Que la Constitución Española de 1978 establezca en su Artículo 47, el Derecho a disponer de vivienda digna, evidencia el valor que se otorgó en ese momento a la necesidad básica de la personas y familias.

La vivienda y cuanto acontece a su alrededor arroja resultados incómodos, hasta el punto en que no es aceptable que existan hoy tantas personas sin vivienda a la vez que tantas viviendas sin personas. En mucho ha errado el sistema económico, político y financiero para alumbrar una situación tan extrema.

Regular, legislar, ordenar, proyectar, analizar; tantas acciones se pueden activar, que resulta vergonzante y cruel que exista necesidad de vivienda y no mecanismos para dar respuesta a esa demanda. La premisa Constitucional de evitar la especulación parece no haberse valorado lo suficiente.

El Estado, pudo y debió hacer mas, puede y debe hacer mas, y distinto, para con una intervención calculada, y consensuada, ofrecer alternativas y soluciones al despropósito actual. Se podía haber hecho mejor, valorando el alcance de los cambios legales y normativos. El rescate a los bancos bien pudo y debió compartirse con el rescate a las personas. He defendido, como muchos, que el endeudamiento de las familias para con la vivienda no había de ser superior a un tercio de sus ingresos medios, así como que era una misión insensata permitir que el período de amortización de las hipotecas exceda de veinte años. Ambos criterios protegerían a las familias, ya que la superación de dichos niveles conlleva la condena hasta la jubilación en gasto comprometido, y por una duración irracional. Nada mas evidente que contemplar la realidad, y observar el alcance de lo que viene sucediendo a miles de familias. Defiendo la necesidad de implicación de los poderes públicos en el mercado de la vivienda, ocupando un espacio limitado, con respeto al sector amplio de la construcción, para conformar un elemento corrector e indicativo en la evolución de precios y otros aspectos de gasto, con el fin último de contribuir a una ordenada convivencia. El Estado ha de asumir costes para generar ingresos, nada mas simple ni mas complejo, y ejercer de catalizador de gasto para favorecer el equilibrio social.

Para ello ha de ser cierta la consolidación de un parque público de vivienda social suficiente, fomentando el alquiler, para dar respuesta a las familias con escasos recursos. Y no solo por necesidad, huyamos de alarmismos, pues la sociedad en general, y quienes la integramos somos demandantes y consumidores de muy distintos recursos púbicos. Un Estado que se precie promueve que sus ciudadanos puedan disponer de servicios, medios e infraestructura de todo índole para su uso, y qué señal mas repetida, cual es que quienes con pocos recursos cuentan, pocos servicios e infraestructuras utilizan. Pensemos que las balanzas cobran sentido en su uso cuando se busca el equilibrio en la señal de su fiel.

En otro orden, puede valorarse además de esa necesidad de vivienda pública y social también las condiciones tanto de adjudicación, uso, revisión del derecho a su uso, incluso la oportunidad de diseñar una política de ubicación compensada a fin de evitar la calificación de las zonas, como a los propios habitantes, sabiendo que esta posición no es fácil de interpretar. Al tiempo pocos objetivos habría tan nobles como tratar de integrar y normalizar en lo posible a la población en general, con gestos de generosidad hacia quienes por razones diversas encuentran pocas rampas y si muchos escalones y obstáculos para conseguir una vida digna, de verdad.

Luciano Cabrera Gil