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El PSOE de Córdoba apoya la protesta de Torrecampo por el cierre de la sucursal de Cajasur

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El PSOE de Córdoba apoya la protesta de Torrecampo por el cierre de la sucursal de Cajasur

Alberto Mayoral exige a la entidad que cumpla con el acuerdo de inclusión financiera firmado entre el Gobierno de España y las patronales bancarias para garantizar el acceso a los servicios bancarios en el entorno rural y a las personas mayores, mientras la alcaldesa, Paqui Alamillo, ofrece instalaciones municipales para conservar la sucursal.

El vicesecretario general del PSOE de Córdoba Alberto Mayoral ha apoyado hoy la concentración de protesta de los vecinos y vecinas de Torrecampo ante la sede principal de Cajasur en la capital cordobesa, encabezada por su alcaldesa, la socialista Paqui Alamillo, en protesta por el anuncio del cierre de la única sucursal bancaria existente en el municipio a partir del próximo mes de diciembre, lo que dejará al más de un millar de residentes de la localidad sin poder acceder a los servicios bancarios y en situación de exclusión financiera.

Mayoral afirmó que “el PSOE de Córdoba está junto a los vecinos y vecinas y a su alcaldesa para exigir a Cajasur que cumpla con el acuerdo de Inclusión Financiera firmado entre el Gobierno de España y la patronal de entidades bancarias del país para garantizar que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los servicios bancarios vivan donde vivan, y más en los entornos rurales”, por lo que sostuvo que “no puede ser que Cajasur cierre la única oficinal bancaria existente en Torrecampo y que dejará a muchas personas mayores sin poder realizar sus gestiones financieras en su banco, por lo que tendrán que verse obligados a desplazarse a otra localidad”.

El socialista invocó el Pacto por la Inclusión Financiera firmado por la vicepresidenta del Gobierno de España Nadia Calviño con las patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc), que acordaron el pasado mes de octubre actualizar el Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, “incluyendo el compromiso de asegurar una provisión adecuada de servicios financieros presenciales para el 100% del territorio” que viene a reforzar las medidas adoptadas en febrero para garantizar la inclusión financiera en las zonas rurales y la atención bancaria personalizada de los mayores.

El protocolo, recordó Mayoral, garantiza al menos un punto de acceso a servicios bancarios presenciales –oficinas bancarias, cajeros automáticos, agentes financieros u oficinas móviles- en los municipios de más de 500 habitantes que no cuentan con ningún punto de acceso, alrededor de 250 en toda España, mientras que en los 2.987 municipios de menos de 500 habitantes se arbitrarían otras soluciones a través de los carteros rurales o permitir el acceso a efectivo en establecimientos no financieros.

“Desde el inicio de la pandemia se han cerrado más de 60 sucursales bancarias en la provincia de Córdoba, una caída del 13% con respecto a las que había”, informó a los medios de comunicación Alberto Mayoral, que detalló que el pasado año había en la provincia 372 oficinas bancarias, mientras que un año antes había un total de 423, según los datos del Banco de España. En este sentido, adujo que “exigimos a la banca que asuma el compromiso realizado con el Gobierno de España y se revoque el cierre de la sucursal de Torrecampo”.

Por su parte, la alcaldesa de Torrecampo, Paqui Alamillo, que estuvo al frente de la protesta vecinal ante la sede de Cajasur secundada por alrededor de un centenar de vecinos y vecinas desplazadas en autobús hasta la capital, insistió en que el cierre de la sucursal bancaria “condena a todos los vecinos, pero sobre todo a las personas mayores de Torrecampo que no saben usar el cajero automático, a tener que desplazarse 10 kilómetros hasta la vecina Pedroche para poder ser atendidos presencialmente en una oficina bancaria y realizar sus gestiones financieras”.

Alamillo reconoció que han mantenido contactos con dirigentes de Cajasur para hallar una solución “pero la respuesta que hemos recibido es que la oficina no tiene rentabilidad económica”, y especificó que “desde el Ayuntamiento le hemos hecho una propuesta que tienen encima de la mesa y que reproduce la que en su día hicimos con Correos para que mantuviera abierta su sede, que es ofrecerle un espacio municipal junto al Consistorio para que sigan prestando servicio”.

La secretaria general del PSOE de Torrecampo y alcaldesa del municipio denunció el “malestar y absoluto rechazo” y emitió hace dos semanas un comunicado desde el Consistorio que consideraba el cierre “un despropósito y casi una falta de respeto hacia los habitantes de Torrecampo, donde la mayoría son clientes de Cajasur y actualmente cuentan con tan solo dos días a la semana de servicios bancarios”.

Para la alcaldesa de Torrecampo, “esta situación de cierres generalizados junto a las limitaciones horarias de acceso a las oficinas está generando un sinfín de problemas a las personas usuarias, con una muy especial incidencia en las áreas rurales, donde a las distancias para acceder al servicio se une la falta de transportes públicos y que la mayoría de afectados son personas mayores que carecen de los medios y recursos necesarios para estos desplazamientos”.

Hasta 2017, la provincia de Córdoba era la tercera de España con menos cajeros automáticos por habitantes, con uno por cada 1.695 personas, sólo superadas por Almería –uno por cada 2.060 habitantes– y Melilla –1.832–, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que indica que, a día de hoy, el 14% de los municipios de la provincia cordobesa no cuenta con ese servicio bancario.

Además, desde el año 2008 en Andalucía se han perdido 2.550 sucursales bancarias, y más de 14.000 personas que viven en una decena de municipios de la provincia de Córdoba, fundamentalmente del interior, no tienen acceso en su entorno a un cajero automático ni a una oficina de su entidad financiera. Sólo entre 2008 y 2016 en la provincia cerraron alrededor de 200 oficinas y sucursales de entidades financieras, pasando de casi 700 sucursales a menos de 500 y la cifra sigue descendiendo.

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La CHG aclara que la decisión de apertura al baño de La Colada corresponde a la autoridad sanitaria autonómica

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Playa de la Colada
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana

El Organismo remitió el 27 de mayo a la Junta de Andalucía información analítica sobre el embalse de La Colada con datos similares a los del informe que ha permitido levantar la prohibición.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana aclara que no emite informes favorables ni desfavorables sobre la apertura o cierre de zonas de baño. Su función consiste en realizar controles analíticos sobre la calidad del agua durante la temporada de baño y trasladar los resultados al órgano competente en materia de salud pública. Es la autoridad sanitaria —en este caso, la Junta de Andalucía— quien, a partir de esa información técnica, adopta las decisiones que corresponden sobre el uso recreativo de las aguas.

En el caso del embalse de La Colada, el Organismo de cuenca realiza análisis de la calidad de las aguas con una frecuencia muy superior a la exigida, llegando a tomar muestras dos veces al mes durante la temporada de baño frente a los dos por temporada que se realizan en el resto de zonas de la cuenca, precisamente por la problemática particular que presenta este embalse en relación con la proliferación de cianobacterias.

Cabe destacar que el pasado 27 de mayo, la CHG remitió a la Junta de Andalucía información analítica sobre el embalse de La Colada con datos similares a los contenidos en el informe del 23 de junio que ha motivado el levantamiento de la prohibición, por lo que la decisión de apertura podría haberse adoptado semanas antes.

El Organismo de cuenca cumple con las obligaciones de remisión periódica de los resultados analíticos establecidas en la normativa vigente, que circunscribe los controles asociados a las aguas de baño a la temporada de baño y a una determinación previa a su apertura, de acuerdo con el Real Decreto 1341/2007.

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DehesAlert, buscando soluciones para la dehesa de Los Pedroches

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DehesAlert, buscando soluciones para la dehesa de Los Pedroches
Fuente: Universidad de Córdoba

El proyecto de ciencia ciudadana DehesAlert finaliza su primera fase con la una jornada de presentación de resultados en Pozoblanco y la organización de un evento público en Pedroche consiguiendo un récord de evaluación de la salud de 900 encinas

Un total de 23 personas propietarias de fincas de dehesa ha participado durante dos años en el seguimiento del estado de salud del arbolado y clima gracias al sistema de alerta y recogida de datos diseñado por el proyecto de ciencia ciudadana DehesAlert, coordinado por la Universidad de Córdoba y la Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP) con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Este proyecto de ciencia ciudadana tiene como objetivo conseguir un diagnóstico de partida sobre la afectación de la dehesa cordobesa y el desarrollo de un sistema de monitoreo y pronóstico participativo que contribuya a la sostenibilidad de este ecosistema fundamental en la economía andaluza.

Según los datos presentados por Pablo González, investigador del grupo de Evaluación y Restauración de Sistemas Agroforestales (ERSAF) de la UCO y responsable del proyecto, un total de 313 árboles han sido puestos en monitorización permanente durante la vigencia de esa primera fase, aunque se espera seguir sumando árboles y fincas a través de una aplicación de toma de datos en la que propietarios y gestores de dehesa pueden ir tomando datos sobre el estado de salud de sus árboles, pero también de las condiciones climatológicas del territorio. La información recabada alimenta un sistema de seguimiento de las fincas que complementado con información de teledetección y otras bases de datos permite a propietarios y gestores mantener una vigilancia permanente de su dehesa para tomar decisiones de gestión sobre el arbolado.

El acto de presentación de resultados, celebrado en el salón de actos de CICAP en Pozoblanco el pasado 23 de junio, ha contado con la participación de una veintena de personas, entre personal investigador, gestores y propietarios, que ha reflexionado sobre la experiencia de los participantes en el proyecto, mejoras en el sistema de seguimiento y el interés en mantener el seguimiento participativo. Así mismo se debatieron cuestiones como la interlocución con la Administración en el diseño de políticas públicas de ayuda a la dehesa y se presentó de la mano de la investigadora Ana Andreu el proyecto DRYAD (Demonstration and Modelling of Nature-Based Solutions (NBS) to enhance the resilience of Mediterranean agro-silvo-pastoral ecosystems and landscapes), financiado por el programa Horizon Europe y centrado en el desarrollo, prueba y demostración de soluciones basadas en la naturaleza (NBS) en regiones de cuatro países: España (Andalucía y Extremadura), Portugal (Alentejo), Italia (Cerdeña) y Grecia (Etolia-Acarnania).  

Así mismo y como broche de participación del proyecto, el municipio de Pedroche acogió la primera edición de DehesaBlitz el pasado 20 de junio, una iniciativa organizada por el proyecto DehesAlert y LIFE Fagesos que combinó ciencia, participación ciudadana y conservación del medio natural para profundizar en el conocimiento y evaluación de los ecosistemas de dehesa. Durante la jornada, 71 participantes entre público general, investigadores, y estudiantes de la UCO trabajaron de forma coordinada para recopilar información sobre la salud de 940 encinas en la dehesa pública más grande de Andalucía. La actividad ha permitido dar a conocer las características y problemáticas de la dehesa, así como generar datos de gran valor acerca de la participación de la ciudadanía en proyectos de investigación forestal.

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La Junta levanta la prohibición del baño en La Colada tras informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadiana

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Playa de la Colada
Fuente: Junta de Andalucía

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba ha resuelto levantar la prohibición temporal del baño en la zona de baño continental del embalse de La Colada, en el término municipal de El Viso, tras analizar los últimos resultados remitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que descartan la existencia de riesgo para la salud pública.

La decisión se adopta después de que el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana confirme que los niveles detectados de cianobacterias se encuentran actualmente en parámetros de vigilancia y no de alerta sanitaria, desapareciendo así las circunstancias que motivaron la adopción de la medida preventiva por parte de la autoridad sanitaria de la Junta de Andalucía.

Desde 2022, la Junta de Andalucía se ha visto obligada a decretar cada año la prohibición temporal del baño en esta zona, en aplicación del principio de precaución y en función de los episodios recurrentes de alteración de la calidad del agua.

La Junta de Andalucía ha actuado en todo momento con rigor técnico, responsabilidad y transparencia, aplicando el principio de precaución para proteger la salud de la ciudadanía y adoptando las decisiones oportunas en función de los informes disponibles en cada momento.

Desde la Delegación Territorial se recuerda que la Confederación Hidrográfica del Guadiana es la administración competente en la gestión de las aguas del embalse y la responsable de realizar los controles específicos sobre su calidad, así como de comunicar periódicamente sus resultados a las administraciones afectadas.

En este sentido, la Junta de Andalucía no disponía de información actualizada sobre la evolución de la calidad de las aguas de La Colada desde el pasado año, pese a que la Confederación Hidrográfica del Guadiana tiene la obligación de realizar y remitir estos controles con una periodicidad trimestral. Esta ausencia de información ha impedido disponer de una evaluación continuada de la situación del embalse durante los últimos meses.

Ha sido tras la recepción del informe remitido el 23 de junio por la Confederación Hidrográfica del Guadiana cuando la autoridad sanitaria andaluza ha podido constatar la desaparición de los niveles de riesgo que justificaban la prohibición temporal del baño y proceder, de manera inmediata, a su levantamiento.

La Junta de Andalucía continuará realizando el seguimiento de esta zona de baño dentro del programa anual de vigilancia y control de la calidad de las aguas de baño, mientras que la Confederación Hidrográfica del Guadiana mantendrá el control específico sobre el embalse.

La Junta de Andalucía reitera su compromiso con la protección de la salud pública y reclama la correcta coordinación y cumplimiento de las obligaciones de control, seguimiento e información por parte de todas las administraciones implicadas, para garantizar una adecuada gestión de una infraestructura estratégica para el norte de la provincia de Córdoba.

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