El pueblo es pequeño, pero tiene una plaza cuadrangular, amplia, rodeada en su interior por alegres naranjos, así como en todas las calles que a ella afluyen. Anualmente, el Ayuntamiento recolecta la dulce fruta y las invierte en algún objetivo municipal. Esta temporada, tras un referendo entre sus vecinos, se ha acordado por unanimidad, y así se ha recogido en un decreto de la Alcaldía, que el dinero conseguido con la venta de las naranjas irá a amortizar todo o parte de la colocación en el centro de la plaza de una fuente que la embellezca aún más.

El decreto se toma como ley y quien la incumpla será multado.

El hombre que atiende el quiosco de la plaza es persona honrada, de principios cívicos, y ve acertado el proyecto al que los vecinos se han comprometido.

Mas pasando el tiempo, observa que algunos vecinos, incumpliendo el compromiso contraído, van cogiendo naranjas para su beneficio particular.

La cogida de naranjas, poco a poco se va haciendo generalizada.

El hombre del quiosco comprueba, primero sorprendido y después indignado, cómo las naranjas van desapareciendo sin que ninguna autoridad haga algo para evitarlo. Es cierto que la policía municipal ha tomado algunos nombres para justificarse y enviado las correspondientes denuncias; pero luego el Alcalde no las tramita ni les da curso, porque cada vecino multado supondría la pérdida de votos de una familia en las próximas elecciones locales.

El quiosquero, sentado en el interior de su habitáculo, mira a la plaza y reflexiona:

Tomar una naranja del árbol no es moralmente ni bueno ni malo, depende de las circunstancias y las circunstancias son que de forma democrática y por unanimidad los vecinos se comprometieron a no coger naranjas para provecho propio y particular. El Alcalde este acuerdo lo hizo ley y la ley es necesario cumplirla y quien así no lo haga deberá recibir una sanción por el perjuicio producido a la colectividad.

Pero si los vecinos se sirven naranjas cada cual a su aire y el Alcalde no vigila ni sanciona, ¿cómo proceder?

Él es un hombre cumplidor de los acuerdos, que respeta la ley; una persona honrada, y aunque todos obren de modo contrario, tiene que mantenerse fiel a sus principios.

Sin embargo, por otra parte, ¿a quién perjudicaría si él también tomara algunas de las pocas naranjas que aún quedan…?

Pero no.

El quiosquero se entristece al constatar una vez más que en nuestra sociedad las personas decentes siempre salen perdiendo y los que no respetan nada y actúan saltándose las leyes y actuando de modo egoísta en beneficio propio con perjuicio para los demás, son lo que, a la larga, suelen quedar beneficiados.

Y ocurrió que el hombre del quiosco, honrado y cumplidor de las leyes democráticas se quedó sin naranjas y el pueblo se quedó sin fuente en la plaza.

Juan Ferrero

A veces, puede comprobarse lo fácil que le resulta a las clases dominantes conducir a la masa popular sin que esta proteste lo más mínimo.

Estamos quejándonos constantemente de la carestía de la vida por todas partes y luego llegamos a la gasolinera y le decimos a los empleados que sirven en los surtidores que se quiten de allí y se vayan al paro, que ese trabajo lo vamos a realizar nosotros de modo gratuito.

El asalariado, al que le habrán exigido al menos un cursillo o jornadas para que lleve en cuenta las más elementales normas a la hora de manipular sustancias inflamables y, por lo tanto, peligrosas, se marchará a engrosar la lista del paro, mientras nosotros nos bajamos del vehículo y, “generosamente”, tomamos el surtidor sin tener en cuenta los perjuicios que eso puede acarrearnos. Unas manchas en la indumentaria, por ejemplo, inutilizarían nuestras prendas de vestir. ¿Y quién pagaría eso?  En ocasiones, ni el dinero solucionaría el problema, como el caso en que las circunstancias y el tiempo, en pleno viaje, no permitiera el cambio de indumentaria; por no citar descuidos propios o con elementos y personas de acompañamiento o ajenas que se hallen junto a los mismos surtidores.

Resumiendo: los empleados, despedidos; los usuarios, haciendo gratis el trabajo de estos; y el empresario, tan complaciente. Porque, que nos conste, ni sindicatos, ni partidos, ni Ministerio de Consumo, ni el público en general dicen o hacen algo al respecto.

En  la vida cotidiana pueden darse abusos frente a los cuales poco puede hacer el individuo solo. Pero no es este el caso porque, por fortuna, aún existen gasolineras atendidas por sus empleados, y yo, mientras  sea posible, únicamente acudiré a estas (subrayo lo de “sea posible” ya que tampoco es caso de quedarse en la carretera sin carburante por no pararse en la gasolinera de autoservicio). Pero una cosa no quita la otra; todo es cuestión de prever y calcular.

Juan Ferrero

La palabra bandolero la relacionamos enseguida con otras como camino y diligencia, asociadas a la época romántica del siglo XVIII y XIX.

Modernamente han aparecido otro tipo de bandoleros de caminos, pero en estos se da un aspecto nuevo. Los bandoleros antiguos iban a un camino y se quedaban con lo que pasaba por él; pero los nuevos bandoleros no, los actuales bandoleros van al camino y se quedan con el mismo camino. Y otra diferencia: los gobernantes de la época mandaban perseguir a los bandoleros, pero a los nuevos bandoleros no los persigue nadie.

Ya, cuando los propietarios de fincas construyeron los típicos cercados de piedra, muchos de ellos no respetaron las anchuras que por ley correspondía a los distintos tipos de caminos públicos, quedando estos mermados en su viabilidad.

Desde hace algunas décadas, ha surgido un ansia generalizada, por parte de ciertos propietarios, de cortar y apoderarse de todo camino público colindante con sus fincas; o también, de juntar con su terreno cualquier ensanche o abrevadero de camino. Los hay que sin ser propietarios, se adueñan e instalan con descaro en aquellos espacios sobrantes después de que Obras Públicas rectifique un camino o carretera.

En general, ni los gobernantes de turno en el Estado, en las Comunidades, Diputaciones o Ayuntamientos toman iniciativa alguna para hacer que los nuevos bandoleros devuelvan lo robado. Es más, en ocasiones, cuando algún grupo de ciudadanos se ha presentado en uno de estos caminos a reivindicar su apertura, con la cartografía oficial correspondiente que certificaba su *titularidad pública, alguien ha echado a los agentes de la Guardia Civil sobre ellos, pidiendo carnet y exigiendo su disolución. (Y lo que escribo lo he vivido directamente junto con otras personas).

Como excepción, algún municipio ha firmado convenio con la Junta  para catalogar sus caminos municipales, pero sólo conozco un pueblo en la comarca (Cardeña) donde su alcaldesa, Cati Barragán, obligó a los propietarios a abrir y devolver aquellos caminos públicos que habían cortado.

Pero en fin, no nos escandalicemos. Si es verdad lo que mantienen las nuevas corriente, es decir, que lo moralmente bueno es aquello que así lo decide la mayoría, robar un camino o parte de él no es inmoral, porque la mayoría de la población no protesta, se calla; y ya se sabe que quien calla otorga.

Así pues, por decisión de esa mayoría de ciudadanos, robar un camino es una acción buena, correcta desde el punto de vista de la moral. De este modo, se comprende la postura o actitud de los gobernantes ante los nuevos bandoleros de caminos.

Lo que ocurre es que esta actitud de los gobernantes no encaja con las declaraciones que luego se hacen, prometiendo trabajar por la promoción del turismo rural y contra la España vaciada.

Juan Ferrero