A poco que se preste atención, a través de los medios que informan, nos llegan comunicados inexplicables; verbigracia:

Puesto que la experiencia dice que la alta velocidad en carretera es un factor de riesgo para los accidentes, los gobernantes ponen unos límites. Pero siempre existen personas insolidarias que transgreden las leyes, aun a costa de poner su vida y la de los demás en peligro. Estos individuos solo respetan las normas cuando prevén que pueden ser sancionados por ello; en cambio, si tienen la seguridad de que no van a ser cazados, se convertirán en un peligro mortal en la vía pública. De ahí que Tráfico coloque aparatos de control de velocidad en lugares cada vez distintos para que el infractor habitual no sepa dónde puede ser descubierto.

Pero hay empresas que fabrican y anuncian públicamente la venta de unos aparatos, asegurando que pueden detectar cualquier tipo de control policial, evitando de este modo ser denunciados, y cuando hayan pasado ese control, pues hala, a correr de nuevo a la velocidad que les parezca. Animan a su compra haciendo ver la cantidad de dinero que se pueden ahorrar en denuncias los infractores, a pesar de que el aparatito viene a costar unos 600 euros. Es como si alguien inventara una llave maestra que abriera todas las cerraduras y anunciara en los medios (prensa, radio, televisión, internet, etc.) su venta, para que los poseedores de la tal llave pudieran entrar a robar allí donde quisieran.

Y ahora viene esta reflexión:

En principio, lo de siempre: el que tenga dinero se podrá comprar el detector y, el que no, pues a circular como está establecido, a no ser que quiera ser denunciado.

Y luego, una de dos: o el aparato es falso y no detecta todos los controles, en cuyo caso se está cometiendo una estafa al presunto comprador; o es eficaz, tal como se anuncia, y se está proporcionando un medio a los ciudadanos que quieren transgredir la ley sin ser descubiertos. En ambos casos se está cometiendo un delito.

¿Y qué hace la autoridad competente, esos individuos que tienen la obligación de velar y hacer cumplir las leyes, que para eso les paga el Pueblo?

Porque, claro, si no hacen nada al respecto, el ciudadano puede empezar a sospechar que exista una relación entre quien tiene que hacer cumplir la ley y quien inventa y vende el aparato para burlar esa ley, con el beneficio económico correspondiente por medio.

Y no olvidemos que estamos hablando de la muerte, del dolor, el sufrimiento, la tragedia individual y colectiva que supone un accidente de tráfico.

Juan Ferrero