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Rosa Aguilar presenta unos presupuestos con varias referencias a Los Pedroches
Las cuentas de la Junta para 2017 incluyen una partida de 438.797 euros para el Castillo de Belalcázar, la mejora de seguridad vial de la A-422 (Alcaracejos a Belalcázar), así como fondos para actuar en las estaciones depuradoras de Villanueva del Duque y Alcaracejos.
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, presentó ayer en Córdoba el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017, que destina a políticas públicas 29.477 millones de euros, un 2,8% más que el año pasado, y que incluyen una partida de 1,45 millones de euros para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, que abrirá sus puertas antes de final de año en la capital cordobesa. Aguilar, que ha subrayado que Andalucía es la primera comunidad autónoma en aprobar su proyecto de presupuesto, ha destacado que la cuentas están hechas “a la medida de las necesidades de la ciudadanía, para crear oportunidades ciertas y seguras, para impulsar la actividad económica y para crear empleo en nuestra tierra”.
“Estos presupuestos lanzan una mirada a la producción agrícola y ganadera y a los pueblos de Andalucía, que son claves y fundamentales”, ha asegurado Aguilar, quien ha destacado el incremento del 28% del Programa de Desarrollo Rural y el apoyo a los jóvenes en el ámbito de la agricultura. Asimismo, los presupuestos quieren impulsar el turismo “para consolidar nuestro liderazgo a nivel nacional e internacional”, ha dicho Aguilar, que ha destacado el aumento del turismo cultural en Andalucía y el incremento de la partida destinada a la promoción del patrimonio andaluz, que se eleva a 173,2 millones de euros.
Además, se aumentará un 10% la inversión en políticas de reactivación económica, a la que se van a destinar 2.118 millones de euros. En concreto, el Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo, con un presupuesto de 434 millones, comenzará a desarrollarse el próximo año mediante la convocatoria de ayudas que movilizarán más de 40 millones de euros y que llegará a más de 10.000 beneficiarios.
Las políticas sociales siguen constituyendo el grueso de unas cuentas que dedican 8 de cada 10 euros a seguir blindando los servicios públicos fundamentales de educación, sanidad y dependencia. “Es un presupuesto social, porque nos importan las personas y nos importa su bienestar, y esto forma parte del ADN de un Gobierno socialista y progresista”, ha dicho Aguilar. Así, a Salud se dedicarán 9.304 millones de euros, 480 millones más que este año (+5,5%), “un notable esfuerzo para garantizar el acceso universal al sistema sanitario público”, ha dicho Aguilar, que ha ensalzado que Andalucía destine a Sanidad casi un punto del PIB más que la media de comunidades autónomas (un 6,3% frente al 5,5%). Además, el Ejecutivo destinará a Educación 7.252 millones de euros, 222 millones más que en 2016 (+3,8%), con un 45,2% más de inversión.
Aguilar ha recordado que Andalucía es “referente en el desarrollo de la Ley de Dependencia” y ha anunciado que este año se destinarán a este campo 1.164 millones de euros, un 2,5% más que el año pasado. Además, ha recordado que, frente al 78% que aporta la Junta, el Gobierno central sólo contribuye con el 22%, pese a que la Ley marca una cofinanciación al 50%. “Al PP no le interesan los dependientes”, ha dicho la consejera, que también ha recordado “el compromiso firme” del Gobierno andaluz con las políticas de igualdad, “presentes en el 74% de los programas que desarrolla de manera transversal en todas sus Consejerías”.
Inversión pública
Los Presupuestos de 2017 también contemplan un aumento significativo del gasto en inversión pública, que para el año que viene aumenta con respecto a 2016. Aguilar ha denunciado que el actual modelo de financiación autonómica “castiga y maltrata” a nuestra comunidad: “Andalucía ha sufrido en estos últimos años la desigual e insuficiente financiación autonómica por parte del Partido Popular. Como está reclamando la presidenta de la Junta de Andalucía, queremos un nuevo modelo de financiación porque el actual crea desigualdad”, ha afirmado.
La consejera también ha destacado que las cuentas tienen “una sensibilidad por lo local” y dotarán con 1.056 millones de euros el Plan de Cooperación municipal, “teniendo en cuenta que los Ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano”.
Cultura
Además, Rosa Aguilar ha anunciado un aumento del 17,3% en los presupuestos de la Junta para la Consejería de Cultura, que contará con 193,6 millones de inversión directa. “Este presupuesto pretende dinamizar la industria cultural como sector de la economía, un sector estratégico por su aportación a un modelo de desarrollo basado en valores como la creatividad, la innovación y el conocimiento”, ha asegurado.
Así, la consejera ha informado de que el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, que abrirá sus puertas en Córdoba antes de final de este año, contará con un 1,45 millones de euros de presupuesto. “Este centro va a generar oportunidades a córdo-ba, a los jóvenes creadores, va a tener participación de la ciudadanía y un centro lleno de talento, de creación, vivo y activo en todo momento”, ha asegurado Aguilar, que ha adelantado que a este nuevo centro se van a incorporar actividades y servicios de la Filmoteca de Andalucía y del proyecto Iniciarte.
Los presupuestos de 2017 también contemplan una partida de 1,2 millones de euros al Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, que se verá beneficiado de un incremento presupuestario tras la proclamación este año de su candidatura para ser declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. Además, se destinarán 1,11 millones de euros para la Orquesta de Córdoba, 100.000 euros más que en 2016; los museos Arqueológico y de Bellas Artes recibirán 550.000 euros; 438.797 euros para el Castillo de Belalcázar, 271.000 euros para la Sinagoga de Córdoba; 126.000 euros para los programas Enrédate y Abecedaria en la provincia; y 74.000 euros para un proyecto del Ayuntamiento de Córdoba para los Alcázares de la capital cordobesa.
La consejera también ha destacado el incremento del presupuesto dedicado a Memoria Democrática, que llega a 1,2 millones de euros.
Presupuestos de Córdoba
Por su parte, la delegada del Gobierno en Córdoba, Rafi Crespín, ha señalado que los principales objetivos del presupuesto para el próximo año en Córdoba, están dirigidos a la reactivación económica y social, para impulsar la actividad económica, recuperar el empleo y dar más capacidad económica a la clase media trabajadora. Las cuentas para 2017 vuelven a priorizar la sanidad, la educación, la dependencia, así como el impulso económico y la creación de empleo. Como ha señalado Crespín, la elaboración del presupuesto es “una de las mayores responsabilidades de un Gobierno, el indicador de la política a seguir en cuanto a la obtención de ingresos y las prioridades en los gastos”. Según la delegada, “en la mejor gestión de las necesidades presentes, podremos diseñar las oportunidades de futuro para Andalucía”.
El presupuesto para Andalucía se incrementa en un 2,3% y, para la delegada del Gobierno, “afronta un mejor futuro laboral, ofrece más capacidad económica a la clase media trabajadora, blinda el Estado del Bienestar, aumenta la inversión y cumple los acuerdos con los empleados públicos”. Como ha puesto de manifiesto Crespín, la elaboración del presupuesto no ha estado exenta de dificultades por “una financiación injusta del Gobierno de España, la bajada de los fondos europeos y unas exigencias muy duras respecto al cumplimiento del déficit”.
La delegada ha destacado que una de las líneas prioritarias del presupuesto va dirigida a que los cordobeses y cordobesas tengan un mejor futuro laboral. Para ello, en la provincia de Córdoba, se van a desarrollar durante el próximo año los planes de Empleo 30+ y Emplea Joven, del que se beneficiarán 8.586 personas, para los que se destina 23,4 millones. Asimismo recoge un apoyo a la I+D+i, dotado con 4,1 millones, ayudas a los autónomos, con 1,1 millones; al tejido empresarial a través de la agencia Idea con 11,2 millones; otros 1,1 millones para Andalucía Orienta; y 1,2 para digitalización de la economía, a la vez que se apoyarán 1.611 empresas a través de Andalucía Emprende.
El incentivo al desarrollo energético sostenible, correspondiente al nuevo Marco Comunitario 2014-2020, asciende a 7,5 millones y se gestionará fundamentalmente a través de las líneas de Construcción Sostenible, Pyme Sostenible e Infraestructuras Energéticas. Por último, las cuentas para 2017 contemplan atender a más de 30.000 personas en Itinerarios Personalizados de Inserción y un Plan de empleo industrial dotado con 8,9 mi-llones de euros.
En cuanto al apoyo a los sectores productivos, en agricultura se van a destinar más de 270.000 euros en ayudas a la PAC y se va a apoyar el relevo generacional y la modernización de explotaciones. A su vez, se incrementan en un 32% las ayudas a la producción agrícola y ganadera, y un 28% el Programa de Desarrollo Rural.
Como ha indicado la delegada del Gobierno los presupuestos para Córdoba están destinados para crecer más, mejor y en igualdad. Las cuentas para 2017 redoblan su apuesta para garantizar servicios públicos de calidad para la ciudadanía. “Porque el hecho de asegurar y mantener unos servicios públicos de calidad es lo que asegura el bienestar social y la igualdad de oportunidades”, afirma la delegada.
En materia de Salud, Crespín ha hecho hincapié en que este área incrementa en un 5,5% su presupuesto lo que permite que “nuestra sanidad haya alcanzado una cotas de calidad que son ejemplo para otras comunidades, y de ello podemos mostrarnos satisfechos ya que somos referente en nuevos equipamientos e investigación médica, a la que se destinan 437.000 euros”.
El presupuesto para 2017 recoge el inicio de obra de construcción del Hospital de Alta Resolución de Palma del Río, la realización del proyecto y licitación de la obra de re-forma del centro de salud Avenida de América y la adjudicación de la obra y ejecución de parte de la misma para la construcción del centro de Huerta de la Reina, dotado con 3 millones. Respecto al Hospital Universitario Reina Sofía, se destinan 400.000 euros para el equipamiento de Radioterapia Intraoperatoria, la misma cantidad para el procedimiento médico de Litotricia y 2,1 millones para el Banco de Leche Materna. En cuanto a derechos asistenciales, el presupuesto va a permitir que 1.946 menores se beneficien del servicio de Atención Temprana, 81.103 tendrán derecho a la prestación dental gratuita y 90.468 personas se incluirán en el examen de salud para mayores de 65 años.
En materia de Bienestar Social, la delegada ha recordado el compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de incrementar las partidas en un 10% esta legislatura. Con cargo a la Ley de Dependencia, 22.200 personas van a ser beneficiarias con 22.700 prestaciones.
El presupuesto para 2017 va a permitir emplear 3,8 millones de horas en el Servicio de Ayuda a Domicilio, con unas 6.700 personas beneficiarias y 23 millones de inversión. A su vez, se van a financiar 5.950 plazas públicas en residencias y centros de día, en atención a la dependencia para personas mayores y personas con discapacidad. El apoyo a las familias en los presupuestos de 2017 se incrementa en un 2%. 9.920 personas van a ser beneficiarias de ayudas extraordinarias a pensiones no contributivas y asistenciales, y otras 25.100, del Servicio Andaluz de Teleasistencia. También 120.700 hombres y mujeres de la provincia se van a beneficiar de la Tarjeta Andalucía Junta 65.
Crespín se ha referido a otras líneas como el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación que propiciará 2.810 contratos en la provincia o las ayudas económicas familiares, destinadas a la atención de las necesidades básicas de menores de familias en situación de vulnerabilidad económica, con las que se va a atender a 1.900 familias y 3.400 menores.
Por otro lado, el presupuesto garantiza el funcionamiento de 17 centros municipales de información a la mujer, con 39.300 consultas desde los centros municipales y provinciales de información. A su vez, 260 mujeres y menores serán atendidos en la lucha contra la violencia de género en la provincia de Córdoba, según la previsión para el Servicio integral de atención y acogida. Por último, en materia de Bienestar, 19 centros participarán en el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 2016-2021.
En Educación, el presupuesto para 2017 crece un 3,8%. Para la delegada, “una educación de calidad y en igualdad es la inversión más productiva para que los andaluces y andaluzas puedan ganar el futuro”. Los presupuestos garantizan en la provincia de Córdoba el funcionamiento de 480 centros sostenidos con fondos públicos, donde cursan sus estudios 162.852 alumnos y alumnas e imparten enseñanza 11.268 profesores y profesoras. Los presupuestos garantizan un año más el apoyo a las familias cordobesas con datos concretos como los 83.966 alumnos y alumnas que se van a beneficiar de la gratuidad de libros de texto, con 7,2 millones; o los 8.962 que van a disfrutar de transporte es-colar gratuito, dotado con 8 millones. La oferta educativa de primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) financiada con fondos públicos de la Junta de Andalucía para el próximo curso asciende a 9.744 plazas. En cuanto a infraestructuras educativas, el presupuesto garantiza la construcción de un nuevo centro C3 en Turruñuelos y contempla las necesidades de un nuevo centro en Miralbaida.
En materia de proyectos de inversiones en infraestructuras, el presupuesto crece un 10%. En Córdoba, las cuentas van a permitir actuar en la rehabilitación del parque público de viviendas en Palmeras, con una inversión de 4 millones, y desarrollar un nuevo Plan de Vivienda centrado en el alquiler, edificación, ascensores y adecuación funcional.
Asimismo, existen partidas para la rehabilitación del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, con 4 millones; la continuación de la Variante Lucena en la A-331, con 7 millones; la mejora de seguridad vial A-422 Alcaracejos a Belalcázar; vías ciclistas del cinturón del casco histórico y Avenida del Brillante, con 2,6 millones; construcción del apeadero de Montoro; la mejora de la accesibilidad de la estación de Córdoba y urbanización del Área Logística de Córdoba, con la construcción de una nueva nave. Por su parte, el Palacio de Congresos de la calle Torrijos contempla una partida de 1,5 millones para la licitación del proyecto.
En materia de sostenibilidad ambiental, el presupuesto contempla fondos para actuar en las estaciones depuradoras de Santaella, La Victoria, Encinas Reales, Villanueva del Duque, Alcaracejos y Doña Mencía, así como en los puntos limpios de Córdoba, Luque, Fuente Obejuna, Montilla y Priego de Córdoba.
En materia de Justicia, el presupuesto contempla 9 millones para la finalización de las obras y puesta a disposición de la Ciudad de la Justicia de Córdoba y el diseño del modelo para la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal en Córdoba capital una vez entre en funcionamiento. Por una parte, las cuentas contemplan la revisión y consecuente subida de los módulos de compensación económica actualmente vigentes, derivados de la prestación de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, para la que Córdoba recibe 1,6 millones, a fin de situarlos en los niveles anteriores a la Orden de 17 de septiembre de 2012. El incremento será de un 10% y se llevará a cabo en dos anualidades, de forma que se incrementarán en un 5% en 2017 y el restante 5% en 2018. El presupuesto recoge también la financiación de los gastos de funcionamiento soportados para hacer frente a la gestión y organización de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de orientación jurídica situándolos en la cuantía que resulte de aplicar el 8% al coste económico generado en cada período de liquidación.
Por último, la delegada del Gobierno se ha referido a la colaboración con los municipios, que el presupuesto de 2017 respalda de manera contundente. “Las cuentas para el año que viene garantizan una de las señas de identidad del Gobierno andaluz: el apoyo al municipalismo y la cercanía a los ayuntamientos y corporaciones locales”, afirma Crespín.
Se mantiene la cantidad que se destina a la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma, lo que supone 47,9 millones en la provincia en fondo incondicional para los entes locales. Y el Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA, incrementa su partida hasta llegar a los 7,6 millones para la adquisición de materiales para las obras que se desarrollan en los municipios.
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Gerardo Arévalo plantea un calendario de retirada de tuberías de fibrocemento en Pozoblanco
El concejal Gerardo Arévalo Galán ha presentado en el Ayuntamiento de Pozoblanco una moción para impulsar medidas concretas de retirada y sustitución progresiva de elementos con amianto (fibrocemento), con especial atención a las tuberías de la red de agua, así como la aprobación de un protocolo municipal de avisos inmediatos a la población ante episodios de turbidez, roturas o cortes de suministro.
Arévalo ha explicado que, tras la Comisión, y dado que el Ayuntamiento ha informado de que ya se está elaborando un censo de amianto con apoyo de una ayuda de la Diputación, ha decidido retirar de su propuesta la parte relativa al censo y centrar la moción en lo que considera el siguiente paso imprescindible: planificar y ejecutar la retirada y sustitución, y mejorar la información a la ciudadanía cuando haya incidencias.
La moción cita el Estudio de Viabilidad del Ciclo Integral del Agua (2019), publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que estimaba una red de abastecimiento de 63.684 metros, de los cuales un 69% (44.156 m) serían de fibrocemento. El concejal subraya que, al margen de la cifra exacta actual, es necesario contar con información técnica actualizada para priorizar tramos, programar sustituciones y reducir averías.
Entre los acuerdos propuestos, la moción plantea lo siguiente:
- Requerir a Hidralia, como concesionaria del ciclo integral del agua, para que en un plazo máximo de 60 días remita al Ayuntamiento y a los portavoces un informe técnico actualizado, incluyendo metraje por material, zonificación/sectorización, histórico de averías e información georreferenciada cuando sea viable.
- Aprobar de forma prioritaria un calendario de retirada y sustitución de elementos con amianto/fibrocemento, priorizando centros educativos, instalaciones deportivas, edificios municipales y tramos de red por antigüedad o mayor riesgo.
- Encargar un plan específico de sustitución progresiva de conducciones de fibrocemento (abastecimiento/saneamiento), con costes, fases, prioridades y cronograma, e instar formalmente la cofinanciación a Diputación, Junta de Andalucía y, en su caso, a la Administración General del Estado, además de concurrir a líneas de ayuda.
- Recordar que cualquier actuación deberá ejecutarse conforme al RD 396/2006, con empresas especializadas y medidas de seguridad exigibles.
- Aprobar un protocolo municipal de avisos inmediatos a la población ante roturas, turbidez o cortes de suministro, con información sobre zona afectada, duración estimada, recomendaciones y actualizaciones, conforme a las obligaciones de comunicación del Real Decreto 3/2023.
- Establecer un seguimiento trimestral con informe telemático a todos los portavoces sobre sustituciones ejecutadas o en curso y planificación siguiente.
“Desde hace décadas sabemos que el amianto es perjudicial para la salud. En Pozoblanco seguimos transportando el agua que bebemos por tramos ejecutados con fibrocemento, un material que contiene amianto, y además hablamos de conducciones envejecidas y desgastadas, con roturas y averías recurrentes y episodios de turbidez que generan inquietud”, ha señalado Arévalo.
“En la Comisión se nos informó de que el Ayuntamiento ya está elaborando un censo con apoyo de una ayuda de la Diputación. En coherencia con lo comprometido, pongo el foco en lo esencial: calendario de retirada, plan de sustitución, búsqueda de financiación y, desde ya, avisos inmediatos a la población cuando haya agua turbia, roturas o cortes, para que la ciudadanía pueda prevenir y conocer la incidencia con claridad”, ha añadido.
El concejal ha mostrado su disposición a que la moción se tramite con “consenso institucional”, con el compromiso del Ayuntamiento de corregir deficiencias arrastradas desde hace años y de ejecutar un plan realista, claro y accesible para los habitantes.
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El PSOE pide una moratoria para la instalación de plantas de biogás y biometano
El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha pedido una moratoria en la instalación de plantas de biogás y biometano en la provincia a la espera de una legislación autonómica que las regule y garantice la sostenibilidad y su afección medioambiental.
En una moción que el Grupo Socialista llevará a pleno la próxima semana, Morales advierte de que estos proyectos, hasta 18 en desarrollo actualmente en la provincia (uno de ellos en Dos Torres), deben conjugar el impacto económico, laboral y de desarrollo de los municipios en los que se asienten con las máximas garantías medioambientales y contar para ello con una evaluación de impacto en salud, con transparencia y con la participación de las instituciones y agentes sociales locales.
Para ello, pedirá el apoyo de la Corporación Provincial para instar al Gobierno de Moreno Bonilla que garantice un despliegue adecuado y ordenado de las plantas de biogás en el territorio de la Comunidad Autónoma con un marco normativo que salvaguarde la protección ambiental y seguridad jurídica, desde la transparencia y mayor participación en su desarrollo, “elaborando una legislación autonómica clara y coherente que regule y unifique criterios de ordenación del territorio y los medios de control y seguimiento en el funcionamiento de las plantas de biogás, priorizando la protección de los ecosistemas, la salud y calidad de vida de la ciudadanía de los territorios donde se instalan”.
Morales ha insistido en que es la Junta de Andalucía la administración competente que debe dotar de medios técnicos y humanos suficientes en la inspección, control y seguimiento tanto de la implantación como en el desarrollo de la actividad de las plantas de biogás, así como desarrollar una normativa sectorial específica relativa a las industrias de biogás y biometano que defina una implantación “racional, equilibrada y sostenible priorizando los criterios de interés social en su ubicación y aportando una mayor seguridad jurídica a las entidades locales en lo relativo a su tramitación administrativa, distancia mínima a núcleos de población u obligatoriedad de informes de evaluación de impacto en la salud y de vientos predominantes y olores que garantice la seguridad jurídica en el otorgamiento de licencias”.
Para ello, se solicita la suspensión cautelar de la tramitación administrativa y medioambiental de los proyectos de las plantas de biogás y biometano hasta contar con dicha normativa, al tiempo que la agilización de los procedimientos inmersos que afectan a los planeamientos urbanísticos relativos a la implantación de estas plantas.
Por último, la moción socialista pide la publicación del mapa completo de las plantas de biogás y biometano en tramitación en la provincia de Córdoba, especificando su ubicación, características y estado administrativo en cada municipio.
Con todo, el PSOE de Córdoba ha querido dejar constancia de su apuesta por el impulso de las energías renovables y una transición ecológica hacia modelos de desarrollo justos y sostenibles en el marco de la economía circular para conseguir la descarbonización, un objetivo que , sin embargo, está generando rechazo social en determinados sectores ante la localización inadecuada de los plantas de biogás y biometano cercanas a los núcleos urbanos y una falta de información real y veraz por parte de la Junta de Andalucía.
Actualmente hay en desarrollo alrededor de 18 proyectos de plantas de biogás en la provincia que suman una inversión global de 307,6 millones de euros y una capacidad de tratamiento de 3,1 millones de toneladas de biomasa.
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IU denuncia el uso de convocatorias urgentes para limitar el control democrático en el Ayuntamiento de Pozoblanco
El grupo municipal de Izquierda Unida en Pozoblanco ha emitido un comunicado denunciando el procedimiento convocatorias a comisiones, que “evidencia una forma de actuar reiterada por parte del equipo de gobierno del Partido Popular”:
“Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pozoblanco denunciamos públicamente una nueva irregularidad en la convocatoria de la Comisión de Personal correspondiente al mes de enero, que vuelve a evidenciar una forma de actuar reiterada por parte del equipo de gobierno del Partido Popular orientada a dificultar la labor de fiscalización de la oposición, a recortar la transparencia institucional y a improvisar una y otra vez.
Por acuerdo plenario, la Comisión de Personal junto con la Comisión de lo Social y la de Urbanismo debían celebrarse en fecha ordinaria el primer jueves del mes. El día inicialmente fijado era el 1 de enero, festivo. La normativa municipal establece de forma expresa que, cuando la fecha prevista coincide con un día festivo, la sesión debe celebrarse el siguiente día hábil a todos los efectos, es decir, el 2 de enero. Sin embargo, dichas comisiones no fueron convocadas ni en esa fecha ni en los días posteriores, sin que se ofreciera explicación alguna a los grupos de la oposición.
Finalmente, la Comisión de Personal fue convocada para el 15 de enero, remitiéndose la notificación a las 15:22 horas del mismo día, lo que la convirtió de facto en una comisión extraordinaria y urgente, suprimiendo además el punto de ruegos y preguntas, imprescindible para el ejercicio del control político por parte de la oposición.
La explicación ofrecida por el equipo de gobierno fue la de concentrar en una misma jornada las tres comisiones municipales —Personal, Servicios Sociales y Urbanismo— tras la modificación de su periodicidad en el pleno ordinario de diciembre, estableciéndose su celebración el primer jueves de cada mes. Sin embargo, desde Izquierda Unida consideramos que esta justificación no ampara en ningún caso una convocatoria extraordinaria y urgente, máxime cuando ninguna de las comisiones incluía asuntos de carácter urgente. Lejos de responder a una necesidad objetiva, esta forma de proceder evidencia improvisación y falta de planificación, utilizadas además como pretexto para suprimir el punto de ruegos y preguntas, esencial para el control democrático. En ningún momento se informó previamente a la oposición de un cambio de calendario ni de la decisión de celebrarlas el 15 de enero, casi dos semanas después de la fecha en la que legalmente deberían haberse convocado.
Además, parte de la documentación de la Comisión de Personal se remitió a las 16:02 horas, y el acta de la sesión anterior se envió a las 18:13 horas, apenas dos minutos antes del inicio de la Comisión de Servicios Sociales (18:15) y con la Comisión de Personal prevista para las 18:30 horas, imposibilitando materialmente su análisis previo.
Desde el Grupo Municipal de IU queremos subrayar que esta situación no es puntual. Desde que Santiago Cabello asumió la Delegación de Personal se han producido recortes continuados en el acceso a la información, que no solo no han sido revertidos por el actual delegado, Manuel Fernández, sino que se han consolidado. A ello se suma la práctica habitual de convocar comisiones de manera extraordinaria y urgente en lugar de ordinaria o extraordinaria, así como la exclusión sistemática del apartado de ruegos y preguntas en dichas convocatorias.
Resulta especialmente grave que, pese a que el día de celebración de las Comisiones de Personal se modificó para facilitar la asistencia del delegado —debido a que trabaja fuera de Pozoblanco de lunes a miércoles—, no se garantice ni la convocatoria en tiempo y forma ni el acceso adecuado a la documentación.
Todo ello responde a una estrategia clara: poner trabas a la oposición, limitar su capacidad de conocer los procedimientos que se desarrollan en el área de Personal e impedir la transparencia en un departamento clave para los derechos laborales del personal municipal.
Este equipo de gobierno aprovecha la mayoría absoluta que les facilitó la ciudadanía de Pozoblanco, para actuar al margen de los procedimientos establecidos y del respeto institucional que se debe guardar al resto de fuerzas políticas, que igualmente también son elegidas por la ciudadanía.
Desde Izquierda Unida exigimos el respeto a los acuerdos plenarios, a la normativa vigente y a los principios básicos de funcionamiento democrático, y reclamamos que se ponga fin a una forma de gobernar basada en la improvisación permanente, la falta de información y el menosprecio al papel de la oposición.”
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