ha llegado y por ello, han decidido mostrar públicamente su rechazo frontal a esta propuesta que introduce la movilidad geográfica forzosa encubierta. “Muy al contrario, lo que venimos exigiendo es que se garantice la movilidad voluntaria de los y las profesionales y una adscripción clara y segura a sus centros de trabajo a través de los concursos de traslados y de la movilidad interna”, expuso la delegada de CCOO en el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo Inmaculada de Bringas.
El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, afirmó por su parte que “la fusión laboral de ambos hospitales supone un grave retroceso en derechos laborales y conciliación familiar y va a dificultar aún más la captación y fidelización de profesionales sanitarios en zonas rurales por no hablar de que puede provocar una pérdida progresiva de servicios y profesionales, especialmente en el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo, con el consiguiente deterioro de la atención sanitaria a la ciudadanía”.
“Resulta incoherente y profundamente preocupante que se intente presentar como acordada una medida que ha generado un rechazo sindical unánime en los órganos de representación de los trabajadores y que además no ha sido objeto de negociación real”, remarca Damas.
Por ello, CCOO exige a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud la paralización inmediata de cualquier avance en este proceso, así como transparencia y rigor en la información pública, así como respeto a los cauces de negociación colectiva y a los derechos laborales.
CCOO reitera su compromiso con la defensa de una sanidad pública de calidad, con profesionales con derechos y con una atención sanitaria equitativa para toda la población del norte de la provincia de Córdoba.
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En Torrecampo y Pozoblanco se denuncia ‘falta de respeto’ al funcionamiento de los plenos municipales
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Torrecampo ha denunciado en reiteradas ocasiones el incumplimiento del alcalde, del PP, de no convocar plenos ordinarios, tal y como marca la ley.
Y el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Pozoblanco, junto al Grupo Municipal de Izquierda Unida, abandonó el salón de plenos antes del inicio de la sesión ordinaria que tuvo lugar ayer, tras el retraso de más de media hora del comienzo por la ausencia del alcalde, del PP.
Desde el PSOE de Torrecampo se informa que “el Ayuntamiento de Torrecampo lleva desde 2024 incumpliendo el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, referente a la periodicidad mínima de los plenos ordinarios: al menos uno cada 3 meses”. Remarca que “no es una opinión, sino un hecho”, ya que “lo que se aprobó en el Pleno de Organización de julio de 2023 es de obligado cumplimiento”.
Según especifica en redes sociales, “cuando se ignoran acuerdos plenarios y se vulneran los derechos de representación, se está atacando directamente a la democracia municipal”. Así, ha establecido que “no asistiremos a ningún otro pleno hasta que se respete la ley y se cumpla lo aprobado en julio de 2023: celebración de plenos ordinarios el último miércoles de los meses impares”, y “no participaremos en ningún acto institucional del Ayuntamiento hasta que se respete la ley y se cumpla lo aprobado en julio de 2023”.
En Pozoblanco, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rafael Villarreal, expuso ayer en redes por qué el grupo socialista se ausentó del Pleno. Detalló que “el Pleno estaba convocado a las 20:45 horas; a las 21:20 horas, el alcalde aún no se había presentado en el Ayuntamiento; no hubo comunicación previa con los portavoces; no hubo aviso oficial; no hubo explicación; y “a las 21:05 horas se nos comunica que el alcalde viene de viaje”.
Explicó que “el motivo esgrimido por el Sr. Alcalde ha sido por fuerza mayor y la fuerza mayor ha sido asistir a un acto en Córdoba”. “Lo que no puede ser es que el máximo representante institucional del municipio trate con esta ligereza el órgano más importante de la vida democrática local”. “El Pleno no es un trámite, no es una reunión cualquiera, es el espacio donde reside la representación de todos los vecinos y vecinas de Pozoblanco”. “No hablamos de un retraso puntual, hablamos de una forma de actuar reiterada: Llegadas tarde sin previo aviso, falta de comunicación con los portavoces, ausencia de respeto hacia el resto de la corporación”. “Desde el Grupo Municipal del Partido Socialista entendemos que no podemos normalizar esta situación ni seguir tolerando una falta de consideración institucional hacia la oposición y hacia el conjunto de concejales que representan a la ciudadanía”.
Villarreal finaliza resumiendo que “la política municipal exige responsabilidad, planificación y respeto, y el respeto no es opcional, es la base de la convivencia democrática”.
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