Dentro del sistema socioeconómico en el que vivimos, denominado neoliberal, de libre mercado o capitalista, cuando un grupo influyente desea emprender un nuevo negocio, se fija en un servicio público y, con su influencia sobre los gobernantes de turno, consigue que ese servicio público se degrade (a veces de modo incomprensible), para dar lugar a que se constituya un servicio privado que remedie el deficiente funcionamiento del público; como en sanidad, por ejemplo.

Y puestos a poner ejemplos, nos fijamos en otro caso:

Si usted decide ausentarse de su vivienda por un año, un mes, un fin de semana o el tiempo que tarda en salir al supermercado, puede encontrarse –a la vuelta-  con la sorpresa de que su casa  ha sido ocupada por personas ajenas a usted y que han cambiado la cerradura.

Pues bien, lo lógico, lo justo, lo que el sentido común dicta es que usted acuda a la policía y que esta, sin miramiento alguno, detenga sobre la marcha a los intrusos y los ponga a disposición judicial.

Pues no es así.

Si usted tiene la mala suerte de pasar por este trance, despídase de recuperar su vivienda de modo inmediato. Ah, y no se le ocurra forzar la puerta, agredir a los ocupantes o cortarles alguno de los suministros, como, por ejemplo, la luz, porque se le puede caer el pelo.

Usted deberá acudir a la policía, pero la vivienda puede tardar dos o tres años en recuperarla, a no ser que vaya a una de esas empresas que hacen de intermediarias entre propietarios y ocupantes. En este caso, el periodo de devolución se puede acercar a los dos o tres meses; eso sí… ¡le va a costar dos o tres mil euros! A continuación  -si tiene medios económicos-  buscará una empresa de puertas blindadas y, por supuesto, otra de instalación de alarmas.

Lo que se expone aquí lo oímos con frecuencia en los medios de difusión a los afectados, a periodistas, policías, tertulianos y representantes del tipo de empresas que se citan.

En cuanto a la acción de los malévolos grupos de presión que señalo al principio, no podría demostrarlo ante un juez, pero ya es sospechoso (sobre todo conociendo el paño) que siempre que un servicio público funciona de modo ineficaz (y en este caso absurdo), surjan empresas privadas que se beneficien de ello.

¿Y quién podría poner solución a esta indiscutible injusticia que es el dificultoso desalojo de los ocupas?

Pues esas personas que salen elegidas en las Elecciones Generales con el voto de muchos de ustedes y que, si les corresponde gobernar, quedan luego facultadas para hacer y deshacer las leyes; leyes que después los jueces tendrán que aplicar.

Son los congresistas los que dictan las leyes. Eso sí, los que pertenezcan al partido que gobierne; los demás solo podrán hacer propuestas desde la Oposición.

¿Por qué, entonces, no se confeccionan leyes que solucionen una injusticia tan evidente como esta de las ocupaciones?

Porque en el sistema capitalista, detrás de los políticos que gobiernan están los poderes económicos que son los que realmente mandan.

Juan Ferrero