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El PSOE de Córdoba apoya la protesta de Torrecampo por el cierre de la sucursal de Cajasur

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El PSOE de Córdoba apoya la protesta de Torrecampo por el cierre de la sucursal de Cajasur

Alberto Mayoral exige a la entidad que cumpla con el acuerdo de inclusión financiera firmado entre el Gobierno de España y las patronales bancarias para garantizar el acceso a los servicios bancarios en el entorno rural y a las personas mayores, mientras la alcaldesa, Paqui Alamillo, ofrece instalaciones municipales para conservar la sucursal.

El vicesecretario general del PSOE de Córdoba Alberto Mayoral ha apoyado hoy la concentración de protesta de los vecinos y vecinas de Torrecampo ante la sede principal de Cajasur en la capital cordobesa, encabezada por su alcaldesa, la socialista Paqui Alamillo, en protesta por el anuncio del cierre de la única sucursal bancaria existente en el municipio a partir del próximo mes de diciembre, lo que dejará al más de un millar de residentes de la localidad sin poder acceder a los servicios bancarios y en situación de exclusión financiera.

Mayoral afirmó que “el PSOE de Córdoba está junto a los vecinos y vecinas y a su alcaldesa para exigir a Cajasur que cumpla con el acuerdo de Inclusión Financiera firmado entre el Gobierno de España y la patronal de entidades bancarias del país para garantizar que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los servicios bancarios vivan donde vivan, y más en los entornos rurales”, por lo que sostuvo que “no puede ser que Cajasur cierre la única oficinal bancaria existente en Torrecampo y que dejará a muchas personas mayores sin poder realizar sus gestiones financieras en su banco, por lo que tendrán que verse obligados a desplazarse a otra localidad”.

El socialista invocó el Pacto por la Inclusión Financiera firmado por la vicepresidenta del Gobierno de España Nadia Calviño con las patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc), que acordaron el pasado mes de octubre actualizar el Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, “incluyendo el compromiso de asegurar una provisión adecuada de servicios financieros presenciales para el 100% del territorio” que viene a reforzar las medidas adoptadas en febrero para garantizar la inclusión financiera en las zonas rurales y la atención bancaria personalizada de los mayores.

El protocolo, recordó Mayoral, garantiza al menos un punto de acceso a servicios bancarios presenciales –oficinas bancarias, cajeros automáticos, agentes financieros u oficinas móviles- en los municipios de más de 500 habitantes que no cuentan con ningún punto de acceso, alrededor de 250 en toda España, mientras que en los 2.987 municipios de menos de 500 habitantes se arbitrarían otras soluciones a través de los carteros rurales o permitir el acceso a efectivo en establecimientos no financieros.

“Desde el inicio de la pandemia se han cerrado más de 60 sucursales bancarias en la provincia de Córdoba, una caída del 13% con respecto a las que había”, informó a los medios de comunicación Alberto Mayoral, que detalló que el pasado año había en la provincia 372 oficinas bancarias, mientras que un año antes había un total de 423, según los datos del Banco de España. En este sentido, adujo que “exigimos a la banca que asuma el compromiso realizado con el Gobierno de España y se revoque el cierre de la sucursal de Torrecampo”.

Por su parte, la alcaldesa de Torrecampo, Paqui Alamillo, que estuvo al frente de la protesta vecinal ante la sede de Cajasur secundada por alrededor de un centenar de vecinos y vecinas desplazadas en autobús hasta la capital, insistió en que el cierre de la sucursal bancaria “condena a todos los vecinos, pero sobre todo a las personas mayores de Torrecampo que no saben usar el cajero automático, a tener que desplazarse 10 kilómetros hasta la vecina Pedroche para poder ser atendidos presencialmente en una oficina bancaria y realizar sus gestiones financieras”.

Alamillo reconoció que han mantenido contactos con dirigentes de Cajasur para hallar una solución “pero la respuesta que hemos recibido es que la oficina no tiene rentabilidad económica”, y especificó que “desde el Ayuntamiento le hemos hecho una propuesta que tienen encima de la mesa y que reproduce la que en su día hicimos con Correos para que mantuviera abierta su sede, que es ofrecerle un espacio municipal junto al Consistorio para que sigan prestando servicio”.

La secretaria general del PSOE de Torrecampo y alcaldesa del municipio denunció el “malestar y absoluto rechazo” y emitió hace dos semanas un comunicado desde el Consistorio que consideraba el cierre “un despropósito y casi una falta de respeto hacia los habitantes de Torrecampo, donde la mayoría son clientes de Cajasur y actualmente cuentan con tan solo dos días a la semana de servicios bancarios”.

Para la alcaldesa de Torrecampo, “esta situación de cierres generalizados junto a las limitaciones horarias de acceso a las oficinas está generando un sinfín de problemas a las personas usuarias, con una muy especial incidencia en las áreas rurales, donde a las distancias para acceder al servicio se une la falta de transportes públicos y que la mayoría de afectados son personas mayores que carecen de los medios y recursos necesarios para estos desplazamientos”.

Hasta 2017, la provincia de Córdoba era la tercera de España con menos cajeros automáticos por habitantes, con uno por cada 1.695 personas, sólo superadas por Almería –uno por cada 2.060 habitantes– y Melilla –1.832–, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que indica que, a día de hoy, el 14% de los municipios de la provincia cordobesa no cuenta con ese servicio bancario.

Además, desde el año 2008 en Andalucía se han perdido 2.550 sucursales bancarias, y más de 14.000 personas que viven en una decena de municipios de la provincia de Córdoba, fundamentalmente del interior, no tienen acceso en su entorno a un cajero automático ni a una oficina de su entidad financiera. Sólo entre 2008 y 2016 en la provincia cerraron alrededor de 200 oficinas y sucursales de entidades financieras, pasando de casi 700 sucursales a menos de 500 y la cifra sigue descendiendo.

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Solicitan el desdoble de una unidad del CEIP Ginés de Sepúlveda, de Pozoblanco, con urgencia

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CEIP Ginés de Sepúlveda

Las madres y los padres del alumnado de segundo curso de Educación Infantil (4 años) del CEIP Ginés de Sepúlveda, de Pozoblanco, solicitan a la Junta de Andalucía el desdoble de la clase, aclarando que es una reclamación “que solo se persigue la calidad educativa de sus hijos e hijas”.

El año pasado ya realizaron una serie de acciones para conseguir esta segunda línea y que una familia no se viese privada de la elección de centro. Finalmente no se concedió el desdoble y la mencionada familia se vio obligada a matricular a su hijo en otro centro distinto a su deseo. Este año, a los 25 escolares que marcaba la ratio como máximo se suma un nuevo alumno o alumna, llegando a 26, cuatro por encima de la ratio actual. Por lo tanto, vuelven a solicitarlo.

Por un lado, se ha abierto una petición en la plataforma Change.org donde se solicita la firma para apoyar esta reivindicación. Se puede acceder haciendo clic aquí.

También se ha remitido una carta a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, siendo éste su contenido:


“Las madres y los padres del alumnado de segundo curso de Educación Infantil del CEIP Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco nos dirigimos nuevamente a la Junta de Andalucía y a su Delegación Territorial de Educación para reclamar una respuesta justa y urgente ante la situación que afrontarán nuestros hijos e hijas durante el próximo curso escolar.

En junio de 2025, antes del comienzo del pasado curso, las familias ya solicitamos el desdoble de esta línea ante la elevada cantidad de alumnado matriculado. Advertimos entonces de las dificultades que supondría mantener a 25 niños y niñas de tres años en una única aula, especialmente teniendo en cuenta que entre ellos existían menores con necesidades específicas de apoyo educativo.

Nuestra petición no fue atendida y, durante todo el curso, una sola clase ha tenido que acoger a 25 niños y niñas.

Queremos expresar nuestro reconocimiento más sincero al profesorado y al conjunto de profesionales del CEIP Ginés de Sepúlveda. Gracias a su entrega, profesionalidad, sensibilidad y enorme esfuerzo, nuestros hijos e hijas han recibido una atención exquisita. Han trabajado más allá de lo razonablemente exigible para que ningún menor quedara atrás y para ofrecerles el cuidado, el aprendizaje y el acompañamiento que necesitan en una etapa decisiva de sus vidas.

Pero el compromiso del profesorado no puede servir para justificar la falta de recursos. Su vocación y esfuerzo no pueden sustituir indefinidamente la responsabilidad de la Administración educativa.

Un año después, lejos de mejorar, la situación se agrava. Para el próximo curso está prevista la incorporación de un nuevo alumno o alumna, por lo que el grupo pasará a estar formado por 26 niños y niñas de cuatro años en una única aula. Entre este alumnado existen, además, menores con necesidades específicas de apoyo educativo que requieren una atención más personalizada, continuada y adaptada.

No estamos hablando únicamente de una cifra o de una ratio. Estamos hablando de 26 niños y niñas, cada uno con su ritmo de aprendizaje, sus emociones, sus capacidades, sus dificultades y sus necesidades. Estamos hablando de una etapa esencial para su desarrollo personal, social y educativo, en la que la atención individualizada, la detección temprana de dificultades y la inclusión efectiva resultan fundamentales.

Con 26 menores en una sola clase se dificulta enormemente ofrecer esa atención personalizada, atender adecuadamente a la diversidad y garantizar que todo el alumnado disponga de las mismas oportunidades. Esta situación afecta especialmente a quienes necesitan un mayor apoyo, pero también repercute en el aprendizaje, la convivencia y el bienestar del conjunto del aula.

También poner en valor que la propia Junta de Andalucía reconoce que para una educación de calidad la ratio no puede ser superior a 22 alumnos, por lo tanto entienden que nuestra situación no favorece la educación de nuestros hijos, superando por cuatro escolares el número que ellos consideran adecuado como máximo.

Las familias no pedimos privilegios ni un trato de favor. Pedimos recursos suficientes, igualdad de oportunidades y una educación pública de calidad. Pedimos que nuestros hijos e hijas sean atendidos conforme a sus necesidades reales y no únicamente según criterios numéricos o administrativos.

Por todo ello, SOLICITAMOS:

  1. Que la Delegación Territorial autorice, con carácter urgente, el desdoble de la unidad de segundo curso de Educación Infantil —4 años— del CEIP Ginés de Sepúlveda, creando una segunda unidad que permita reducir el número de alumnos y alumnas por aula.
  2. Que se dote al centro del profesorado y de los recursos humanos necesarios para garantizar una atención educativa individualizada, inclusiva y de calidad.
  3. Que, mientras se tramita y hace efectivo el desdoble, se asigne de manera inmediata y estable profesorado adicional de apoyo y refuerzo durante toda la jornada escolar.
  4. Que esta petición sea valorada con los mismos criterios de equidad y dotación de recursos aplicados en otros centros educativos en los que se han autorizado desdobles de unidades.
  5. Que las familias recibamos una respuesta expresa motivada y por escrito antes del comienzo del curso escolar, evitando que esta situación vuelva a prolongarse sin una solución adecuada.

Después de un curso completo sosteniendo una clase de 25 alumnos y alumnas gracias al extraordinario esfuerzo de sus docentes, no sería justo ni responsable obligar al centro a afrontar un nuevo curso con 26 menores en una única aula.

La calidad educativa no puede depender únicamente de la buena voluntad y del sacrificio del profesorado. La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones. Para que sea real necesita aulas con unas ratios razonables, profesionales suficientes y recursos adecuados.

Nuestros hijos e hijas merecen aprender, crecer y desarrollarse en las mejores condiciones posibles. El profesorado merece disponer de los medios necesarios para realizar su trabajo. Y la Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de garantizarlo.

Por todo lo expuesto, instamos a la Delegación Territorial de Educación a escuchar a las familias, atender la realidad del centro y autorizar el desdoble solicitado antes del inicio del próximo curso.”

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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches

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Hospital Valle de los Pedroches
Fuente: CSIF

CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.

CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.

Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.

El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.

CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.

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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada

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La Colada
Fuente: Izquierda Unida Córdoba

El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.

Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.

Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.

La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.

Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.

La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.

En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.

Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.

“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.

Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.

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