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Defensa de la continuidad del paquete lácteo para reforzar al ganadero en la cadena agroalimentaria

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vaca

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha defendido hoy en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios la conveniencia de mantener el paquete lácteo a nivel de la Unión Europea más allá del 2020 por ser una “herramienta que puede evitar las debilidades de posición del ganadero en la cadena”.

Por este motivo, Ortiz considera necesario que se valore la posibilidad de hacerlo extensivo al resto de los sectores para permitir el reforzamiento de la posición de los productores, “una cuestión que tendrá importantes implicaciones en la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC)”.

Carmen Ortiz ha afirmado que el sector vacuno lechero de Andalucía ha podido “sortear mejor que otras regiones la reciente crisis láctea” porque, en general, se encuentra muy organizado. Al respecto, la consejera ha recordado que entre las alegaciones de Andalucía al Real Decreto elaborado por el Gobierno central para la concesión de las ayudas excepcionales por reducción de producción por parte de los productores de leche de vaca, se encuentra el reparto de estos fondos al 50% para compensaciones económicas e incentivos que promuevan la integración de los ganaderos en organizaciones de productores, con el fin de apoyar así la apuesta de los productores por la concentración de la oferta. Además, desde la Consejería de Agricultura se solicitó también en noviembre incluir al sector caprino entre los beneficiarios de estas ayudas, ya que la normativa europea contempla la posibilidad de conceder las subvenciones a otros sectores ganaderos que también se vean afectados por los desequilibrios del mercado.

Acuerdos de libre comercio

Durante la reunión del Consejo Consultivo se ha analizado también el estudio de la Comisión sobre el impacto acumulado de los acuerdos de libre comercio en relación con los productos agrarios. La consejera ha pedido que las conclusiones de este documento se tomen con “mucha cautela”, ya que no contempla el efecto de la desaparición de medidas de tipo no arancelario como, por ejemplo, las barreras sanitarias y fitosanitarias. Carmen Ortiz ha destacado que, si bien estos acuerdos pueden ser positivos para la economía y el empleo en general en la Unión Europea, no resuelta tan evidente en el estudio que la agricultura obtenga “un saldo global positivo”.

Por esta razón, la titular de Agricultura considera que, entre otras medidas a tener en cuenta, los impactos sectoriales negativos deben minimizarse y es preciso que exista “algún nivel de protección para los productos sensibles”. La consejera se ha referido, por ejemplo, al cultivo del arroz, cuya rentabilidad es preciso mantener porque se trata de un cultivo que generalmente ocupa zonas de alto valor ambiental donde no hay otra alternativa. “Creemos que en el diseño de la futura PAC se debe tener en cuenta el impacto acumulado de la apertura comercial, previendo mecanismos de intervención eficaces para los sectores y regiones perjudicados”, ha recalcado Carmen Ortiz.

Política Agrícola Común

En cuanto a la modificación de la normativa de aplicación de la Política Agrícola Común en España realizada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Ortiz ha lamentado que se haya producido “en el último día del año, con prisas, y sin haber mantenido reuniones previas con las Comunidades Autónomas”. Además, a juicio de la consejera, este nuevo Real Decreto “no posibilita una mejor aplicación ni una gestión más eficaz del régimen de ayudas de la PAC” a nivel nacional.

Carmen Ortiz ha comentado que 2017 va a ser un año “decisivo” para hablar de la Política Agrícola Común tras el 2020, resaltando que la PAC es “imprescindible” porque está fijando en el territorio la población en el medio rural, está dando vida a numerosos sectores y tiene un papel decisivo en el medio ambiente. La consejera ha recalcado que, entre otras cuestiones, para Andalucía es fundamental recuperar los fondos que se han recortado a la Comunidad Autónoma en la negociación para el próximo marco. Ortiz ha recordado que “Andalucía ha sido la única Comunidad que ha perdido en este marco 2014-2020”, en torno a 900 millones de euros, y “esperamos poder recuperarlos”. Además, la titular de Agricultura también ha resaltado la posibilidad que se abre ahora de “diseñar entre todos una PAC más allá del 2020, más justa, más redistributiva y que tenga más en cuenta a los pequeños y medianos agricultores”.

 

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IU exige transparencia y soluciones definitivas ante la crisis del agua en el norte de Córdoba

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Sebastián Pérez
Fuente: IU

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, ha recibido con “satisfacción” la noticia de la restauración del suministro de agua potable en el norte de la provincia.

Más de 80.000 personas han estado privadas de este derecho básico durante un año debido a la “inoperancia y falta de gestión del gobierno andaluz del Partido Popular, responsable de la gestión de la contaminación del pantano La Colada”, según ha indicado en una nota de prensa.

“Desde IU nos alegramos de que estos 80.000 vecinos y vecinas puedan volver a disponer de agua potable en sus hogares”, señaló Pérez. No obstante, desde la dirección provincial de IU se sigue denunciando la “opacidad y falta de transparencia” tanto del gobierno andaluz como del provincial. A día de hoy, añaden desde la dirección provincial, aún no se ha informado al grupo provincial de los resultados de las analíticas “solicitadas el pasado 21 de marzo”.

Continua, “a la opacidad se suma el negacionismo del PP durante todo este tiempo con respecto a la contaminación de La Colada”. Desde IU se insiste en que la raíz del problema es la “sequía y la contaminación”, por lo que se solicitan campañas de concienciación para promover un uso racional del agua. Asimismo, se insta al gobierno provincial y al andaluz a trabajar para eliminar la contaminación en La Colada.

Desde la dirección provincial de IU se vuelve a insistir en la necesidad de actuar contra la contaminación, y eso pasa por la construcción de una depuradora en el Guadarramilla, detectar y frenar los vertidos contaminantes e instalar una potabilizadora de última generación, como único modo de garantizar agua potable y de calidad en el presente y en el futuro”.

“Estaremos muy pendientes para asegurarnos de que se trabaje para evitar que
una situación como esta, en la que 80.000 personas han estado un año sin acceso
a agua potable como consecuencia de una nefasta gestión, no vuelva a repetirse”,
afirmó Pérez.

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La Junta declara apta para el consumo el agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba

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Agua
Fuente: Junta de Andalucía

El delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, ha anunciado hoy en rueda de prensa que la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba ha declarado el agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba como apta para el consumo.

Molina ha manifestado que “se pone fin a un año de restricciones que han afectado a 80.000 vecinos de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches” tras la declaración, el pasado 17 de abril de 2023, de la declaración de no aptitud para el consumo del agua distribuida en la Zona de Abastecimiento Norte de Córdoba al incumplir los parámetros establecidos en el Real Decreto 3/2023.

El delegado del Gobierno ha tenido unas palabras de agradecimiento hacia “todos los vecinos del norte de Córdoba por su paciencia y responsabilidad durante este largo año” y hacia la Diputación de Córdoba, “que ha mantenido a cabo un importante esfuerzo económico y humanopara bombear el agua de La Colada hasta la ETAP de Sierra Boyera, el traslado de camiones cisterna a 43 núcleos poblaciones para garantizar el agua potable y el trabajo para conseguir depurar el agua de La Colada”.

Tras las lluvias del mes de marzo, el pasado 1 de abril la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba establecieron un protocolo de actuación que, de acuerdo al Real Decreto 03/2023 y al Decreto 70/2009, pudiera devolver la declaración de apta el agua en el norte de Córdoba.

Ese protocolo ha sido el siguiente:

  1. Análisis al menos dos veces al día de Carbónico Orgánico Total y Trihalometanos a la salida de la ETAP, una vez que se hubiese eliminado el agua procedente del Embalse de La Colada de dicha ETAP.
  2. A fin de determinar las características del agua bruta del Embalse de Sierra Boyera, antes de la entrada de la ETAP, se procedió a un análisis completo de la misma, a excepción de los parámetros relacionados con la desinfección y los subproductos derivados.
  3. Análisis completo del agua tratada a la salida de ETAP, una vez se asegurara que la misma procedía de forma completa de dicha captación y de que se ajustaran los tratamientos en el interior de la ETAP, en función del análisis referido en el punto 2º. Se debían obtener tres resultados favorables consecutivos con al menos 24 horas entre cada uno.
  4. Tras superar el análisis completo del agua tratada y ajustar el tratamiento en la ETAP, de tal forma que las concentraciones de todos los parámetros estuvieran de acuerdo con lo establecido en el RD 3/2023, era el momento de la red de suministro. Se debían obtener dos muestras consecutivas favorables con al menos 24 horas entre cada una, en distintos puntos de muestreo establecidos en la red de suministro, siempre que su resultado fuera favorable en todas ellas analizando los siguientes parámetros:Carbono orgánico total (COT), Trihalometanos (THM), Ácidos haloacéticos (HAH), Análisis microbiológicos, control de desinfectante residual y todos aquellos parámetros que, en su caso, hubieran superado el valor paramétrico en el análisis completo inicial realizado en agua tratada a la salida de ETAP.

Seguimiento durante cuatro semanas

La Resolución firmada por la delegada territorial de Salud y Consumo, M.ª Jesús Botella, y trasmitida a la Diputación de Córdoba recoge la obligación de proceder a realizar un seguimiento semanal, al menos durante cuatro semanas, en cinco Redes de distribución representativas de la Zona de abastecimiento de los siguientes parámetros: Carbono orgánico total (COT), Trihalometanos (THM), Ácidos Haloacéticos (HAH), Análisis microbiológicos y Control de desinfectante residual.

Los resultados serán comunicados por EMPROACSA a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en un plazo máximo de 48 horas desde su obtención, salvo que algún parámetro analizado manifieste una desviación o incidencia respecto a los valores paramétricos normativos, en cuyo caso la comunicación será inmediata y siempre en menos de 24 horas, desde su obtención.

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En el Hospital Valle de los Pedroches, 1.446 pacientes en espera quirúrgica, 3.373 para consulta

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Hospital Valle de los Pedroches
Fuente: PSOE

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en Cortes, Rafi Crespín, ha calificado de “alarmante y angustioso” el incremento de las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas hechas públicas hoy por el Gobierno de la Junta que reconocen que más de 60.700 cordobeses y cordobesas están en cola para poder ser operados en quirófanos o ser atendidos por especialistas en tres de los cinco hospitales de la provincia, el Reina Sofía, el Infanta Margarita y Los Pedroches a fecha de diciembre de 2023, los únicos centros de los que ha aportado datos la Junta hoy. Además, la cola en operaciones ha aumentado hasta un 35% en la provincia con respecto a 2022, siendo casi 7.000 los pacientes más que esperan para entrar en quirófano, donde la media de tiempo para la cita se dilata por más de 5 meses.

“Son, con diferencia, y por los contados datos que proporciona la Junta de Andalucía, las peores estadísticas sanitarias de la provincia de Córdoba desde que gobierna Moreno Bonilla, lo que hace que nuestra sanidad pública esté enferma de muerte y que muchos cordobeses y cordobesas tengan que recurrir a la tarjeta de crédito en lugar de la tarjeta sanitaria, si sus bolsillos y economías familiares se lo permiten, para poder afrontar enfermedades graves”, ha comentado la dirigente, que ha acusado al presidente andaluz, Moreno Bonilla, de ser el responsable “del mayor expolio de nuestra sanidad por desmantelarla y venderla a las clínicas privadas al mejor postor”, y por entender la sanidad “como un negocio en vez de como un derecho”.

Crespín ha detallado que los datos hechos públicos hoy hablan de 20.130 cordobeses y cordobesas en espera quirúrgica, la mayoría de ellos en el Reina Sofía, “donde de los 15.540 pacientes en espera, más de 2.600 llevan un año esperando entrar en quirófano, lo que rompe por completo los parámetros asistenciales y los techos definidos por la propia Junta de Andalucía”. La demora media en el Reina Sofía supera los cinco meses de espera, siendo la operación de cataratas la que más enfermos acumula en el sumatorio. Además, otros 3.144 pacientes están en cola quirúrgica en el Infanta Margarita y 1.446 más en el del Valle de los Pedroches.

“En un año, comparándolo con los datos oficiales de la Junta de junio de 2022, ya que no entonces no publicaron los correspondientes a diciembre de ese año, los cordobeses en espera quirúrgica en estos tres hospitales han aumentado un 35%, casi 7.000 personas más en un año”, ha puntualizado la socialista, que ha conminado al Gobierno andaluz del PP a “cambiar por completo de estrategia y suspender el trasvase de dinero público a la privada, porque a la vista está que no está dando resultados y sólo está sirviendo para engordar la cuenta corriente de las grandes empresas sanitarias”.

En consultas, la espera en la provincia entre los tres hospitales citados asciende a 40.601 personas entre primeras consultas, derivación de primaria y consultas externas, donde otra vez el Reina Sofía lidera el ránking con 20.822 pacientes, seguido por el Infanta Margarita con 16.406 pacientes y Los Pedroches con 3.373. “Y aquí faltan los datos de los hospitales y chares de Montilla, Puente Genil o Guadiato, por lo que la lista de espera real superará con creces las cifras que han aportado hoy”, ha apostillado la socialista, que ha afeado que “así entiende la  transparencia y el servicio público el PP, con engaños y medias verdades”.

“No hay derecho a que el PP haga negocio con la salud y hay que atajar ya que siga desviando recursos públicos a la privada, después de haber transferido más de 1.000 millones en los últimos años anunciando planes de choque que no van a ningún lado”, ha comentado Crespín.

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