Se ha presumido mucho de que España fue un modelo a seguir en su transición de la Dictadura a la Democracia. Incluso se ha llegado a decir que ello se debió -en parte- a la madurez del pueblo español. Y todo porque se pasó de un modelo a otro sin repetir la guerra civil. Pero eso no fue así exactamente.

Tras la terminación de la guerra, el bando vencedor fue eliminando cualquier residuo o brote de ideología que se opusiera al régimen impuesto por el dictador.

Con el camino libre de obstáculos para Franco y para quienes lo sostuvieron, comienza el caminar de una España donde sus ciudadanos, durante casi  40 años, viven desde su nacimiento, adoctrinados, atemorizados, enmudecidos y, mentalmente, alienados.

Con estas mimbres, ¿qué cesta se podía hacer a la muerte del dictador?

Puede decirse que con esas brasas no había fuego suficiente para encender la llama de una revolución u otra guerra civil. Y no solo eso, sino que el pueblo aceptaría sin rechistar, cualquier constitución que se redactara. De hecho, habría que preguntarse de entre los millones que votaron la Constitución con un sí, cuántos se la habían leído.

Por otra parte, a la hora de redactar una constitución que sirviese de base al ineludible establecimiento de la democracia, los distintos sectores de los grandes poderes económicos (las burguesías independentistas, los terratenientes, el capitalismo, el mundo de las finanzas bancarias, etc.), exigieron que resultara una constitución ventajosa para sus respectivos intereses; añadiendo a esto, las prisas y los agobios por sacar adelante este proyecto.

Para no complicarse mucho la vida, los siete “padres” que confeccionaron ese listado de normas que regularía nuestra convivencia, fueron recogiendo todas las anteriores demandas. Una de esas exigencias fue que España tenía que dividirse en comunidades y con un tratamiento especial para Cataluña y Las Vascongadas, aludiendo para ello a una falsa o trasnochada diversidad histórica de estas dos regiones.

Y este es el origen de que España ahora se considere una nación de naciones.

Se argumentó en su día que esta división en autonomías serviría para evitar el centralismo y acortar la distancia entre gobernantes y gobernados, y conseguir la igualdad administrativa entre todos los españoles.

Pero los resultados han sido otros. En vez de un centralismo, tenemos 17 centralismos (las respectivas capitales de las autonomías); las desigualdades entre las regiones han aumentado y para qué contar los conflictos administrativos creados a los españoles entre las distintas autonomías. Para lo que sí ha servido esta división de España en comunidades autónomas ha sido para poner alas de largo alcance a las camarillas burguesas camino de sus aspiraciones separatistas.

Está en el sentir de muchos españoles la eliminación y cambio de las autonomía por el antiguo centralismo de Madrid, capital de España y sede del Gobierno y Administración de nuestra nación, porque, además de otros inconvenientes, un país como España, con una extensión de algo más de medio millón de kilómetros cuadrados, no puede soportar la existencia de 17 gobiernos con todo lo que ello supone. Cada consejero de esos gobiernos autónomos (equivalente a ministro) arrastra toda una incontrolable cadena de innumerables cargos y personal; cargos y servicios algunos de los cuales se duplican en las diputaciones provinciales y luego en las mancomunidades comarcales, produciendo de este modo una innecesaria y voluminosa sangría económica al estado español.

En cualquier caso, en lo que sí parece que hay coincidencia mayoritaria es en que, sin necesidad de tener que reformar la Constitución, el gobierno central tendría que recuperar con urgencia algunas competencias como enseñanza, sanidad, servicios sociales y cuerpo de seguridad dependientes ahora de ciertas autonomías.

Juan Ferrero