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IU exige el ‘cese inmediato’ de Nieto tras participar en el acto militar de Dos Torres
El portavoz parlamentario y el diputado andaluz de IU registran también la solicitud de comparecencia en el Congreso del ‘número dos’ de Interior para que explique este hecho
La responsable federal de Memoria Democrática, Esther López Barceló, adelanta que “vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía esta actuación de Nieto porque entendemos que supone una clara vulneración de la Ley de Memoria Histórica, que prohíbe los actos de exaltación del golpe de Estado y la represión franquista”
Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario en el Congreso, Alberto Garzón, y de su diputado andaluz Miguel Ángel Bustamante exigen la “dimisión o el cese inmediato” de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad. Lo hacen por la participación del ‘número dos’ de Interior el pasado fin de semana en un acto de carácter militar en Dos Torres que derivó en una ofrenda floral y “homenaje a los caídos del bando franquista”, vulnerando así la Ley de Memoria Histórica.
Además, Garzón y Bustamante han registrado hoy la solicitud de comparecencia de Nieto en el Congreso para que explique “su asistencia el pasado sábado día 13, junto al subdelegado del Gobierno en Córdoba y otras autoridades del Ejército del Aire, a un acto de homenaje a los caídos franquistas en Dos Torres (Córdoba), vulnerando la Ley de Memoria Histórica”.
Garzón afirma que “parece que la cúpula de Interior no tiene bastante con las sombras que les vinculan con destacados dirigentes de su partido inmersos hasta el cuello en casos de corrupción, que tienen tiempo también para corromper el espíritu de una Ley de Memoria Histórica, cuya letra y a las personas a las que busca amparar la norma se empeñan en despreciar cada vez que pueden”.
Izquierda Unida completará su actuación política sobre este caso a través de su responsable federal de Memoria Democrática, Esther López Barceló. Adelanta que “vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía esta actuación de José Antonio Nieto. Entendemos que supone una clara vulneración de la Ley de Memoria Histórica -Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura-, que prohíbe los actos de exaltación del golpe de Estado y la represión franquista”.
López Barceló valora que “el Gobierno de Mariano Rajo y el PP parecen empeñazos en mostrar cada vez con más frecuencia no sólo su falta de respeto por la legalidad vigente, sino una preocupante actitud de humillación hacia las víctimas de la dictadura franquista y sus familiares”.
“Ahora ha sido el ‘número dos’ de Interior -recuerda la responsable de Memoria Democrática de IU- pero hace pocas semanas fue el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y senador del PP, Juan José Imbroda, quien junto a algunos destacados mandos militares evidenció su nulo respeto por los valores y la memoria democráticos, en ese caso de tapadillo”.
Esther López Barceló se refiere así al acto secreto de homenaje hecho coincidir con el cambio de ubicación de los restos mortales del general golpista José Sanjurjo (1872-1936), celebrado el pasado 23 de marzo en Melilla.
Meses después de que los restos de este destacado inspirador del golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno de la República fueran exhumados el 16 de noviembre de 2016 del Mausoleo franquista de Los Caídos de Pamplona, se decidió depositarlos en el panteón militar del Pabellón de Héroes Regulares del cementerio de Melilla, con reconocimiento oficial pese al secretismo impuesto sobre el acto. Entre los asistentes a esta ceremonia reservada estuvieron Juan José Imbroda, así como el comandante general, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, entre otros militares.
Por si todo esto no fuera suficiente, Alberto Garzón recuerda que “hace apenas una semana, junto al diputado portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, pedimos la comparecencia del propio ministro Juan Ignacio Zoido para que explique por qué utilizó un atestado policial falso para justificar el nombramiento como jefe policial de Cantabria de Héctor Moreno, condenado por torturas e indultado en 1998 por el Gobierno del PP de José María Aznar”.
Garzón y Sixto respondían así a las contrastadas informaciones que reflejaban cómo el ministro del Interior de Mariano Rajoy envió una carta al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, en la que justificaba el nombramiento de Moreno como máximo responsable policial en esa comunidad a partir de los datos contenidos en ese atestado que la justicia consideró falso y sin importarle las condenadas previas por torturas.
Alberto Garzón apostilla que “parece que tanto Zoido, como Nieto u otros altos cargos de Interior como el director general de Tráfico tienen una manera ‘muy particular’ de ejercer su labor tras su ‘desembarco’ en Madrid, y el rigor y el respeto a la legalidad que implican sus cargos parece que no van mucho con ellos”.
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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches
CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.
CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.
Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.
El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.
CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.
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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada
El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.
La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.
Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.
Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.
La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.
La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.
En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.
Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.
“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.
Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.
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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.
En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.
De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.
Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.
En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.
Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.
En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.
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