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Para el PP de Pozoblanco la ‘ley Celaá’ va contra la libertad de los padres y la enseñanza del castellano

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Pozoblanco llevará al Pleno Municipal una moción para pedir que se paralice la “ley Celaá”.

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Ayuntamiento de Pozoblanco

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Pozoblanco llevará al Pleno Municipal una moción para pedir que se paralice la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida popularmente como “ley Celaá”.

Según los populares, “ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general”. El PP explica en ese sentido que “esa Ley Orgánica, pendiente aún de aprobación en el Senado, inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma, por lo que lamenta que el Gobierno haya utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige”.

Recuerdan, por ejemplo, que “el proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado y que se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso, un hecho que consideran que no tiene precedentes en el debate de otras leyes educativas”. Los populares señalan igualmente que 2la votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única sesión, por lo que los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en esa única sesión más de mil enmiendas”.

“Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la ‘ley Celaá’ representa”, según explica el PP en su moción, “la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Rodríguez Zapatero, que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%”. “La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo”, señalan.

Explican además que “supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa, pues suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y con ello dificulta a las familias elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos”. También entienden los populares que “ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos”. Por último, recuerdan que “esta Ley Orgánica, contra la que se han manifestado en los últimos días miles de padres en todos el país y los dos centros concertados que hay en Pozoblanco, elimina la condición del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, una decisión que pone en cuestión al idioma según ha explicado la propia Real Academia de la Lengua, al tiempo que defienden que la convivencia armónica entre educación pública y concertada se ha demostrado posible en lugares como Pozoblanco y es sin duda el camino a seguir”.

Desde el Partido Popular consideran en definitiva la LOMLOE como “un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias”.

Por ello el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Pozoblanco presenta una extensa propuesta de acuerdo, que incluye los siguientes puntos:

  1. Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.
  2. Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
  3. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.
  4. Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
  5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades.
  6. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.
  7. Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.
  8. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades:
    • Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación adecuada de las comunidades autónomas y permita actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas.
    • Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución Española.
    • Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
    • Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.
    • Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.
  9. Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este sentido:
    • Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias digitales
    • Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera.
    • Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias de nuestro modelo productivo.
    • Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.
  10. Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución.
  11. Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. 

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IU exige transparencia y soluciones definitivas ante la crisis del agua en el norte de Córdoba

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Sebastián Pérez
Fuente: IU

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, ha recibido con “satisfacción” la noticia de la restauración del suministro de agua potable en el norte de la provincia.

Más de 80.000 personas han estado privadas de este derecho básico durante un año debido a la “inoperancia y falta de gestión del gobierno andaluz del Partido Popular, responsable de la gestión de la contaminación del pantano La Colada”, según ha indicado en una nota de prensa.

“Desde IU nos alegramos de que estos 80.000 vecinos y vecinas puedan volver a disponer de agua potable en sus hogares”, señaló Pérez. No obstante, desde la dirección provincial de IU se sigue denunciando la “opacidad y falta de transparencia” tanto del gobierno andaluz como del provincial. A día de hoy, añaden desde la dirección provincial, aún no se ha informado al grupo provincial de los resultados de las analíticas “solicitadas el pasado 21 de marzo”.

Continua, “a la opacidad se suma el negacionismo del PP durante todo este tiempo con respecto a la contaminación de La Colada”. Desde IU se insiste en que la raíz del problema es la “sequía y la contaminación”, por lo que se solicitan campañas de concienciación para promover un uso racional del agua. Asimismo, se insta al gobierno provincial y al andaluz a trabajar para eliminar la contaminación en La Colada.

Desde la dirección provincial de IU se vuelve a insistir en la necesidad de actuar contra la contaminación, y eso pasa por la construcción de una depuradora en el Guadarramilla, detectar y frenar los vertidos contaminantes e instalar una potabilizadora de última generación, como único modo de garantizar agua potable y de calidad en el presente y en el futuro”.

“Estaremos muy pendientes para asegurarnos de que se trabaje para evitar que
una situación como esta, en la que 80.000 personas han estado un año sin acceso
a agua potable como consecuencia de una nefasta gestión, no vuelva a repetirse”,
afirmó Pérez.

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La Junta declara apta para el consumo el agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba

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Agua
Fuente: Junta de Andalucía

El delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, ha anunciado hoy en rueda de prensa que la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba ha declarado el agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba como apta para el consumo.

Molina ha manifestado que “se pone fin a un año de restricciones que han afectado a 80.000 vecinos de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches” tras la declaración, el pasado 17 de abril de 2023, de la declaración de no aptitud para el consumo del agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba al incumplir los parámetros establecidos en el Real Decreto 3/2023.

El delegado del Gobierno ha tenido unas palabras de agradecimiento hacia “todos los vecinos del norte de Córdoba por su paciencia y responsabilidad durante este largo año” y hacia la Diputación de Córdoba, “que ha mantenido a cabo un importante esfuerzo económico y humanopara bombear el agua de La Colada hasta la ETAP de Sierra Boyera, el traslado de camiones cisterna a 43 núcleos poblaciones para garantizar el agua potable y el trabajo para conseguir depurar el agua de La Colada”.

Tras las lluvias del mes de marzo, el pasado 1 de abril la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba establecieron un protocolo de actuación que, de acuerdo al Real Decreto 03/2023 y al Decreto 70/2009, pudiera devolver la declaración de apta el agua en el norte de Córdoba.

Ese protocolo ha sido el siguiente:

  1. Análisis al menos dos veces al día de Carbónico Orgánico Total y Trihalometanos a la salida de la ETAP, una vez que se hubiese eliminado el agua procedente del Embalse de La Colada de dicha ETAP.
  2. A fin de determinar las características del agua bruta del Embalse de Sierra Boyera, antes de la entrada de la ETAP, se procedió a un análisis completo de la misma, a excepción de los parámetros relacionados con la desinfección y los subproductos derivados.
  3. Análisis completo del agua tratada a la salida de ETAP, una vez se asegurara que la misma procedía de forma completa de dicha captación y de que se ajustaran los tratamientos en el interior de la ETAP, en función del análisis referido en el punto 2º. Se debían obtener tres resultados favorables consecutivos con al menos 24 horas entre cada uno.
  4. Tras superar el análisis completo del agua tratada y ajustar el tratamiento en la ETAP, de tal forma que las concentraciones de todos los parámetros estuvieran de acuerdo con lo establecido en el RD 3/2023, era el momento de la red de suministro. Se debían obtener dos muestras consecutivas favorables con al menos 24 horas entre cada una, en distintos puntos de muestreo establecidos en la red de suministro, siempre que su resultado fuera favorable en todas ellas analizando los siguientes parámetros:Carbono orgánico total (COT), Trihalometanos (THM), Ácidos haloacéticos (HAH), Análisis microbiológicos, control de desinfectante residual y todos aquellos parámetros que, en su caso, hubieran superado el valor paramétrico en el análisis completo inicial realizado en agua tratada a la salida de ETAP.

Seguimiento durante cuatro semanas

La Resolución firmada por la delegada territorial de Salud y Consumo, M.ª Jesús Botella, y trasmitida a la Diputación de Córdoba recoge la obligación de proceder a realizar un seguimiento semanal, al menos durante cuatro semanas, en cinco Redes de distribución representativas de la Zona de abastecimiento de los siguientes parámetros: Carbono orgánico total (COT), Trihalometanos (THM), Ácidos Haloacéticos (HAH), Análisis microbiológicos y Control de desinfectante residual.

Los resultados serán comunicados por EMPROACSA a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en un plazo máximo de 48 horas desde su obtención, salvo que algún parámetro analizado manifieste una desviación o incidencia respecto a los valores paramétricos normativos, en cuyo caso la comunicación será inmediata y siempre en menos de 24 horas, desde su obtención.

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En el Hospital Valle de los Pedroches, 1.446 pacientes en espera quirúrgica, 3.373 para consulta

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Hospital Valle de los Pedroches
Fuente: PSOE

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en Cortes, Rafi Crespín, ha calificado de “alarmante y angustioso” el incremento de las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas hechas públicas hoy por el Gobierno de la Junta que reconocen que más de 60.700 cordobeses y cordobesas están en cola para poder ser operados en quirófanos o ser atendidos por especialistas en tres de los cinco hospitales de la provincia, el Reina Sofía, el Infanta Margarita y Los Pedroches a fecha de diciembre de 2023, los únicos centros de los que ha aportado datos la Junta hoy. Además, la cola en operaciones ha aumentado hasta un 35% en la provincia con respecto a 2022, siendo casi 7.000 los pacientes más que esperan para entrar en quirófano, donde la media de tiempo para la cita se dilata por más de 5 meses.

“Son, con diferencia, y por los contados datos que proporciona la Junta de Andalucía, las peores estadísticas sanitarias de la provincia de Córdoba desde que gobierna Moreno Bonilla, lo que hace que nuestra sanidad pública esté enferma de muerte y que muchos cordobeses y cordobesas tengan que recurrir a la tarjeta de crédito en lugar de la tarjeta sanitaria, si sus bolsillos y economías familiares se lo permiten, para poder afrontar enfermedades graves”, ha comentado la dirigente, que ha acusado al presidente andaluz, Moreno Bonilla, de ser el responsable “del mayor expolio de nuestra sanidad por desmantelarla y venderla a las clínicas privadas al mejor postor”, y por entender la sanidad “como un negocio en vez de como un derecho”.

Crespín ha detallado que los datos hechos públicos hoy hablan de 20.130 cordobeses y cordobesas en espera quirúrgica, la mayoría de ellos en el Reina Sofía, “donde de los 15.540 pacientes en espera, más de 2.600 llevan un año esperando entrar en quirófano, lo que rompe por completo los parámetros asistenciales y los techos definidos por la propia Junta de Andalucía”. La demora media en el Reina Sofía supera los cinco meses de espera, siendo la operación de cataratas la que más enfermos acumula en el sumatorio. Además, otros 3.144 pacientes están en cola quirúrgica en el Infanta Margarita y 1.446 más en el del Valle de los Pedroches.

“En un año, comparándolo con los datos oficiales de la Junta de junio de 2022, ya que no entonces no publicaron los correspondientes a diciembre de ese año, los cordobeses en espera quirúrgica en estos tres hospitales han aumentado un 35%, casi 7.000 personas más en un año”, ha puntualizado la socialista, que ha conminado al Gobierno andaluz del PP a “cambiar por completo de estrategia y suspender el trasvase de dinero público a la privada, porque a la vista está que no está dando resultados y sólo está sirviendo para engordar la cuenta corriente de las grandes empresas sanitarias”.

En consultas, la espera en la provincia entre los tres hospitales citados asciende a 40.601 personas entre primeras consultas, derivación de primaria y consultas externas, donde otra vez el Reina Sofía lidera el ránking con 20.822 pacientes, seguido por el Infanta Margarita con 16.406 pacientes y Los Pedroches con 3.373. “Y aquí faltan los datos de los hospitales y chares de Montilla, Puente Genil o Guadiato, por lo que la lista de espera real superará con creces las cifras que han aportado hoy”, ha apostillado la socialista, que ha afeado que “así entiende la  transparencia y el servicio público el PP, con engaños y medias verdades”.

“No hay derecho a que el PP haga negocio con la salud y hay que atajar ya que siga desviando recursos públicos a la privada, después de haber transferido más de 1.000 millones en los últimos años anunciando planes de choque que no van a ningún lado”, ha comentado Crespín.

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