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USTEA apoya la lucha del alumno del IES San Roque de Dos Torres por la retirada de la simbología religiosa

El alumno Héctor Sánchez, del IES San Roque de la localidad de Dos Torres, lleva más de tres años denunciando la situación de ilegalidad debido a la presencia de simbología religiosa en su centro educativo.

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Un alumno reclama la eliminación de símbolos religiosos de un instituto de Dos Torres

El alumno Héctor Sánchez, del IES San Roque de la localidad de Dos Torres, lleva más de tres años denunciando la situación de ilegalidad debido a la presencia de simbología religiosa en su centro educativo.

El sindicato USTEA-Córdoba (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía), que mantiene contacto con el alumno y su familia, como sindicato de carácter laico, ha denunciado esta situación ilegal a la Consejería de Educación, a su Delegación Territorial en la provincia y a la Dirección del propio centro educativo.

Publicamos íntegro el comunicado emitido por el sindicato:

Este sindicato, tras realizar un estudio y análisis detallado de la situación y haber consultado toda la normativa al respecto, concluye que no existe motivo legal alguno para que se sigan manteniendo símbolos religiosos en un centro educativo de carácter público, por lo que exige la retirada inmediata de los mismos.

Héctor y su familia sólo han encontrado trabas en estos años. Comenzaron esta andadura en el curso 2014/15 solicitando a Jefatura de Estudios del Centro que “sería adecuado la retirada de la simbología religiosa del Centro por tratarse de un Centro público”. En marzo de 2016 se reunieron con el director para volver a solicitar la retirada de esta simbología, ya que “en un espacio público y aconfesional, que no reconoce como oficial ninguna religión en concreto, no debe tener visibles estos símbolos en todas sus dependencias, situados además en sitios preferentes junto a otros símbolos de representación del Estado español, ya que no son mero mobiliario del Centro, sino que suponen una clara representación religiosa”. Fue también en 2016 cuando el Director les informó de que el Consejo Escolar del Centro había denegado la retirada de la simbología religiosa.

El propio centro educativo no les quiso facilitar el acta íntegra en la que el Consejo Escolar del Centro desestimaba su petición de la retirada de los símbolos religiosos. Tuvieron que recurrir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que con toda lógica les dio la razón.
Convencidos de que el Consejo Escolar ya no es el órgano competente para tomar estas decisiones, sino que es la propia dirección del centro educativo, recurrieron al Defensor del Pueblo Andaluz, que emitió un exhaustivo informe en el que también se les da la razón.

Aún así, la dirección del centro se desmarca y mira para otro lado, al igual que ha hecho la propia administración educativa, ya que la familia ha apelado además de al propio Centro, al servicio de Inspección, a la Delegación territorial, a la Consejería de Educación….una larga batalla de más de tres años con todo a favor, pero sin resultado alguno, quizás debido a la incompetencia de la administración o quizás al enorme poder que sigue ejerciendo la Iglesia Católica en el ámbito de la educación pública, un poder aparentemente invisible para muchas personas, pero que se desvela descarado cuando se realiza el enfoque adecuado.

La dirección del centro educativo, basándose en la LOE y en un expediente del año 2011, sigue apelando a que es el Consejo Escolar el que debe tomar la decisión de la retirada o no de la simbología religiosa. Sin embargo, los cambios que introdujo la LOMCE en 2013 dejan sin validez los argumentos que esgrime la dirección del Centro, siendo ahora el Director el responsable de tomar la decisión respecto a la presencia o no de simbología religiosa.

Por un lado, existe normativa de ámbito internacional de aplicación en nuestro país, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 9 y la Carta Europea de Derechos Humanos. Por otro, numerosos artículos (14, 16, 20, 27…) de la propia Constitución española, o el conocido artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (“…La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica”). Además, la normativa específica en materia educativa (LOMCE) avala sobradamente las tesis de Héctor y de su familia. No es por tanto una cuestión de sentimientos religiosos ni de creencias o ideologías, se trata sencillamente de cumplir con las leyes vigentes. O como dice el propio Héctor: “las leyes lo dicen, pero es que es de sentido común”.

Héctor y su familia, durante más de tres años, han dado todos los pasos necesarios y realizado los trámites oportunos para intentar que se cumpla la normativa. Son personas informadas y con conocimientos en materia educativa y legislativa, por lo que saben que las leyes los amparan.

Desde USTEA-Córdoba apoyamos la valentía y perseverancia que ha tenido Héctor, un adolescente que ofrece una lección única no sólo a sus compañeros y compañeras, sino también a ese mundo de adultos que suele mirar para otro lado cuando algo resulta incómodo.

Desde USTEA-Córdoba, como sindicato laico, exigimos la retirada inmediata de la simbología religiosa del IES San Roque, así como de todos aquellos espacios públicos (centros educativos en especial) en los que aún persista dicha simbología.

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CSIF denuncia la escasez de especialistas en mantenimiento en el Hospital Valle de Los Pedroches

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Hospital Valle de los Pedroches
Fuente: CSIF

CSIF denuncia la falta de profesionales correspondientes a la categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales del Hospital Comarcal del Valle de Los Pedroches. El sindicato advierte de que actualmente no hay ningún sustituto disponible en bolsa correspondiente a esta categoría para cubrir los periodos vacacionales, bajas o cualquier otra incidencia.

CSIF indica que el centro sanitario ha realizado una convocatoria específica de empleo que, de momento, no ha conseguido dar solución completa a este problema, lo que supone que los profesionales que están en activo se ven obligados a realizar turnos dobles, con la consecuente sobrecarga física y psicológica que ello conlleva. El sindicato subraya que “este colectivo profesional está especialmente maltratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por este motivo y por sufrir un agravio comparativo por el hecho de que el complemento específico que cobran es menor al que les correspondería por su categoría profesional de técnico superior”.

Por otro lado, la central sindical alerta que en el Plan Vacacional del SAS para el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) no se contempla ninguna sustitución en este verano en las categorías de Médico de Familia de Atención Primaria (EBAP), Médico de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Facultativo Especialista de Área, Farmacéutico de Atención Primaria y Fisioterapeuta.

El sindicato señala que en lo que se refiere al resto de categorías, se queda por debajo del 50% la cobertura durante el periodo estival. La central sindical destaca que las consecuencias de esta falta de contratación serán una elevada sobrecarga laboral por parte de los profesionales que no estén de vacaciones y tengan que cubrir en la medida de los posible las jornadas del personal que sí está de descanso, así como un aumento de las listas de espera.

CSIF Sanidad Córdoba apunta que “a todo esto se suma el hecho de que el SAS no actualiza la bolsa de contratación desde 2023 y que en numerosas categorías las notas de corte son desmesuradamente altas”. En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria que lleve a cabo una actualización inmediata de la bolsa y que se realice una mayor cobertura de todas las categorías profesionales en los planes vacacionales, dado que en estas fechas se incrementa la población en la zona donde presta su atención el ASNC.

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IU reclama un convenio entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada

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La Colada
Fuente: Izquierda Unida Córdoba

El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

La iniciativa plantea que la Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio para coordinar una “respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse”.

Además, IU propone que ese convenio incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.

Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.

La moción también reclama que las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía.

Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que “no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento. Hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse”.

La coalición recuerda que el embalse de La Colada es un recurso “estratégico” para el norte de la provincia y considera que “la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones”.

En este sentido, IU denuncia la “absoluta falta de gestión” del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que “la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas”.”La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, han afirmado.

Desde Izquierda Unida recuerdan que entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos y vecinas de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse, una situación que califican de “inadmisible” y que, aseguran, “es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla”.

“Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada”, han manifestado.

Por ello, IU considera que la Diputación debe asumir un “papel de liderazgo institucional” para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita “recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse”.

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Organizaciones agrarias y cooperativas ven en las plantas de biometano ‘una oportunidad’

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Planta de biogás

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado en un comunicado conjunto que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.

En cualquier caso, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.

De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.

Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.

En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.

Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.

En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.

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